La exjefa jurídica del Ejército israelí, Yifat Tomer-Yerushalmi, ha sido detenida tras reconocer haber filtrado un video en el que se ve cómo soldados israelíes abusaron sexualmente y torturaron a un preso palestino el año pasado. Para el primer ministro Benjamín Netanyahu, se trata de un "ataque propagandístico", pese a las múltiples denuncias de abusos similares que este caso pone de relieve. El escándalo está al borde de una crisis interna. Estos son los detalles.
Yifat Tomer-Yerushalmi, ahora exjefa jurídica del Ejército de Israel, admitió haber facilitado la filtración de un video que muestra actos de abuso y tortura cometidos por soldados israelíes contra un prisionero palestino. El escándalo —que pone de relieve las agresiones de los efectivos contra los reclusos palestinos en los centros penitenciarios de Israel— ha sacudido al Estado hebreo y amenaza con convertirse en una crisis constitucional.
Esto es todo lo que debe saber.
De la tortura en Sde Teiman a la filtración de Tomer-Yerushalmi
En julio de 2024, un prisionero palestino fue hospitalizado con las costillas rotas tras haber sido agredido por efectivos del Ejército de Israel en la cárcel de Sde Teiman. Luego, una investigación realizada por la Policía Militar israelí determinó que cinco soldados eran sospechosos de participar en la paliza, tortura y abuso sexual al recluso. Estuvieron detenidos varias semanas entre julio y agosto de 2024, pero hoy esperan el proceso en libertad.
En respuesta a esa detención, cientos de activistas de extrema derecha protestaron e irrumpieron en el centro de detención de Sde Teiman, incluidos miembros de la coalición ultranacionalista de Benjamin Netanyahu.
El 6 de agosto del año pasado, un reportero del Canal 12 local publicó un informe con las imágenes del momento en el que el palestino fue violentado por los soldados israelíes el 5 de julio de 2024; en ellas se ve a cinco soldados en el campo de detención apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios, para impedir la visibilidad, mientras es sodomizado con un objeto punzante.
De acuerdo a un reporte médico publicado por el diario israelí 'Haaretz', la víctima sufrió una perforación intestinal, graves lesiones anales y pulmonares, y fracturas de costillas como consecuencia de la agresión.
Lo que vino después fue una oleada de indignación en buena parte de Israel por la filtración, principalmente por la confidencialidad de las imágenes y no por los abusos cometidos por los efectivos israelíes.
En septiembre, un foro de familias de víctimas presentó una petición ante el Tribunal Supremo de Justicia exigiendo una investigación sobre la filtración, solicitud que fue desestimada en febrero de este año por el Supremo, ya que un proceso interno de indagación estaba en curso, de acuerdo con información de 'The Times of Israel'.
Sin embargo, el mismo grupo presentó el pasado agosto otra petición ante el Tribunal solicitando que el Shin Bet (el servicio de inteligencia de Israel) se encargara de una investigación penal sobre la filtración. Con el debate nuevamente tomando fuerza, el 29 de octubre, la fiscal general Gali Baharav-Miara ordenó iniciar una indagación penal y, solo dos días después, el viernes 31 de octubre, la entonces jefa jurídica del Ejército de Israel, Yifat Tomer-Yerushalmi, admitió ser la responsable de la filtración del video del abuso contra el detenido palestino el verano pasado en Sde Teiman.
"Autoricé la divulgación del material a los medios de comunicación en un intento por contrarrestar la falsa propaganda dirigida contra las autoridades militares encargadas de hacer cumplir la ley", indicaba una carta de Tomer-Yerushalmi.
Evidencia de una tendencia
Desde que inició el asedio israelí a la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, miles de palestinos, principalmente gazatíes, han sido recluidos en Sde Teiman, en el desierto del Néguev.
Según Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, allí las autoridades de Israel ejercen de forma sistemática torturas, palizas y agresiones sexuales en zonas sin cámaras de seguridad contra reclusos palestinos.
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Prueba de ello es el estado en el que muchos presos han sido liberados o en cómo se encontraban los cuerpos que Israel ha devuelto a Gaza como parte del frágil acuerdo de cese el fuego aún vigente. Los cadáveres, según fuentes médicas gazatíes, mostraban múltiples signos de maltrato físico. El pasado miércoles, el Ministerio de Salud del enclave indicó que algunos de los cuerpos presentaban amputaciones de extremidades o dientes, mientras que otros parecían haber sido quemados.
Y, mientras las denuncias por los graves abusos aumentan, el Ejército de Israel asegura que está investigando los hechos, pero aclara que no se trata de agresiones sistemáticas.
Con todo, la misma Tomer-Yerushalmi, que calificó a los detenidos en Sde Teiman como "terroristas de la peor clase", aseguró que las autoridades no estaban exentas de la obligación de investigar los abusos, tal y como detalla su carta de dimisión luego de que el escándalo estallara.
"Lamentablemente, este principio básico —que hay actos a los que ni siquiera los detenidos más viles deben ser sometidos— ya no convence a todo el mundo", apuntó.
Organizaciones palestinas de derechos humanos aseguran que hay un número indeterminado de prisioneros gazatíes recluidos en campos de detención de Israel cuyo paradero es aún desconocido.
De los cerca de 9.000 presos palestinos en suelo israelí, 3.544 de ellos fueron detenidos sin cargos ni juicio, de acuerdo a una fuente de la Sociedad de Prisioneros Palestinos. Al mismo tiempo, según un informe conjunto de activistas y la Comisión de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros (afiliada a la Autoridad Nacional Palestina), unas 77 personas han muerto en cárceles israelíes durante el asedio israelí de los últimos dos años.
Netanyahu reduce la filtración a un "ataque propagandístico"
Luego de haber sido destituida de su cargo y haber dimitido, la ahora exjefa jurídica del Ejército israelí fue detenida de forma preventiva en la madrugada de este lunes 3 de noviembre por la Policía, que también detuvo al exfiscal jefe del Ejército, Matan Solomosh. Según fuentes jurídicas israelíes, Tomer-Yerushalmi permanecerá en prisión hasta por lo menos el miércoles, mientras la investigación y la crisis interna avanzan.
También este lunes, la Fiscalía Militar aseguró que el preso palestino agredido por los soldados israelíes "fue deportado el 13 de octubre de 2025 a la Franja de Gaza" y que, "efectivamente, el detenido ya no se encuentra bajo custodia de las autoridades israelíes".
Por su parte, la organización de colonos radicales, Honenu, que representa a dos de los cinco acusados por los abusos al recluso palestino, le exigió a la Fiscalía militar este lunes que "retire de inmediato la acusación" contra sus clientes.
Mientras, Netanyahu ha dicho que la filtración causó "un enorme daño a la imagen del Estado de Israel, del Ejército y de nuestros soldados"; un "incidente", según él, que puede ser el "ataque propagandístico más severo que el Estado de Israel ha sufrido desde su fundación".
En tanto, algunos de los soldados acusados realizaron una rueda de prensa este lunes frente a la sede del Supremo israelí. Cubiertos de máscaras negras para esconder su identidad (sobre la que pesa una orden de censura militar), leyeron un comunicado en el que manifestaron estar "cansados del silencio" y reprocharon que "en lugar de aprecio, recibimos acusaciones; en lugar de agradecimiento, silencio".
Mostrándose orgullosos de su brutal accionar, los efectivos denunciaron "un juicio espectáculo ante las cámaras, en el que ustedes ya habían decidido quién era culpable", pero, sin mostrar arrepentimiento alguno, prometieron seguir "luchando por la justicia y por nuestras familias".
Israel: ¿al borde de una crisis constitucional?
El escándalo de los últimos días amenaza con convertirse en un problema aún más grande entre los poderes israelíes. Luego de que la controversia estallara, el ministro de Justicia, Yariv Levin, le comunicó a la fiscal Baharav-Miara que no podría participar en el proceso jurídico contra la exjefa jurídica del Ejército debido a su vinculación interna.
En respuesta, la Fiscalía le dijo a Levin que carece de la autoridad necesaria para prohibirle a la fiscal su participación en el proceso. De hecho, asegura que la intención del ministro de Justicia "constituye un intento de injerencia ilegal en los procedimientos de investigación".
Y mientras que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General se enfrentan, cada vez más políticos de extrema derecha acusan al sistema judicial de Israel por investigar a los soldados sospechosos y piden su liberación.
En este contexto, según 'Haaretz', el Gobierno de Netanyahu podría usar este último escándalo para forzar a su vez la destitución de Baharav-Miara, quien se ha enfrentado al Ejecutivo del premier en múltiples ocasiones y a quien ya han manifestado varias veces el deseo de cesar de sus funciones.
Con Reuters, EFE y medios locales
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