Entrevista con Reed Brody, apodado 'el Cazadictadores', reconocido por sus investigaciones en casos emblemáticos como el de Augusto Pinochet e Hissène Habré, advierte que las reformas impulsadas por Daniel Ortega consolidan un régimen de poder absoluto en Nicaragua. En entrevista con France 24, compara la nueva Constitución con un “decreto monárquico” y denuncia la fusión del Estado con el Frente Sandinista para intensificar la represión y el control sobre la sociedad.
El Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha consolidado un régimen autoritario mediante violaciones a los derechos humanos, denunció este miércoles el Grupo de Expertos de Naciones Unidas (GHREN).
Desde su creación en marzo de 2022, el grupo alertó sobre la transformación de Nicaragua en un Estado sin instituciones independientes, donde se persigue y reprime a las voces disidentes, tanto dentro como fuera del país. Los expertos destacaron la formación de una "maquinaria unificada de represión", con un impacto que trasciende las fronteras del país centroamericano.
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En diálogo con France 24, Reed Brody, abogado neoyorquino de 70 años conocido como 'el Cazadictadores' y miembro del GHREN, resaltó que Ortega y Murillo, quienes en su momento lucharon contra la dictadura Somoza, han creado un nuevo régimen autoritario.
Brody fue por 20 años consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch y lideró misiones de la ONU en países como la República Democrática del Congo y El Salvador. También representó a mujeres exiliadas del Tíbet en foros internacionales y coordinó el equipo jurídico que persiguió al exdictador haitiano Jean-Claude Duvalier.
En su trayectoria también se destacan casos emblemáticos como la persecución judicial contra Augusto Pinochet, la condena histórica del exdictador chadiano Hissène Habré y su esfuerzo por juzgar al exlíder de Gambia, Yahya Jammeh. Ahora, denuncia la implicación del Ejército nicaragüense en las tareas de control y vigilancia impulsadas por el Gobierno sandinista.
France 24: El Grupo habla de un “golpe final” al Estado de derecho en Nicaragua con la reforma constitucional. ¿Qué es ahora Nicaragua ante las democracias del mundo?
Brody: Yo he trabajado en muchas constituciones por parte de Naciones Unidas y no me acuerdo de ninguna Constitución, fuera las monarquías absolutas, que concentre tanto el poder en la Presidencia como la que acaba de aprobarse en Nicaragua. Ellos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han legalizado de facto un poder absoluto.
Tienen poder sobre los poderes judiciales, legislativos y electorales. Han dejado de ser poderes, son órganos subordinados a la Presidencia y es una copresidencia ahora, con un presidente y una presidenta. Lo han hecho a la medida de Ortega y Murillo, hasta con la posibilidad de que nombren a sus hijos como vicepresidentes. Esa Constitución formaliza un poco lo que se iba viviendo de facto, es el golpe de gracia al Estado de derecho y la democracia en Nicaragua.
France 24: ¿Con qué es comparable esto?
Brody: No lo quiero comparar porque es difícil. Es como una monarquía. Esa Constitución parece más un decreto monárquico que una Constitución. Pasa el poder del marido a la esposa (…) Daniel Ortega, el hombre que en su momento luchó contra una dictadura familiar, ahora tiene formalizada una dictadura familiar. Es casi inconcebible.
France 24: ¿Busca Ortega una posible sucesión con esta reforma?
Brody: Lo que parece es que había discusiones sobre sucesión y sobre quién iba a ser candidato. La solución que encontraron es que los dos, y además se extiende el mandato por un año. Marido y esposa quedan contentos. No sé cuál es el objetivo final, parece que quieren un control absoluto. (…) El Estado y el Frente Sandinista se han fusionado en una maquinaria de represión. Operan una red de inteligencia a todos los niveles con los funcionarios y secretarios del partido que supervisan a toda la población. (…) Es un país de vigilancia y silencio impuesto para quienes quedan en el país y para aquellos que son percibidos de disidentes, enfrentan una vida de apatridia y exilio.
France 24: ¿Cómo es ahora la relación Estado-partido?
Brody: Utilizamos en el informe la palabra fusión. Ahora la bandera sandinista es un símbolo de la nación. Hemos visto que en cada órgano estatal y paraestatal hay un secretario político del Frente Sandinista y esa persona está integrada en esa red de vigilancia y de supervisión de la población.
France 24: Ortega realiza todas las reformas bajo el argumento de que existió un golpe de Estado orquestado por la iglesia, los empresarios y la oposición. ¿Encontraron ustedes alguna evidencia de esto?
Brody: Para nada. No tenemos ninguna evidencia de que las protestas (2018) fueran un golpe de Estado o manejado desde el exterior. Para nosotros las protestas eran legítimas, pacíficas y la represión del gobierno mostró falta de preparación y un impulso represor. (…) En el informe que publicamos hoy podemos afirmar que el Ejército participó en esa represión, que es una cosa que el Ejército siempre ha negado.
France 24: El informe menciona la expulsión de nacionales y denegación de entrada en el propio país. Incluso de personas en situación de apátridas porque les niegan renovar sus pasaportes ¿Hay referencias de este tipo de violaciones a los derechos? ¿En qué tipo de vacíos legales quedan estas personas?
Brody: En septiembre del año pasado, 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala y despojados de su nacionalidad. Ahora hay un total de más de 450, pero no es solamente la nacionalidad, se han confiscado sus bienes, se le han quitado sus papeles, sus títulos.
Hay muchos otros que no han sido formalmente desnacionalizados, pero cuando van a renovar sus pasaportes en la embajada simplemente les dicen: hay que llamar a la vicepresidenta. No hay explicación, pero no se renuevan. Esas personas se quedan sin papeles y es muy difícil vivir en este mundo sin papeles de identidad.
France 24: ¿Había pasado esto en el mundo alguna vez?
Brody: No hay ningún otro país en el mundo que use la privación de nacionalidad por razones individuales y políticas como lo hace Nicaragua. Es tal vez, para mí, la violación más paradigmática de lo que estamos viendo. Estamos instando a los países a llevar a Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia por eso.
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Desde 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y social marcada por la consolidación del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La represión contra la oposición se ha intensificado con detenciones arbitrarias, censura a la prensa y violaciones a los derechos humanos, según denuncias de organismos internacionales como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Las protestas masivas de abril de 2018, desatadas por reformas a la seguridad social, marcaron el inicio de una ola de represión que dejó más de 300 muertos y que llevó al exilio a más de medio millón de nicaragüenses. En los últimos años, el Gobierno amplió su ofensiva contra la Iglesia católica, ONG y universidades, lo que profundizó su aislamiento internacional y mantiene al país en un clima de temor e incertidumbre.
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