Cuatro días después del hallazgo del cuerpo de Lyhanna, el ministro de justicia, Gérald Darmanin ha aumentado sus apariciones en medios de comunicación y ha anunciado algunas medidas. El lunes 8 de junio reunió a todos los fiscales generales y les pidió revisar en detalle unas 70.000 denuncias relacionadas con menores víctimas.
El objetivo es evitar un nuevo fallo como el ocurrido en las fiscalías de Toulouse y Auch. En el centro del caso está la gestión de una denuncia por violación presentada en agosto pasado por la madre de una niña de 11 años. En ese momento, ya se señalaba a Jérôme B., hoy principal sospechoso del asesinato de Lyhanna y previamente vinculado a otros hechos de agresión contra menores. Nueve meses después, el sospechoso seguía sin haber sido interrogado.
El ministro afirmó el 7 de junio en el canal LCI que tiene “el derecho de proponer sanciones” contra los fiscales, que en Francia dependen jerárquicamente del Ministerio de Justicia. “Y si corresponde destituir, propondré la destitución”, dijo.
Por su parte, las asociaciones de fiscales recordaron en un comunicado que su trabajo depende de la capacidad de investigación de la policía y la gendarmería, que enfrentan una acumulación de casos y tiempos de respuesta muy largos. También advirtieron que, mientras no concluyan las investigaciones internas, no se pueden asignar responsabilidades ni anunciar sanciones.
Tres fiscales por cada 100.000 habitantes
Este caso ha reabierto el debate sobre los recursos de la justicia. El gobierno rechaza ese argumento: tanto el presidente francés, Emmanuel Macron, como el ministro de justicia, Gérald Darmanin, han insistido en que la falta de medios no explica lo ocurrido.
Para sostener su postura, el Ejecutivo destaca que el presupuesto de justicia ha aumentado un 48,5 % desde 2017. Sin embargo, parte importante de ese aumento se destina al sistema penitenciario. De los 1.600 nuevos cargos previstos para 2026, más de la mitad corresponden a cárceles.
Para los sindicatos de magistrados, el problema sigue siendo estructural. Según datos europeos, Francia es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en su sistema judicial, con 77 euros por habitante, muy por debajo de otros países como Alemania o Bélgica.
“Hay un cuello de botella estructural”, resume la Unión Sindical de Magistrados: con apenas tres fiscales por cada 100.000 habitantes, las fiscalías no logran procesar todos los casos.
Además, falta personal clave, como los secretarios judiciales, encargados de registrar denuncias y redactar documentos. Sin ellos, el sistema se ralentiza aún más.
“Se le exige demasiado a la justicia”, explica el magistrado Jérôme Pauzat. “Desde hace años se sabe que harían falta entre dos y tres veces más jueces y fiscales, pero ese diagnóstico nunca se ha querido hacer público”.
Algunas jurisdicciones están especialmente afectadas, como la fiscalía de Auch, ubicada en el suroeste de Francia, directamente implicada en el caso. Allí incluso faltaban magistrados encargados de temas sensibles como la protección de menores.
¿Todo es prioritario?
El ministro Darmanin defiende su gestión señalando que sí existen directrices claras, y que la protección de menores es una prioridad.
“No faltaron medios ni leyes; faltó dar prioridad a estos casos”, aseguró.
Los magistrados rechazan esa idea. “Cuando todo es prioridad, en la práctica nada lo es”, señalan. Explican que reciben constantemente nuevas instrucciones para priorizar distintos temas, pero sin recursos adicionales para hacerlo.
“Poner un caso en la cima implica dejar otros abajo. Y nadie asume qué pasa con esos casos aplazados”, resume Pauzat.
El debate se da en un contexto de aumento de denuncias por violencia sexual contra menores. Según cifras oficiales, estos casos han crecido fuertemente en los últimos años.
Para varios expertos y políticos, el sistema judicial no está preparado para enfrentar ese aumento. Por eso, algunos piden una “revolución de recursos” que permita responder adecuadamente a las víctimas.
“Hoy, de cada 1.000 euros de gasto público, solo cinco se destinan a la justicia”, recuerda Pauzat. “Si se quiere proteger mejor a los niños, habrá que invertir mucho más. Es una decisión política”.
Artículo adaptado de su versión en francés
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