Con 82 votos a favor, 60 en contra y seis abstenciones, la Asamblea Nacional dio luz verde a una reforma de la Carta Magna para permitir la vuelta al país de bases militares extranjeras, prohibidas en 2009 durante el gobierno de Rafael Correa. La propuesta, que debe ir a referéndum, es impulsada por el presidente Daniel Noboa, para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico.
La Asamblea Nacional en Ecuador aprobó el martes un proyecto de reforma de la Constitución que permitirá el retorno de bases militares extranjeras en el país, como parte de los planes del presidente Daniel Noboa en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el país. Noboa, que ha declarado la guerra al crimen organizado ante el incremento de los asesinatos y ataques contra las Fuerzas Armadas, busca la cooperación de Estados Unidos.
El proyecto fue aprobado con 82 votos a favor, 60 en contra y seis abstenciones y deberá ahora ser votado en un referéndum popular del que aún no se conoce fecha, pero que según la Constitución debería ser convocado en los próximos 45 días. El presidente, que recién comenzó su mandato completo a fines de mayo, ha reiterado que el país requiere de la cooperación internacional para combatir a los grupos de narcotráfico que operan en distintas jurisdicciones.
La reforma representa un viraje en el país. Ecuador firmó en 1999 un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, con vigencia durante diez años, que permitió la instalación de tropas y equipos militares estadounidenses en una base militar en la ciudad costera de Manta.
Bajo el acuerdo, Ecuador cedería en comodato el control de la base al ejército estadounidense sin costo alguno para sus operaciones antidroga en el océano Pacífico. En 2009, el presidente izquierdista Rafael Correa decidió no renovar el pacto y ordenó el retiro de las tropas estadounidenses.
La propuesta de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, que debe ir a referéndum, es impulsada por el presidente Daniel Noboa, como parte de su política de seguridad y de guerra declarada contra el crimen organizado y el narcotráfico. Los legisladores de su partido han dicho que desde que se cerró una base militar en control de Estados Unidos, Ecuador se ha convertido en un importante centro del tráfico de narcóticos.
Los legisladores precisaron que la propuesta no restringe derechos ni garantías. Además, apuntaron que 90 % de los homicidios están vinculados al narcotráfico y recordaron que durante la vigencia del acuerdo de operación de la base militar de Manta, "las incautaciones de cocaína aumentaron 498 %".
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Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y de Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde el 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.
En lo que va del 2025, en Ecuador se han decomisado más de 72 toneladas de droga, la mayoría cocaína, según reveló el viernes el ministro del Interior, John Reimberg. El lunes, el Ejército recibió dos nuevos helicópteros H225 adquiridos por el Gobierno al gigante aeronáutico europeo Airbus con el objetivo de reforzar las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Pero la oposición dice que la presencia militar extranjera por sí sola no resolverá los problemas de seguridad del país y que el gobierno necesita un plan claro para combatir el crimen. Nuria Butiñá, legisladora del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por Correa, advirtió que la reforma compromete de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado.
Noboa, un político conservador, nacido en Estados Unidos e hijo de un magnate bananero, llegó a la presidencia en noviembre de 2023 a los 35 años —el más joven en la historia del país— en unas elecciones anticipadas, convocadas tras la disolución de la Asamblea Nacional por el entonces presidente Guillermo Lasso, quien acortó su mandato mientras los legisladores iniciaban un proceso de destitución en su contra.
Desde entonces ha dictado nueve decretos de estado de excepción. En enero de 2024, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos "terroristas" y actores beligerantes no estatales.
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También puso en marcha un plan de seguridad denominado “Fénix” y ordenó el despliegue de 100.000 soldados y policías en todo el territorio, ante el incremento sustancial en delitos como asesinato, robo, secuestro y extorsión, que causan temor entre la ciudadanía.
El sábado, las Fuerzas Armadas destruyeron desde el aire maquinarias y un campamento de minería ilegal en la zona de la Amazonía donde el pasado 9 de mayo fueron asesinados once militares por parte de supuestos miembros de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Con Reuters, AP, EFE y medios locales.
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