El mandatario colombiano, Gustavo Petro, pidió a la representación estadounidense en el país no “entrometerse” en la Justicia del país, después de que la cuenta oficial en la red social X de la Embajada en Bogotá reprodujera las críticas del secretario de Estado, Marco Rubio, al fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe. El ex jefe de Estado fue hallado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal y su sentencia se conocerá el próximo viernes 1 de agosto.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá "no entrometerse en la Justicia" de su país, después de que Washington cuestionara el fallo de culpabilidad de un tribunal contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, en un juicio hasta el momento inédito en el país contra un exmandatario.
La protesta de Petro —el primer presidente de izquierda de Colombia— es el más reciente episodio en las tensas relaciones con Estados Unidos, su principal socio comercial y con el que tiene un tratado de libre comercio desde 2012, pero que han visto un franco deterioro desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y los desacuerdos de Bogotá con su política migratoria.
"¿Por qué bajarle la cabeza a un congresista que va a insultar a nuestros jueces hoy? ¿Por qué la Corte Constitucional, a través de su presidente, no se para y dice que este país es independiente y soberano y que aquí se respetan los jueces y las juezas? ¿O es que nos volvimos de nuevo colonia?", afirmó Petro el martes al inicio de un evento conmemorativo de los 500 años desde la fundación de la ciudad de Santa Marta.
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La antesala de tensiones entre Colombia y EE. UU. bajo el Gobierno de Petro
El pasado enero, Petro rechazó recibir un avión estadounidense con deportados colombianos, al denunciar malos tratos contra sus ciudadanos. La decisión fue respondida por Trump con la amenaza de imponer aranceles a los bienes y productos elaborados en Colombia.
El mandatario colombiano se retractó rápidamente tras las amenazas del líder de la casa Blanca y ofreció el avión de la Presidencia para el traslado “digno” de los deportados.
Las diferencias escalaron por el pronunciamiento de Washington luego de que el pasado lunes 28 de julio la jueza 44° Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, declarara culpable a Uribe de soborno en actuación penal y fraude procesal, tras llamarlo el "hombre más poderoso" del país, en una lectura de condena que se prolongó por más de diez horas.
El expresidente, que ha denunciado el proceso judicial en su contra como una persecución de la izquierda, es el primero en la historia del país en enfrentar un juicio penal y tras ese acto salió —también— como el primero en ser condenado.
En la audiencia, que fue transmitida en directo por casi todos los canales de televisión del país, la jueza Heredia declaró culpable a Uribe por dos de los tres delitos presentados en la acusación de la Fiscalía. El fallo en primera instancia y que será apelado por los abogados defensores del expresidente, ha sido recibido dentro y fuera del país entre reacciones de júbilo e indignación.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, denunció lo que llamó la “instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales". Además, el secretario de Estado denunció, que el fallo de la jueza Heredia se debe a la “politización” de la Justicia en Colombia.
"El único 'delito' del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales ha sentado ahora un preocupante precedente", señaló el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en su cuenta de X.
El rechazo de Rubio a la decisión estuvo acompañado de las críticas de congresistas estadounidenses, como los representantes republicanos por el estado de Florida, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, entre otros.
Una comisión del Poder Judicial colombiano rechazó el martes los ataques contra la jueza Heredia. El organismo señaló que los jueces, y en particular las mujeres, "asumen riesgos diferenciados" que, como ha sido el caso de Heredia, incluyen desprestigio, acoso, ataques personales, perfilamientos y estigmatización.
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"Rechazamos categóricamente todo acto que busque intimidar o deslegitimar el rol que cumple la doctora Heredia como jueza de la República", expresó en un comunicado la Comisión Nacional de Género y No Discriminación de la Rama Judicial. La Comisión también expresó "especial preocupación" ante "los señalamientos que provienen tanto del ámbito nacional como del internacional, que —afirmó— buscan interferir en la administración de justicia.
Uribe, de 73 años y fundador del partido político de derecha Centro Democrático, llegó a la Presidencia con una campaña de mano dura contra los grupos armados al margen de la ley y es un viejo aliado de Washington, que lo apoyó en la implementación del llamado 'Plan Colombia', una ofensiva sin precedentes contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy extintas.
Aunque su política y avances en materia de seguridad le permitieron cosechar una gran popularidad, también fue duramente cuestionado por las violaciones a los derechos humanos y supuestos vínculos con paramilitares.
Expectativa ante la sentencia: de qué se acusó a Uribe y cómo el juicio marca un hito en el país
El dictamen de culpabilidad contra Uribe marca un antes y un después para la historia política de Colombia, donde la expectativa solo aumenta ante la audiencia en la que se conocerá su sentencia, fijada para el viernes 1 de agosto, en la que se dará a conocer la condena al expresidente Uribe, quien se enfrenta a una pena de hasta 12 años de cárcel.
El caso contra Uribe inició en 2012, cuando el exmandatario demandó al senador de izquierda Iván Cepeda por difamación ante la Corte Suprema de Colombia. Uribe acusó a Cepeda de supuestamente buscar en las cárceles testigos que lo señalaran de tener vínculos con el paramilitarismo.
En un giro inesperado, el Supremo desestimó los cargos que acusaban a Cepeda y, por el contrario, inició una investigación sobre presuntos delitos cometidos por Uribe en el pasado, sospechando que era él quien había intentado manipular a los testigos a través de terceras personas.
Las acusaciones contra el expresidente señalaban que las visitas del abogado Diego Cadena tenían como propósito ofrecerle ayuda al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a cambio de que no declarara en contra de Uribe por sus presuntos vínculos con los ese grupo armado.
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En concreto, el político conservador fue acusado de colaborar con un abogado para sobornar e intimidar a exparamilitares, con el objetivo de que cambiaran sus declaraciones. La intención era desacreditar al senador Iván Cepeda, quien había señalado a Uribe por sus presuntos vínculos con los grupos armados conocidos como autodefensas.
La jueza Heredia validó las interceptaciones al celular del exmandatario y las grabaciones con un reloj hechas por Juan Guillermo Monsalve, el exparamilitar y testigo clave, en la cárcel bogotana de La Picota, donde conversó con el abogado que representaba a Uribe, Diego Cadena.
El equipo de abogados del expresidente ya anunció que acudirán a las máximas instancias judiciales, de ser necesario, para impugnar la declaratoria de culpabilidad, impuesta en primera instancia. La defensa cuenta con al menos dos escenarios judiciales por agotar en el país.
“El equipo de la defensa anuncia que el fallo será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, como lo permite la ley. Y, de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, señala.
Los abogados de la defensa tienen cinco días para apelar después de que se conozca la sentencia, lo cual está previsto para el próximo viernes 1 de agosto. Debido a que el 7 de agosto es festivo en Colombia, el plazo termina el lunes 11.
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Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales
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