El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó que 2024 marcó el peor deterioro de la situación humanitaria en Colombia desde la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC en 2016. El informe ‘Retos Humanitarios 2025’ señala el incremento de la violencia, el irrespeto al Derecho Internacional Humanitario y el aumento de crímenes contra la población civil. Mientras el Gobierno de Petro ajusta su estrategia de paz, el conflicto se agudiza con el rearme de grupos armados y el desplazamiento forzado de miles de personas.
2024 marcó el punto más álgido en el deterioro de la situación humanitaria en Colombia en ocho años, desde la firma de los Acuerdos de paz entre el Gobierno y las milicias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. Esa es la conclusión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, que el jueves presentó su más reciente informe titulado 'Retos Humanitarios 2025′.
La organización hizo un llamado de alerta sobre el incremento de la violencia en el país, el aumento de los crímenes contra la población civil, que funge como principal víctima en la mayoría de las incidencias, y el irrespeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario.
“Observamos la intensificación de enfrentamientos entre los actores armados, un mayor control por estos actores armados sobre las comunidades y la creciente falta de respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario profundizaron aún más esta crisis”, indicó Patrick Hamilton, jefe de la Cruz Roja Internacional Colombia en conferencia de prensa en Bogotá.
La organización detalló en su informe que la situación humanitaria en Colombia se deteriora ante el incremento en las disputas por el control territorial, el alza en los combates entre grupos armados y el endurecimiento de los controles sobre las comunidades.
También señala una mayor incidencia en los ataques contra la fuerza pública y una indiferencia deliberada hacia las normas establecidas de respeto al Derecho Internacional Humanitario. Esta situación se vio reflejada en el incremento de ataques a equipos médicos y de salvamento, al igual que al personal humanitario, atrapado también en medio del conflicto.
Hamilton detalló que del total de violaciones al DIH documentadas durante 2024, el 44 % estuvieron dirigidas contra la vida y la integridad física y mental de las personas protegidas y el 33 % estuvo relacionada con la "conducción de las hostilidades".
"El 23 % restante abarcó hechos que afectaron la satisfacción de las necesidades básicas en las comunidades, su bienestar y el acceso a servicios esenciales", explicó.
La 'paz total' de Petro y el rearme de grupos armados
El presidente Gustavo Petro —que es también el primer mandatario de izquierda del país— puso llegó al poder con la promesa de implementar la política denominada como 'paz total'. Una que modifica el ordenamiento de Derecho Público y permite al Gobierno negociar con los grupos armados y criminales mediante el uso de diferentes estrategias y herramientas legales.
El marco legal para las negociaciones, consagrado en una ley que Petro firmó en noviembre de 2022, permitió al Gobierno negociar acuerdos de paz con grupos rebeldes y acuerdos de justicia con estructuras del crimen organizado de alto impacto.
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La política generó expectativas y optimismo entre la población. Esto, pues, entre otras, otorga mayores facultades al Estado para ofrecer incentivos y mediar con los distintos grupos armados en busca de la pacificación del país y cese de las hostilidades por los grupos armados, entre los que se incluyen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que se disputan el control de territorios y economías ilegales.
El gobierno de Petro alcanzó algunos logros históricos, como un alto el fuego más largo pactado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Así, Petro sentó un precedente con respecto a los anteriores gobiernos que habían buscado pactar con la guerrilla más longeva de Colombia, creada en 1964. Sin embargo, las conversaciones se estancaron. Y, posteriormente, Petro descartó negociar con el ELN debido al recrudecimiento de los ataques perpetrados por ese grupo.
La violencia ha ido ganando terreno de nuevo y se está expresando en el resurgimiento de los focos de conflicto a lo largo y ancho del país, con una renovada presencia de grupos y el rearme de las milicias y guerrillas.
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Así las cosas, el Gobierno se ha visto obligado a implementar ajustes a su estrategia para negociar el fin del conflicto colombiano, recurriendo a una renovada presión militar sobre actores que se desmarcaron o abandonaron por completo las conversaciones y encontrando en la estrategia de los diálogos regionales una herramienta exitosa para reducir la violencia.
Los opositores al Gobierno, aseguran que desde que Petro asumió el poder, en agosto de 2022, los principales grupos armados del país, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo han aprovechado las negociaciones para ampliar su presencia y control sobre territorios y aumentar la competencia entre ellos por el control de las economías ilícitas.
Dos años después, en 2024, el Gobierno reanudó la presión militar sobre estos grupos, que se han estancado en las conversaciones de paz y han violado reiteradamente los acuerdos de alto el fuego que se habían alcanzado.
Civiles en la línea de fuego
"Las comunidades de las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia no solo sufrieron las consecuencias directas de las hostilidades, sino también la presión ejercida por los actores armados", detalla la Cruz Roja en su informe.
También asegura que "la disputa por el control territorial incrementó la estigmatización de la población civil que, en múltiples ocasiones, fue acusada por los actores armados de pertenecer, auxiliar, favorecer o ser cómplice de una u otra parte de los conflictos, simplemente por permanecer en el territorio e intentar sobrevivir en medio de la confrontación".
Además, destaca lo que considera situaciones alarmantes, como el incremento de las afectaciones causadas por artefactos explosivos, las desapariciones, el reclutamiento y uso niños y niñas, el aumento de la violencia sexual y los desplazamientos forzados por causa de los combates entre grupos armados.
Durante 2024, se documentaron 719 casos de personas heridas y fallecidas por minas antipersonales, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y de detonación controlada. De estos casos, más de la mitad de las víctimas (482) eran civiles. La cifra representa un incremento de 89% en comparación con 2023 y es —también— el número más alto reportado en los últimos ocho años.
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Por otro lado, se registraron y documentaron 252 casos de desaparición, un 13% más que el número informado en 2023. El 82% de estos (202) corresponde a personas civiles, mientras que el 18% restante corresponde a miembros de la Fuerza Pública y de grupos armados.
En 2024 hubo además en Colombia “casi 120.000 personas desplazadas de manera individual y más de 40.000 personas desplazadas de manera masiva”, según el jefe de la delegación del CICR. El año pasado, este organismo también documentó 252 casos de desaparición en el contexto de los conflictos armados.
Por otro lado, el organismo humanitario registró “201 actos violentos contra la asistencia de salud en el marco de los conflictos”, un aumento del 44%.
El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó del involucramiento de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados, especialmente por reclutamiento forzado.
Por eso, señaló que, a pesar del subregistro existente, pudo observar "un evidente incremento de este fenómeno, que afecta de manera irreparable el tejido social de las comunidades".
"El reclutamiento, uso y utilización de menores de edad los expone a graves riesgos, como violencia sexual, heridas o la muerte en combate. Ningún niño, niña o adolescente debería ser involucrado en la guerra", señaló Hamilton.
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Ante este panorama, el CICR instó "a todas las partes en conflicto a tomar medidas inmediatas para proteger la población civil en Colombia y a que no participen más en las hostilidades".
"El respeto al derecho internacional humanitario no es una opción ni un gesto de buena voluntad, es una obligación que debe cumplirse sin excepciones", recalcó Hamilton.
El 26 de marzo, otra organización, Human Rights Watch también alertó sobre la percepción de las comunidades en el conflicto armado, y presentó un informe sobre los abusos cometidos en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, en el que la población asegura que el Gobierno tomó partido por las disidencias de las FARC contra la guerrilla del ELN.
Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las FARC en el Catatumbo obligaron a más de 56.000 personas a huir de sus hogares, uno de los desplazamientos masivos más grandes de Colombia en décadas, según el informe.
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Con Reuters, AP, EFE y medios locales.
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