El Gobierno colombiano confirmó que al menos 450 nacionales que estaban presos en Ecuador fueron deportados y que ya se encuentran en su país de origen. Calificó la medida como un “gesto inamistoso” y “unilateral” por parte del Ejecutivo ecuatoriano, ya que, según Colombia, esa nación desatendió sus solicitudes para realizar el traslado en “condiciones dignas".
El Gobierno de Colombia confirmó este sábado, 26 de julio, que cerca de 450 colombianos que estaban presos en Ecuador regresaron a su país natal, luego de ser deportados por orden del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
La confirmación llegó por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano: "De los más de 600 expulsados registrados a la hora, ya ingresaron al país cerca de 450, mientras que los demás se encuentran en el puente de Rumichaca a la espera".
El paso de Rumichaca es el principal cruce entre Colombia y Ecuador, que comparten una frontera de 586 kilómetros.
El comunicado, difundido este sábado por la cartera de exteriores colombiana, agregó que la canciller encargada del país, Rosa Villavicencio, llegó esta mañana al puente de Rumichaca para “verificar de primera mano la llegada de los connacionales y garantizar atención digna y el respeto a sus Derechos Humanos durante todos los procedimientos”.
De igual forma, según la Cancillería de Colombia, de este primer grupo de deportados, al menos 348 tienen antecedentes judiciales con la Justicia colombiana. A diferencia de otras repatriaciones previas, en las que los reos debían seguir cumpliendo su pena en Colombia, en esta deportación los presos quedaron exonerados de continuar con su condena.
En ese sentido, recuperarán la libertad al ingresar al territorio colombiano, siempre que no tengan procesos pendientes en suelo colombiano.
En Ecuador, las cárceles son uno de los epicentros de la escalada de violencia que enfrenta la nación andina y que la ha llevado a encabezar el índice de homicidios en América Latina. En ese contexto, el presidente Noboa ha buscado mitigar la crisis al declarar al país bajo “conflicto armado interno” para frenar el accionar de las bandas criminales.
Por ello, el mandatario ecuatoriano ordenó el año pasado la repatriación de presos extranjeros que, para ese momento, eran unos 3.200, equivalentes al 10% de la población penitenciaria en Ecuador.
Colombia expresa su “más enérgica protesta” contra la decisión de Ecuador
Luego de que comenzaran las deportaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que había manifestado su “más enérgica protesta” ante el Gobierno de Ecuador por el “gesto inamistoso” hacia su país, al señalar que la decisión ecuatoriana de enviar a sus connacionales se tomó de “manera unilateral”.
Puntualmente, según la Cancillería colombiana, el Ejecutivo ecuatoriano desatendió “las respetuosas y reiteradas solicitudes del Gobierno en el sentido de generar un protocolo que permitiera el traslado de estas personas en condiciones dignas, con respeto a sus derechos, y en un proceso seguro y ordenado”.
Luego, en un comunicado difundido este sábado, el Ministerio de Exteriores colombiano explicó que el viernes se realizó una reunión de coordinación interinstitucional “para definir los procedimientos que garantizarán el ingreso de estos connacionales de manera ordenada, segura y digna”.
De acuerdo con lo reportado por la agencia de noticias EFE, los primeros reclusos de un colectivo de 870 comenzaron a salir de distintos puntos penitenciarios en Ecuador y llegaron el viernes hasta la frontera con Colombia, donde estuvieron retenidos por varias horas por fallas con el protocolo de ingreso al vecino país.
Ecuador niega las acusaciones de Colombia
En respuesta a los señalamientos colombianos, también este mismo sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador negó estar realizando deportaciones masivas.
Por el contrario, aseguró que el proceso que tiene lugar desde el viernes se realiza “en estricto cumplimiento” de la ley, bajo el Derecho Internacional y garantizando los derechos de los reclusos. Lo anterior, luego de que el Gobierno de Gustavo Petro afirmara que el Ejecutivo ecuatoriano desatendió sus sugerencias sobre el trato de los reos.
"La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior garantiza el respeto al debido proceso mediante la emisión de resoluciones individuales debidamente motivadas y la correspondiente boleta de excarcelación emitida por la autoridad judicial especializada en la materia. Ecuador rechaza, por lo tanto, la afirmación de una supuesta deportación colectiva", puntualizó el ministerio ecuatoriano.
De acuerdo con la versión de Colombia, las autoridades ecuatorianas habían decidido dar inicio al proceso “sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas”.
En contraste, Ecuador alegó que le "comunicó oficialmente al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio sobre los procesos individuales de deportación en curso, en calidad de canal diplomático".
Por lo que, según el ministerio de Exteriores ecuatoriano, “la ejecución de las deportaciones se realiza en coordinación con la Policía, garantizando un procedimiento seguro, ordenado y conforme al ordenamiento jurídico vigente".
Con Reuters y EFE
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