Perú sigue a merced de una caótica primera vuelta electoral, que todavía espera por los resultados definitivos, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades por las fallas y demoras en el reparto de material, que forzó retrasos en los comicios y alimentó la desconfianza sobre el proceso.
A pedido de la Fiscalía y tras la aprobación del juez Juan Manuel Chuyo, en la madrugada del viernes 24 de abril, la Policía de Perú realizó allanamientos en una docena de inmuebles vinculados a personas investigadas por las irregularidades registradas en los comicios generales del 12 de abril pasado.
Entre los lugares pesquisados estuvo la vivienda de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien renunció el 21 de abril a su cargo. Al hacerlo, si bien defendió su labor, reconoció que las fallas le impedían seguir al frente del organismo, alegando que su salida podría generar un clima de "mayor confianza" de la ciudadanía de cara a la segunda vuelta presidencial.
A pesar de que el fiscal Raúl Martínez también solicitó la detención de Corvetto, el juez negó esa petición, según reveló su abogado Ricardo Sánchez Carranza, quien destacó que su cliente está cooperando con la investigación.
Aunque Corvetto se presentó en la causa como testigo, la Fiscalía Anticorrupción ahora lo investiga en calidad de acusado de los presuntos delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales.
Junto a él, también están incluidos en la causa Juan Antonio Phang, el suspendido subgerente de Producción Electoral de la ONPE; José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral del organismo, y Juan Charles Alvarado, gerente general de la firma Galaga, contratada por la ONPE para el reparto del material electoral.
Los allanamientos incluyeron los domicilios de estos tres hombres, a la vez que el fiscal ordenó la incautación de teléfonos, computadoras y documentos.
Sánchez se distancia de López Aliaga, a la espera de actas observadas
En paralelo a las investigaciones en curso, el escrutinio provisorio de la ONPE sigue a paso lento, aunque con un avance importante: el jueves, el organismo completó el procesamiento de las actas regulares y quedó a la espera de la resolución sobre las observadas.
Con 4.450 actas enviadas a revisión de los jurados electorales especiales, el escrutinio al 95% muestra a la derechista Keiko Fujimori con el 17% que le ha asegurado hace rato el primer lugar.
En la disputa por llegar a la segunda vuelta contra la aspirante de Fuerza Popular, la tendencia sigue favoreciendo de forma ajustada pero constante al izquierdista Roberto Sánchez, que elevó a 20.000 votos la distancia sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga.
Impulsado por el escrutinio de los votos de zonas rurales, que tardan más en llegar y le favorecen, Sánchez se encamina al balotaje porque, según diversos analistas, los votos de las actas recurridas no alcanzarán para modificar el escenario.
En ese sentido, según medios locales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ordenó medidas para agilizar el procesamiento de las 1.990 actas enviadas para recuento de votos, que se realiza desde el 27 de abril, en audiencias públicas y transmitidas por internet.
De esta manera, los jurados electorales especiales (JEE) que están a cargo de hacer los recuentos tendrán hasta el 7 de mayo para efectuar las audiencias y resolver las impugnaciones.
La justicia electoral descarta realizar comicios complementarios
Al mismo tiempo que el escrutinio no le trae buenas noticias, el ultraderechista López Aliaga recibió otro revés luego de que el JNE declarara "por unanimidad" que es "inviable" su pedido de organizar comicios suplementarios en Lima, bastión del candidato de Renovación Popular.
Su partido y otras fuerzas menores habían solicitado estas votaciones adicionales, argumentando que las demoras de hasta cinco horas en la apertura de algunos colegios electorales llevaron a muchos ciudadanos a desistir de emitir sus sufragios.
En un comunicado, el JNE indicó que, luego de un análisis técnico y jurídico y de haber recibido informes de las instancias competentes, descartó la realización de esas elecciones complementarias porque no están contempladas en la legislación peruana y el proceso electoral todavía no ha terminado, a la espera de la revisión de más de 4.000 actas.
En ese sentido, el máximo ente electoral recordó que está desarrollado "de manera continua las labores de revisión de actas observadas, resolución de solicitudes de nulidad y demás actuaciones previstas en el marco constitucional, legal y reglamentario vigente", con el fin de garantizar "la integridad del proceso electoral y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas".
Desde la misma noche de las elecciones, López Aliaga ha denunciado, sin pruebas firmes, un supuesto "fraude electoral", que lo motivó a pedir, primero, la nulidad de todo el proceso electoral, y luego, la realización de los comicios complementarios.
En una conferencia de prensa tras el fallo del JNE, el ultraderechista insistió en su reclamo de que se anulen las más de 4.000 actas impugnadas y se efectúen votaciones adicionales porque, según él, "se ha impedido votar a casi un millón y medio" de personas, debido a las demoras del 12 de abril.
"Era fácil, era una ampliación de plazo para el 3 de mayo y salir de la duda a todos, pero no han querido, pues se están cerrando, le están quitando legitimidad absoluta a un proceso que está herido de muerte", enfatizó.
Con EFE, Reuters y medios locales
Compartir esta nota