Lloramos por Venezuela.
Los reportes proyectan más de 50 mil personas desaparecidas, las personas muertas superan el millar. El mundo ayuda a Venezuela, pero lo real es que República Dominicana no es un espectador neutral de esta catástrofe.
Somos parte del mismo sistema de fallas tectónicas que hizo temblar a Venezuela, y como todos los países del Caribe tenemos que prestar atención, evaluar cómo respondieron las estructuras y revisar nuestros códigos de construcción. No es alarmismo. Es geología básica. La placa del Caribe y la placa Norteamericana no distinguen fronteras políticas ni calendarios electorales.
Nuestra historia sísmica habla por sí sola, aunque pocos la escuchen. En 1946, un terremoto de entre 8,0 y 8,1 grados devastó la costa noreste del país, generó un tsunami con olas de más de 2,7 metros que penetraron dos kilómetros tierra adentro y dejó más de un millar de muertos. En 2003, un sismo de 6,4 derrumbó el Liceo José Duveau, el Centro Educativo Gregorio Urbano Gilbert y el edificio del Banco de Reservas en Puerto Plata. En 2010, el terremoto de Haití —con más de 200,000 muertos— se sintió con fuerza en todo el territorio nacional. Cada vez, el país reaccionó con alarma momentánea. Y cada vez, volvió a la inercia.
El propio director del Centro Nacional de Sismología, Ramón Delanoy, reconoció esta semana que República Dominicana no está preparada para un terremoto de gran escala, en entrevista con la periodista Katherine Luna. "No está preparada, igual que ningún país", afirmó, con una honestidad que merece respeto pero que no puede convertirse en excusa. Porque hay una diferencia enorme entre la impredictibilidad de un sismo y la negligencia de no prepararse para él. Lo primero es inevitable. Lo segundo, imperdonable.
El problema central no es la falta de conocimiento científico: es la falta de voluntad política para traducir ese conocimiento en acción. Hace apenas días que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) presentó un nuevo estudio de amenaza sísmica para el país y convocó a autoridades de Bahoruco a trabajar en la reducción del riesgo. Son pasos en la dirección correcta. Pero son pasos lentos, dispersos, sin la urgencia que exige la realidad. La institucionalidad existe. Lo que falta es que funcione con la velocidad y la escala que el riesgo demanda.
El ordenamiento territorial es la asignatura pendiente más costosa de este país. Décadas de construcción informal, de asentamientos en zonas de alto riesgo sísmico y de inundación, de edificaciones que nunca cumplieron un código de construcción, han creado una bomba de tiempo que ningún sistema de alerta temprana puede desactivar por sí solo. De nada sirve saber que viene un terremoto si la mitad de las viviendas de los barrios populares colapsarán al primer sacudón. El ordenamiento territorial no es un tecnicismo urbanístico: es una política de vida o muerte.
El sistema de alerta temprana también requiere una reforma profunda e inmediata. La alerta preventiva de tsunami emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto venezolano demostró que los mecanismos regionales existen y funcionan. Pero República Dominicana necesita que esos mecanismos lleguen a cada municipio costero, a cada escuela, a cada familia que vive a metros del mar. No basta con que el COE sepa qué hacer. Tiene que saberlo también el maestro de Nagua, la enfermera de Samaná y el pescador de Matancitas.
La educación ciudadana en gestión de riesgos es otro déficit estructural. Saber agacharse, cubrirse y agarrarse durante un terremoto puede parecer elemental, pero la mayoría de los dominicanos no ha recibido nunca esa instrucción de manera sistemática. Los simulacros son esporádicos, las campañas de prevención son reactivas —aparecen cuando ocurre un desastre en otro país— y los planes familiares de emergencia son prácticamente inexistentes. Preparar a la ciudadanía no es gasto: es la inversión de mayor retorno que puede hacer un Estado.
El presidente Luis Abinader convocó recientemente a un Consejo de Gobierno y a los alcaldes para coordinar el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica 2026. Es una señal de que la institucionalidad puede moverse cuando hay voluntad. Esa misma energía, esa misma convocatoria, esa misma articulación entre el gobierno central y los municipios, debe aplicarse ahora al riesgo sísmico. No como ejercicio académico. Como política de Estado con presupuesto, plazos y rendición de cuentas.
Venezuela nos sacudió a todos esta semana.
A la República Dominicana, la historia le ha dado advertencias. La geología no nos dará otra oportunidad de ignorarlas. El momento de actuar es ahora, mientras todavía es una decisión y no una tragedia.
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