La Comisión Especial de Diputados para analizar el Código Penal puesto en sus manos por el Senado de la República, anunció que solicitará una prórroga al pleno de la Cámara de Diputados para analizar las 148 observaciones recibidas en las la vista pública del pasado lunes.
La prórroga que se solicitará será hasta el martes 23 de julio. Y es lógico que se tome el tiempo para elaborar un informe serio, ponderado, que tome en cuenta las diversas posiciones que se expresaron y que cuentan con aval para ser tratadas con seriedad.
El Código Penal tiene 20 años en trasiegos, presiones, aprobaciones, devoluciones y engavetamientos. No hay razones para que el hemiciclo no conceda esta solicitud de una comisión que ha hecho un gran trabajo, con la premura que le pautaron, y que ha evidenciado las buenas maneras del presidente de la comisión, legislador Alexis Jiménez.
Sin embargo, la sospecha no puede ser más ostensible y estar tan presente como lo está respecto del interés que han mostrado el presidente del Senado, Ricardo de los Santos (PRM, Sánchez Ramírez), que dirigió la aprobación en dos ocasiones sin lectura de la pieza legislativa, y que ha manifestado Alfredo Pacheco (PRM, Distrito Nacional), quien ya condujo la aprobación de la pieza en una lectura en la Cámara de Diputados, y ha inducido a un aceleramiento del conocimiento del proyecto, permitiendo apenas un día para las vistas públicas, y tres minutos por exposiciones de entidades científicas, sociales, profesionales y comunitarias.
Los diputados comisionados han sesionado este miércoles y seguirán sesionando el jueves y el viernes, si fuera necesario.
Los senadores y diputados sesionarán este jueves, y evalúan extender el plazo de sesión para el viernes y el lunes, en caso de ser necesario.
Ramón Rogelio Genao, padre putativo de la pieza legislativa que se conoce, dijo que hay tiempo para conocer en una sola sesión del senado todas las modificaciones que presenten los diputados, aprobarlas y enviarlas como ley al Poder Ejecutivo.
Es decir, que se trata de una decisión política de los legisladores, y lucen contar con la aprobación del Palacio Nacional para no seguir reteniendo el Código Penal.
No es descabellado pensar que esta premura indica una posición política firme, adoptada y transmitida a los legisladores, tanto por el Partido Revolucionario Moderno, como por las más influyentes autoridades del gobierno.
Si esa sospecha es cierto, también tendrán ya preparado un plan para aplacar las protestas y demás contingencias se presenten con las rupturas que implica un código ampliamente rechazado, y que desnudará las posiciones no democráticas de las fuerzas políticas mayoritarias, porque además del PRM, apoyando la pieza se encuentran los partidos opositores que en anteriores gobiernos prefirieron no pasarla.
Dejarán satisfechas y complacidas a las jerarquías de las fuerzas conservadoras que han apoyado este Código Penal, y quedarán satisfechas las asociaciones de iglesias evangélicas y la Conferencia del Episcopado Dominicano, además de algunos grupos neo-religiosos que aceptan la imposición a todo el país de sus particulares normas.
No quedarán satisfechas las asociaciones profesionales, como las sociedades médicas especializadas, el Colegio Médico Dominicano, las organizaciones internacionales que trabajan con Niñas, Niños y Adolescentes, como UNICEF, UNFPA, Naciones Unidas, Finjus, Participación Ciudadana, las mujeres del PRM, las asociaciones de la sociedad civil, las agrupaciones de mujeres campesinas, FALPO y muchas organizaciones comunitarias, así como universidades y centros de investigación. El país quedará atrapado entre los únicos del mundo que siguen rechazando las tres causales, junto a El Salvador, Nicaragua y Honduras, del total de 194 países reconocidos por las Naciones Unidas.