Chile ha presentado una formal protesta frente al gobierno de los Estados Unidos, debido a una segunda intromisión del embajador norteamericano en los temas de política interna de ese país, que de acuerdo con el gobierno chileno, afecta su soberanía.
El embajador Brandon Judd ha dicho durante un seminario en el que se discutían relaciones comerciales (como el proyecto de un cable submarino con China) y la lucha contra el crimen organizado, que si Chile desea recursos o ayuda para proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, "tendrá que trabajar con Estados Unidos en las cosas que son importantes para ellos”.
La reacción del gobierno de Chile no se hizo esperar. El gobierno lo encabeza un simpatizante de Donald Trump, José Antonio Kast, quien recibió elogios y apoyo para el proceso electoral chileno. Pese a ello, la reacción ha sido firme, rechazando las declaraciones y los condicionamientos sobre la soberanía chilena.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, respondió que el Estrecho de Magallanes es y seguirá siendo soberanamente chileno, y que el país no requiere el respaldo de ninguna potencia extranjera para defenderlo. La Cancillería informó que evaluaría medidas diplomáticas contra el embajador intruso.
En la nueva política exterior de Estados Unidos, la intromisión en los temas de política interna de los países parece una norma, un mandato, y se exige a los diplomáticos desde Washington que pongan en evidencia los derechos que Estados Unidos reclama sobre los países de la región.
Ocurre en todas partes. Venezuela es un ejemplo, como lo es el reclamo de Estados Unidos sobre Cuba, su sistema político y la necesidad de que, para recibir petróleo o fuentes de energía, tenga que plegarse a lo que dicte Donald Trump y el Departamento de Estado.
La política exterior de Estados Unidos se sustenta en el poder de presión y no en la confianza ni en el respeto a la soberanía de los países de la región. Este mismo viernes se acaba de anunciar la concesión del premio Nobel de la Paz a la abogada y ex jueza Navi Pillay, vinculada con la investigación sobre derechos humanos y la declaratoria de Benjamin Netanyahu como un genocida por parte de la Corte Penal Internacional. Trump quería ese premio, pero al conocerse la decisión del Comité del Nobel, rápidamente el Departamento de Estado anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional.
"Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”. Así fue el anuncio de reacción del gobierno de los Estados Unidos a la concesión del premio Nobel a la ex jueza Navi Pillay.
Cuba, Venezuela, Chile, Brasil, República Dominicana, y todos los países, incluyendo a la Unión Europea, reciben presiones de los Estados Unidos cada vez más extremas, con presión sobre para que acepten su voluntad, impongan leyes locales que les beneficien, o que rechacen cualquier acuerdo con la República Popular China. Es lo que acaba de ocurrir en Chile.
Lo mismo pasa con la Organización de las Naciones Unidas, denigrada en su propia sede como inútil e inservible, con la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la Corte Penal Internacional, la Organización Mundial de Comercio o el G-20.
América Latina y el Caribe pasan por situaciones estelares en estos momentos. Brasil recibió aranceles del 45 por ciento, por voluntad de Donald Trump, porque una corte de justicia decidió condenar al ex presidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos va contra Lula y contra cualquier socialdemócrata que intente mantenerse en el poder. Ahora a los demócratas o socialdemócratas se les callifica como izquierdistas o comunistas. Ocurrió con Mandami en las elecciones para la alcaldía de Nueva York.
Es lo que igualmente ha ocurrido con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, que se negó al uso de las bases militares norteamericanas en su país para los ataques a Irán, y ha recibido numerosas agresiones, incluyendo datos que condujeron a las acusaciones de corrupción contra el ex presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. O los ataques contra Georgia Meloni, primera ministra de Italia, y de ultraderecha, sobre quien el señor Trump cambió de opinión por haberle negado el apoyo para los ataques a Irán.
Todo ha cambiado. Estados Unidos ya no es socio de nadie, salvo Benjamin Netanyahu, y arrasa con todo el que le rechace sus ideas o propuestas, incluyendo políticos republicanos, demócratas o de cualquier lugar del mundo.
La cuestión es cómo se reconstruirá el escenario internacional para Estados Unidos después de Donald Trump, que finaliza su gobierno en 2028. Las elecciones de medio término en Estados Unidos dirán cuál es el estado de opinión de los ciudadanos de ese país sobre su gobierno y sobre sus políticas, al margen de lo que digan las encuestas. Es un tema para saber cómo decidirá el mundo el curso que desea seguir, si con la autocracia o con la democracia, al margen de lo que China este planeando.
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