Las redes sociales siguen siendo tema de debates. Los influencers son protagonistas de una discusión que implica comprender libertad de expresión versus otros derechos importantes, como el derecho a la privacidad, a la intimidad y a defender la propia imagen. En esto también se incluyen derechos a no ser extorsionado, a no ser difamado, o el derecho a no tener que pagar coimas para que no ser agredido o evitar ser mencionado con malas intenciones.
La cantidad de personas agredidas, difamadas, extorsionadas, afectadas en su imagen crece cada día. Siempre hay un dato, una denuncia, un soborno en proceso que deriva en “comunicadores” que se dedican a indagar sobre la vida privada de personalidades y exponer sobre sus actos, como si se tratara de decisiones en instancias públicas.
La más reciente es la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien ha sido víctima de denuncias sobre su vida personal, y ha dicho con claridad que hay personas en los medios que lo abordaron en España solicitándole coimas a cambio de no presentarlo como una persona sin ética o sin moral. Ha indicado el nombre de la persona y ha dicho que entre los diputados ha habido malestares y hasta posibles separaciones por las insinuaciones de la persona que le ha intentado sobornar.
Pacheco sólo se ha limitado a presentar la denuncia en unas declaraciones desde la Cámara de Diputados. No ha recurrido a un abogado, ni ha decidido presentar una demanda por difamación, o por extorsión, contra la persona que le ha tratado de dañar su imagen de político y de legislador, además de funcionario de uno de los poderes del Estado.
Otros casos casos conocidos son los de la ex ministra de Cultura, Milagros Germán, su hija que fue viceministra de Medio Ambiente, Milagros Marina Decamps Germán, y la ministra actual de Interior y Policía, Faride Raful.
Ni Milagros ni Marina decidieron acudir a los tribunales, y están hoy fuera de funciones públicas, pero Faride Raful acudió a los tribunales y sigue en espera de decisiones judiciales sobre su demanda.
El presidente Luis Abinader y su familia han sido igualmente dañados en su imagen, y -tal vez por el nivel que tiene como principal responsable del Estado- decidió no acudir a los tribunales, pese a que en su caso goza legalmente de la protección especial que ampara al cargo de Presidente de la República; en el Código Penal hay varios artículos especialmente para la protección de la imagen del presidente de la República y de su familia.
Hay otros casos, de los llamados influencers y sujetos de las redes sociales, con denuncias en los tribunales, incluyendo un supuesto investigador que actuaba desde el exterior, pero con temas dominicanos, con extorsiones a empresarios, funcionarios, políticos y otros grupos a los que podía llegar y obtener recursos indebidos. Esos casos siguen en los tribunales, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y la verificación de las pruebas presentadas por las víctimas.
Hay otros influencers a quienes no importan las demandas penales o civiles, por daños y perjuicios, porque han descubierto que es más lo que ganan con la extorsión que lo que tendrían que pagar si son condenados a pagar indemnizaciones.
Hay muchos más personajes que siguen haciendo lo mismo que los anteriores casos mencionados. Es común el uso de la infamia, de las palabras obscenas, de la injuria, en un abierto desacato a la comunicación respetuosa y el respeto a la moral, las buenas costumbres y la intimidad de las personas. Ya nada de esto está siendo respetado.
Pero los tribunales son muy lentos. Más que condenas, que podrían seguir siendo utilizadas, se requiere que los tribunales de justicia tomen decisiones valientes e inteligentes. Por ejemplo, la prohibición de publicidad en espacios que se reiteran como violadores de la ley, abiertamente desafiantes, con lo que ganan audiencia y obtienen gran cantidad de recursos. Y que en los casos de extorsión y obtención de dinero, para no difamar, los montos a pagar sean duplicados o triplicados, como una forma de hacer más severa la sanción a quienes se reiteren como violadores continuos de las disposiciones legales existentes.
La Suprema Corte de Justicia, que esta semana ha realizado una II Conferencia sobre Prensa y Justicia, bien pudiera tomar en cuenta nuevas o creativas sanciones para evitar que estos casos sigan expandiéndose y dañando el ámbito respetuoso del ejercicio de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la decencia pública. Lo que se está corroyendo es la libertad de expresión y la calidad de la democracia dominicana, que son valores y conceptos tan vitales y poderosos como nuestra identidad.
Compartir esta nota