La reciente conclusión del Diálogo por la Crisis Haitiana, convocado por el presidente Luis Abinader y coordinado por el Consejo Económico y Social (CES), representa un hito crucial para la República Dominicana.
Este no es un simple acuerdo más; es un pacto de Estado que trasciende las divisiones partidarias, uniendo a las principales fuerzas políticas, empresariales y sociales en un frente común para abordar uno de los mayores retos en materia de política exterior y seguridad interna.
Durante meses de intensas discusiones, se ha gestado una hoja de ruta que de ser integral y debe abordar la crisis haitiana no solo desde la perspectiva migratoria, sino también desde sus profundas implicaciones para la seguridad nacional, debido a la falta de control que sufre el vecino país, con una parte significativa de su capital, Puerto Príncipe, controlada por peligrosas pandillas armadas.
El documento final del CES, dado a conocer este martes, es una muestra de madurez política y de la comprensión de que, ante una crisis de esta magnitud, la unidad entre sectores público y privado, y entre gobierno y oposición, es nuestra mayor fortaleza.
Si bien se resalta la decisión de completar la verja fronteriza, la verdadera trascendencia del acuerdo reside en el enfoque multifacético que se propone.
No se trata solo de levantar un muro físico, sino de construir un sistema de seguridad robusto y moderno que combine la infraestructura con la tecnología, la inteligencia y la coordinación interagencial.
Los acuerdos alcanzados son tan ambiciosos como necesarios. La creación de un Centro Nacional de Coordinación de Seguridad Fronteriza e Inteligencia, el fortalecimiento del marco jurídico, la realización de censos de seguridad con registro biométrico y la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana para detectar presiones transfronterizas son medidas que demuestran una visión de Estado.
Se reconoce la creciente capacidad logística de las redes de tráfico ilícito y se busca cerrar las brechas que han permitido su operación.
El énfasis en la seguridad energética, con la propuesta de un “Muro Energético” y un Plan Nacional de Contención, es un acierto.
En un mundo donde los conflictos geopolíticos y las crisis humanitarias pueden afectar las infraestructuras vitales, proteger nuestras fuentes de energía en la zona fronteriza es una medida de precaución inteligente.
En lo económico y social, el CES acordó impulsar un programa integral de mejora de infraestructura física, que incluya vías, servicios públicos, centros educativos y espacios comunitarios. Asimismo, desarrollar un plan nacional para el acceso sostenible a servicios básicos con soluciones adaptadas a la ruralidad, además de incentivos fiscales y tasas municipales para atraer inversión pública y privada en infraestructura.
Importante resulta el acuerdo para revisar el reglamento de aplicación de la Ley 12-21, que establece la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y un régimen de incentivos fiscales, para trabaja en la inclusión de provincias con baja presencia empresarial y fortalecer la gobernanza y planificación del desarrollo en estas comunidades.
En fin, el acuerdo del CES es un paso importante para empezar a buscar soluciones sostenibles en el tiempo al desafío de la migración indocumentada en la República Dominicana, además de trabajar el tema haitiano con una visión diplomática proactiva, y no reactiva.
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