La muerte de cinco hombres durante un supuesto "intercambio de disparos" con agentes policiales en una plaza de La Barranquita, Santiago, planteas de nuevo el serio problema de las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la Policía Nacional.
La decisión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso de ordenar investigaciones a cargo del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y de la fiscal interina de Santiago, Quirsa Abreu, subraya una necesidad urgente: esclarecer con precisión las circunstancias objetivas del caso y asegurar que cualquier responsabilidad se determine sin dejar dudas, dentro del marco de la ley y de los derechos de todas las partes.
La suspensión inmediata de los agentes involucrados, anunciada por el Ministerio de Interior y la Policía, es una medida esperada y necesaria para preservar la integridad de la investigación y la confianza pública.
La prudencia institucional debe primar, para evitar y que se empañe la labor de los agentes que no tuvieron participación y para que se evite justificar estas muertes con el gastado argumento de que se trata de "reconocidos delincuentes".
Las identidades de las víctimas —Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez— deben ser tratadas con el debido respeto, evitando cualquier estigmatización hasta que las pesquisas determinen lo ocurrido.
Para despejar cualquier duda sobre cómo fueron muertos estos cinco ciudadanos ha de darse una respuesta rápida y bien documentada.
Es comprensible que familiares y comunidades reclamen respuestas rápidas; sin embargo, la justicia se fortalece cuando sus procesos se conducen con transparencia, precisión y plena observancia de los derechos humanos.
La sociedad demanda claridad sobre las circunstancias del supuesto enfrentamiento, sobre si hubo el correcto seguimiento del protocolo de las intervenciones policiales para evitar pérdidas de vida, y sobre qué mecanismos de revisión existen para garantizar que las actuaciones policiales sean proporcionales y justificadas.
Más allá de este caso, conviene reforzar el debate público sobre la seguridad en las ciudades, la prevención de la violencia y las vías de denuncia de abusos. Para despejar cualquier duda sobre cómo fueron muertos estos cinco ciudadanos ha de darse una respuesta rápida y bien documentada.
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