El escándalo de corrupción en SeNaSa hace que el actual momento sea decisivo para la credibilidad del gobierno de Luis Abinader y el futuro político de su partido, el PRM. Es obvio que por esas y otras razones el presidente Luis Abinader ordenó que el informe oficial sobre la situación del SeNaSa fuera entregado a la Procuraduría General de la República.
"Durante estos cinco años he luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia con ello, envié el informe que revela irregularidades en @ARSSeNaSaRD directamente a la procuradora @YeniBerenice, como una advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno para que no se equivoquen. Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo", declaró el presidente Luis Abinader este domingo en un mensaje difundido en su cuenta de X.
En el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se ha puesto en evidencia un caso de corrupción de gran magnitud que involucra a funcionarios y actores privados, y que amenaza la salud y la calidad de vida de millones de dominicanos.
La entrega del informe a la Procuraduría General de la República, por parte del superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton, y del director de SeNaSa, Edward Guzmán, marca un paso importante, pero aún es solo el inicio de un proceso que requiere de una investigación exhaustiva y transparente.
Este escándalo representa una prueba de fuego para el gobierno del presidente Luis Abinader. La forma en que las autoridades manejen la investigación, desde su inicio hasta el juicio a quienes resulten imputados, será decisiva para mantener o perder la credibilidad ante la ciudadanía.
La lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser firme y sin favoritismos, asegurando que ningún responsable quede impune, sin importar su posición o influencia.
Cualquier desviación o favoritismo podría tener costos políticos y sociales muy elevados, afectando la estabilidad y la legitimidad del gobierno de Luis Abinader.
El riesgo de encubrimiento o de convertir este caso en un mero espectáculo mediático podría tener consecuencias graves, erosionando la confianza del pueblo en las instituciones y en el propio gobierno. Por ello, es fundamental que se actúe con firmeza, transparencia y sin dilaciones, enviando un mensaje claro de compromiso con la justicia y el buen gobierno.
En definitiva, el destino de este caso puede marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en República Dominicana. Si se logra judicializar a los responsables, se fortalecerá la institucionalidad y la confianza ciudadana en el Estado. Por el contrario, cualquier desviación o favoritismo podría tener costos políticos y sociales muy elevados, afectando la estabilidad y la legitimidad del gobierno de Luis Abinader.
Este es "el caso" del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y de lo que ocurra de ahora en adelante dependerá el futuro político de esa organización.
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