Las bandas tienen el control de la mayor parte del territorio haitiano, y sobre el territorio de Puerto Príncipe, la capital, se dice que el control es sobre el 90 por ciento.
Detrás de las bandas hay grupos de narcotraficantes y contrabandistas, y el territorio haitiano impunemente para tráfico de drogas, de armas y de cualquier producto comerciable que tenga regulaciones por parte de países interesados en la seguridad.
Los haitianos huyen de ese dramático escenario. Bandidos armados establecen las reglas, dan órdenes y deciden quién vive y quién muere. La pasada semana decidieron el asesinato de dos religiosas.
La emisora Radio RFM 104.9 informó que los ataques de pandillas armadas en Kenscoff, zona montañosa de Puerto Príncipe, en los últimos dos meses ha dejado al menos 262 muertos y 69 heridos, de acuerdo con la oficina de Naciones Unidas en Haití, mas conocida como BINUH.
El 53% de las víctimas, según la misma fuente, son parte de la población civil y el 47% son individuos asociados a grupos criminales. Además, en el mismo período 200 casas fueron destruidas o incendiadas y hubo más de 3,000 personas desplazadas. El objetivo de controlar a Kenscoff por parte de las bandas es desestabilizar a Petión Ville, la zona residencial de mayor ingreso.
El débil gobierno de Haití carece de un aparato militar de autoprotección. La Policía Nacional de Haití es pobre en armamentos, carece de municiones, y se enfrenta a grupos que están metidos en el corazón de los barrios de la capital.
Los ciudadanos que aún permanecen en Puerto Príncipe lo hacen para proteger sus propiedades, y están cercados, con alambradas y han podido contratar cierta seguridad, que sigue siendo débil en el caso de que las bandas decidan atacarles.
Han atacado hospitales, escuelas, iglesias, y hasta los medios de comunicación que precariamente se sostienen ofertando datos sobre la vida en Haití, han sido atacados y destruida parte de su infraestructura. Los periodistas reportan desde sus hogares, porque una gran parte no se atreve a salir a buscar informaciones.
Ante ese cuadro preocupante, el presidente Luis Abinader ha dispuesto mayor control fronterizo y migratorio. Sin embargo, las bandas, sus miembros o líderes, no se atreverán a penetrar a territorio dominicano. No somos un objetivo para esos grupos. Ellos quieren terminar de controlar el territorio haitiano, y proclamar un régimen a su gusto y conveniencia.
Corresponde que el gobierno dominicano establezca controles fronterizos, que impida que los traficantes migratorios que se enriquecen con el tráfico de haitianos, puedan tener éxito. Se desconoce si entre los que trafican con migrantes haitianos hay militares o funcionarios organizados, pues sólo se han detectado casos aislados. Hay sin embargo, alguna modalidad que favorece el retorno de las personas deportadas por las autoridades dominicanas.
Colombia pasó por una situación parecida con los migrantes venezolanos que entraban a su territorio, huyendo de la calamidad y la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro. Miles de venezolanos utilizaron la frontera colombiana para escapar. Igual ha pasado con la frontera de Costa Rica con Nicaragua.
En ambos casos los gobiernos han manejado esas crisis sin que se haya promovido el odio hacia los migrantes, como ocurre aquí, sin que se hayan levantado las protestas para se despliegue a fuerzas militares para apresar y retornar a los migrantes.
En Haití hay una crisis humanitaria. Naciones Unidas y con ella la comunidad internacional están comprometidas a ofrecer apoyo ante la crisis de violencia y la hambruna e inseguridad que padecen los haitianos.
Estados Unidos, Francia, Canadá, como parte del Core Group, deben disponer de recursos para ayudar a restablecer la tranquilidad en Haití. El gobierno debe seguir insistiendo en que la carga no puede quedar de un solo lado. Tampoco debe ceder ante las campañas de odio y de mentiras, de las que también es víctima el gobierno y el propio presidente de la República. Nada de lo que el gobierno haga para evitar un daño serio por parte de la crisis haitiana a la República Dominicana, será suficiente para satisfacer a los que desean una repetición de la matanza de 1937. El gobierno no debe ceder frente a ese chantaje y esa presión, que proviene principalmente de las redes sociales.
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