El sistema judicial dominicano tiene mañana una de las pruebas más importantes de su historia, con la decisión que emitirá el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, sobre el conocido caso Antipulpo, en el que están implicados, como principales imputados, dos hermanos del expresidente de la República, Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, entre otros.
Fue uno de los primeros casos investigados al asumir Mirian Germán Brito la Procuraduría General de la República, y Yeni Berenice Reynoso la dirección de Persecución del Ministerio Público.
Han pasado cinco años desde que esa investigación inició como Operación Antipulpo, la madrugada del 29 de noviembre de 2020, con los apresamientos de Juan Alexis Medina Sánchez, y de otros, acusados de malversar fondos estatales superiores a los 4,000 millones de pesos, entere el 2012, cuando inició la gestión presidencial de Danilo Medina, y 2020, cuando finalizó.
Además de Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, fueron también encartados Fernando Rosa, Francisco Pagán Rodríguez, Freddy Hidalgo y una lista adicional que completa por lo menos 27 personas y 21 sociedades.
Juan Alexis Medina Sánchez se ha mantenido como el principal imputado, y el Ministerio Público ha pedido 20 años de prisión para él, además de compensaciones civiles al Estado Dominicano.
Su hermano, el expresidente Danilo Medina, ha sostenido que su hermano es inocente y víctima de una persecución política. El Ministerio Público ha presentado las pruebas de los desfalcos y otros modelos de fraudes, y ha presentado pruebas materiales y testimoniales de los cómplices del hermano del expresidente.
De todos los casos que se investigaron desde el 2020, este fue el primero, y se espera que sea el primero en recibir sentencia judicial. Por supuesto, iría a recorrer todo el sistema de apelación, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y quien sabe si al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, son muchos los casos que esperan concluirse. En todos los casos de corrupción en procesos judiciales se mantiene la amenaza de la extinción penal, y los abogados juegan a esa posibilidad, de que sea admitida por algún juez, para proceder con la cancelación de todos esos casos, uno por uno.
El segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene decisiones pendientes sobre ese resquicio de la extinción. El Ministerio Público confía que su petición sea acogida por el Tribunal, y que con una sentencia condenatoria comiencen a caer los demás casos de abuso y corrupción con los fondos públicos.
Por eso es importante la sentencia que se dictará este miércoles a las 11 de la mañana, con la lectura de la sentencia.
Esperamos con gran expectativa la decisión de los magistrados que han llevado durante cinco años este caso.
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