El economista José Lois Malkun ha planteado recientemente, en entrevista con Acento.com.do, la necesidad de redirigir mayores recursos hacia la inversión pública como mecanismo genuino para el desarrollo nacional. Su propuesta abre un debate que no debemos postergar: ¿cómo transformar el gasto del Estado en una verdadera palanca de progreso?
La tesis de Malkun se sustenta en una verdad evidente: mejorar las infraestructuras significa generar empleo útil y seguro, capaz de insertarse en el tejido productivo, pero también garantizar servicios básicos de calidad. Acueductos, alcantarillados, viviendas dignas, electrificación rural, vías de tránsito y caminos para la distribución agrícola son obras que no sólo dinamizan la economía local y nacional, sino que elevan la calidad de vida de la población.
La experiencia latinoamericana confirma que la inversión pública puede transformar realidades: Chile logró consolidar su competitividad exportadora gracias a carreteras y puertos financiados por el Estado; Perú redujo brechas sociales con proyectos de agua y saneamiento en zonas rurales; Brasil impulsó la inclusión con el programa Minha Casa, Minha Vida, que construyó millones de viviendas; y Colombia utilizó obras de infraestructura en regiones afectadas por la violencia como herramienta de cohesión social en el posconflicto.
Ahora bien, quizás la solución no esté únicamente en limitar los subsidios —que sí deben continuar siendo eficientes y focalizados—, sino en convertir la inversión pública en una palanca real de desarrollo.
Históricamente, el crecimiento económico dominicano ha descansado en la inversión pública. Sin embargo, preocupa que en este año esta se haya mantenido rezagada por lo que no logra satisfacer las necesidades de la población. De ahí surge un punto clave: la inversión pública debe estar sostenida en el poder ciudadano y su capacidad de fiscalización, a través de mecanismos como los consejos de desarrollo, que transparenten cada obra y garanticen que los recursos lleguen donde más se necesitan.
Ahora bien, quizás la solución no esté únicamente en limitar los subsidios —que sí deben continuar siendo eficientes y focalizados—, sino en convertir la inversión pública en una palanca real de desarrollo. Esto exige seguimiento constante, participación social efectiva y transparencia en las ejecuciones. Solo así la inversión pública dejará de ser un gasto más y se transformará en el verdadero motor del desarrollo nacional.
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