Hay momentos en que un gesto pequeño revela una tensión enorme. Las historias de Instagram de la embajadora estadounidense Leah Francis Campos —un comentario sobre "censura", un versículo del Apocalipsis con una duración de apenas 24 horas— son, en apariencia, publicaciones efímeras en una red social. En el fondo, son la expresión más descarnada de algo que muchos en República Dominicana preferirían no nombrar: que Washington está trazando líneas, y que espera que sus aliados sepan de qué lado pararse.
La reacción de Campos a la participación del ministro de Justicia, Antoliano Peralta, en la IV Reunión en Defensa de la Democracia de Barcelona no puede leerse como una opinión personal. Los embajadores, tampoco las embajadoras, no tienen opiniones personales cuando publican en sus redes oficiales sobre decisiones de política exterior del país anfitrión.
Campos habló como lo que es: la representante de una administración Trump que percibe la cumbre barcelonesa de Pedro Sánchez como un foro de oposición a su agenda global, y que no está dispuesta a tolerar que sus socios más cercanos en la región se sienten a esa mesa, aunque sea "solo como invitados".
Lo que resulta inadmisible no es que Campos tenga una opinión. Es que esa opinión, expresada en el tono en que fue expresada, pretenda funcionar como una instrucción. Eso no es diplomacia. Es tutela.
Sería un error reducir este episodio a una disputa sobre si la regulación de algoritmos equivale o no a censura. Ese debate es legítimo y merece darse —con rigor, sin dogmas de ningún bando—. Pero no es lo que está en juego aquí.
Lo que está en juego es la autonomía de la política exterior dominicana en un momento en que el mundo se reorganiza en bloques, y en que Estados Unidos bajo Trump exige lealtades explícitas. La cumbre de Barcelona fue, ante todo, un ejercicio de reagrupamiento progresista frente al avance de la ultraderecha y al unilateralismo de Washington. Que el gobierno dominicano haya enviado a un ministro —aunque fuera en calidad de invitado, aunque no haya firmado ninguna declaración— fue leído en Washington como una señal ambigua. Y la ambigüedad, en la lógica trumpiana, es inaceptable.
El versículo del Apocalipsis que citó Campos lo dice sin rodeos: ser tibio tiene consecuencias.
El gobierno dominicano reaccionó con rapidez. Peralta precisó que asistió únicamente para exponer los desafíos de la desinformación digital y que la República Dominicana no suscribió ninguna declaración conjunta. El mensaje fue claro: no somos parte de ese bloque, no firmamos nada, no nos comprometimos. Entonces, ¿fue un viaje de paseo, de turismo institucional?… ¿Para qué fue el ministro? ¿Y si sí significó algo, por qué la urgencia de desmarcarse?
En ese sentido, la desarticulación gubernamental queda en evidencia, pues ¿cómo a un cónclave de este tipo no hay un representante diplomático, de la Cancillería?
La incomodidad del gobierno revela la trampa en que se encuentra: en un mundo polarizado, la equidistancia tiene un costo creciente. Mantenerla exige cada vez más explicaciones, más aclaraciones, más gestos de lealtad hacia uno u otro polo. Y cada uno de esos gestos estrecha el margen de maniobra.
Este editorial no aboga por que República Dominicana se sume a ningún bloque ideológico. Ni al progresismo de Sánchez y Lula, ni al nacionalismo de Trump. La política exterior de un país pequeño, con una economía abierta y una diáspora masiva en Estados Unidos, no puede darse el lujo de la militancia ideológica.
Pero sí aboga por algo distinto: que la política exterior dominicana sea definida en Santo Domingo, no en Washington ni en Madrid. Que las decisiones sobre a qué foros asistir, qué debates seguir y qué posiciones sostener sean el resultado de un análisis propio de los intereses nacionales, y no una respuesta refleja a la presión de una embajadora —por más poderoso que sea el país que representa—.
Lo que resulta inadmisible no es que Campos tenga una opinión. Es que esa opinión, expresada en el tono en que fue expresada, pretenda funcionar como una instrucción. Eso no es diplomacia. Es tutela.
El gobierno de Luis Abinader tendrá que responder, tarde o temprano, con más que aclaraciones: ¿Cuál es la doctrina dominicana de política exterior en este nuevo orden mundial? ¿De cuáles ministerios es responsabilidad mantener la vocería?
No alcanza con decir que somos amigos de todos. El mundo de 2026 no admite esa respuesta. Lo que sí es posible —y lo que la madurez democrática exige— es construir una posición propia, fundamentada en intereses concretos, que pueda sostenerse ante Washington y ante Barcelona sin que cada aparición en un foro internacional desate un torbellino.
Ser un país pequeño no obliga a ser un país sin criterio. Y tener criterio propio no es tibieza. Es soberanía.
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