A propósito de las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, en las que informaba que sus militares desplegados en aguas del mar Caribe habían disparado a una embarcación y matado a once personas, por sospecha de que se trataba de un intento de tráfico de drogas, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha advertido sobre los límites que se deben de respetar al combatir el delito.
La declaración de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU subraya un principio fundamental: incluso ante la gravedad del tráfico de drogas y la violencia que lo acompaña, el derecho internacional exige límites claros en el uso de la fuerza.
El ataque contra una embarcación que, según informes, pertenecía a una organización criminal y que habría sido descrita por Estados Unidos como parte de su táctica contra el narcotráfico, pone en evidencia una tensión persistente entre seguridad y derechos humanos.
Primero, es crucial distinguir entre combate al crimen organizado y violación de derechos fundamentales.
El hecho de que se denuncie la muerte de personas vinculadas al crimen no debe servir para justificar ejecuciones extrajudiciales o acciones que debiliten garantías básicas como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la vida.
El derecho internacional humanitario y los estándares de derechos humanos requieren evidencia, proporcionalidad y supervisión adecuada para cualquier uso de la fuerza.
Segundo, la defensa de la seguridad pública no puede convertirse en un permiso para abandonar el marco normativo. En contextos de operaciones marítimas o transnacionales, los Estados deben demostrar que sus acciones son necesarias, proporcionadas y compatibles con la protección de derechos de todos los involucrados, incluidos civiles y posibles combatientes.
La mera afirmación de “narcoterroristas” no sustituye la obligación de evitar daños colaterales y de rendir cuentas ante mecanismos internacionales.
Tercero, la ONU recuerda un principio que debe guiar toda acción estatal: el combate al narcotráfico debe ejecutarse sin desbordar los estándares de derechos humanos. Criticar o cuestionar las políticas de seguridad es válido y necesario, pero cuando se recurre a ejecuciones sin procesos transparentes, se corre el riesgo de socavar la legitimidad de la acción y de abrir grietas para abusos futuros.
Luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado es imprescindible, pero no puede ser a costa de los principios que garantizan la dignidad y la vida humana.
El compromiso real con la seguridad pasa por un marco normativo claro, aplicada con rigor, responsabilidad y transparencia.
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