Jornadas de contrastes del 8 de marzo

El 8 de marzo de 2026 dejó en República Dominicana una postal partida en dos.

De un lado, el discurso oficial del Gobierno con su narrativa de avances, medallas y celebraciones protocolares. Del otro, las voces de las organizaciones feministas y de la sociedad civil, que salieron a las calles —o a las redes— a recordar que conmemorar no es celebrar, y que las cifras de violencia, desigualdad y deudas legislativas siguen siendo demasiado elocuentes como para brindar con champán.

El contraste no es nuevo. Pero este año resultó particularmente crudo.

Desde las instancias gubernamentales, la jornada se vivió como una vitrina de logros. Se desplegó su agenda de actividades con la entrega de la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana 2026, paneles institucionales y actos solemnes.

El tono fue, en esencia, celebratorio. Flores, discursos, fotografías oficiales. La conmemoración institucional distó de un ejercicio de autocrítica.

Mientras tanto, las organizaciones feministas dominicanas recordaron lo que el protocolo oficial prefiere suavizar: que República Dominicana sigue siendo uno de los países de la región con mayores índices de feminicidios; que los suicidios de mujeres al inicio de 2026 encendieron alarmas que aun nadie terminó de atender; que la violencia de género no se resuelve con planes estratégicos que se anuncian cada febrero y se diluyen cada abril.

Las jornadas de contrastes del 8 de marzo de 2026 dejan una lección incómoda: en República Dominicana, la distancia entre el discurso oficial sobre los derechos de la mujer y la realidad que viven las mujeres dominicanas sigue siendo un abismo

Pero quizás el contraste más profundo tiene nombre propio: las tres causales. En agosto de 2025, se promulgó el nuevo Código Penal dominicano, una legislación que mantiene la penalización total del aborto, sin contemplar excepciones ni siquiera cuando el embarazo es producto de violación, cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida. Amnistía Internacional rechazó públicamente esa decisión, urgiendo al Congreso a enmendar el texto antes de su entrada en vigencia en agosto de 2026.

Ese Código Penal —que entrará en vigor en apenas cinco meses— es el elefante en la sala de cada acto oficial del 8 de marzo. ¿Cómo se celebra el Día Internacional de la Mujer mientras se sostiene una legislación que criminaliza a la mujer en las circunstancias más extremas de su vida reproductiva? ¿Cómo se habla de "derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas" —el lema de la ONU para este 2026— mientras el Estado dominicano se niega a reconocer el derecho de una niña violada a no ser obligada a parir?

Los datos siguen siendo tercos, evidentes. Las brechas laborales persisten: las mujeres dominicanas ganan menos, acceden a menos puestos de decisión y cargan con la sobrecarga de las tareas de cuidado. La participación femenina en la gobernanza local sigue limitada por obstáculos estructurales que la propia ministra Reyes ha reconocido: violencia política, limitaciones económicas y una cultura que aún cuestiona el liderazgo femenino.

El Día Internacional de la Mujer nació de la lucha obrera, de las huelgas de trabajadoras textiles, de la sangre derramada por derechos que hoy se dan por sentados. No nació para ser un domingo de selfies institucionales ni para repartir rosas en los pasillos del poder.

Las jornadas de contrastes del 8 de marzo de 2026 dejan una lección incómoda: en República Dominicana, la distancia entre el discurso oficial sobre los derechos de la mujer y la realidad que viven las mujeres dominicanas sigue siendo un abismo. Y ese abismo no se cierra con flores, ni con medallas, ni con hashtags. Se cierra con leyes justas, con presupuesto real, con voluntad política y con la valentía de escuchar a quienes llevan décadas gritando lo que el poder prefiere no oír.