El presidente Luis Abinader promulgó el Código Penal como le fue remitido por el Congreso Nacional, que avanza en muchos aspectos en la definición y condena de delitos que no estaban contemplados en el Código Penal de 1884, pero que excluye reivindicaciones sociales y colectivas de los grupos democráticos del país, y en particular de la sociedad civil, como las tres causales y la protección y defensa de los derechos de la diversidad sexual, o las sanciones a los castigos físicos a menores de edad.
El presidente Abinader fue testigo de las demandas de la sociedad, a través de diversas expresiones, cartas, comunicados, que le pedían observar el Código para que éste no quedara como un legado de su administración. La disensión la tuvo el presidente en su propio hogar, con la firma de una carta pidiéndole que no promulgara el nuevo código firmada por su esposa y sus tres hijas.
La decisión fue suya y él asume la responsabilidad política que se deriva de su promulgación. No será solo el Código de Ramón Rogelio Genao y la ultraderecha, con los sectores conservadores y religiosos impulsándolo, será a partir de ahora el Código Penal de Luis Abinader.
Habrá muchas justificaciones, y explicaciones sobre las virtudes del nuevo código porque contempla avances en definición y sanciones de nuevos delitos. Todo eso es posible y será punto de debate.
Sin embargo, hay una tema que no se puede echar a un lado, y se trata de la fuerza y capacidad de presión de la sociedad civil, en situaciones importantes para el proceso democrático, frente a los grupos conservadores.
El PRM y Luis Abinader se declararon desde temprano partidarios de las tres causales y de la defensa de los derechos sexuales, de los migrantes y de reivindicaciones que no contaban con el apoyo de los sectores de derecha.
Lo que ha pasado en los últimos cinco años, de la elección de un gobierno democrático y liberal, es que las políticas conservadoras han ganado terreno y los grupos democráticos han retrocedido. Esta es una nueva batalla política perdida por la sociedad civil, como se perdió la cuestión de la defensa de los derechos humanos frente a las políticas migratorias, y como se ha perdido la batalla por la defensa y protección de la diversidad sexual.
Es cierto que entre 2015 y 2020 se ganó la batalla contra la corrupción y contra la impunidad, y se sacó del gobierno al PLD. También es cierto que la lucha por el 4 por ciento del PIB para la educación fue otra gran batalla ganada por la sociedad civil. También es cierto que la lucha por la transparencia en los procesos electorales también fue ganada por la sociedad civil, y los viejos partidos resultaron en el zafacón de la historia, y ahora hay garantías de elecciones limpias. Se podría decir que también la sociedad civil ganó la batalla por la independencia del Ministerio Público, pero no pudo ganar la de la independencia y transparencia del poder judicial.
Sin embargo, parece que los nuevos tiempos indican un camino de retroceso democrático, y de poca relevancia electoral de la sociedad civil, frente al empuje de la derecha y los religiosos ultraconservadores.
El presidente Luis Abinader tenía un gran dilema. Necesitaba el nuevo Código Penal para hacer frente a los nuevos desafíos de la seguridad ciudadana y lucha contra los nuevos delitos, pero al mismo tiempo senadores y diputados le quitaron una cuestión central del proyecto, por la que no quiso dar la batalla, que eran los derechos de las mujeres a decidir. Tal vez tomó en cuenta que el contexto internacional no es favorable a las causales, porque Estados Unidos ha eliminado una parte sustancial de los derechos que había garantizado desde 1972, y con Donald Trump las políticas de derechos han retrocedido.
Es una tema para el debate, para la revisión, y para prepararse ante las nuevas batallas democráticas a las que se enfrentará el país en los próximos procesos, incluyendo las elecciones del 2028.
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