A las 6:56 de la mañana del lunes 17 de agosto, el Sistema 9-1-1 recibió la llamada. Para entonces, el fuego ya lo había dicho todo. Un camión cisterna cargado con 10 mil galones de gasoil ardía en plena avenida George Washington. El conductor no logró salir; una maestra que conducía detrás, tampoco. Los árboles del Malecón —ese bulevar que el Ayuntamiento del Distrito Nacional remozó, iluminó y protegió por ordenanza— cayeron. El asfalto se abrió. Y Santo Domingo se despertó con una pregunta inquietante: ¿Por qué persiste que estos vehículos pesados transiten por ahí?
La Ordenanza No. 2/2017 del Concejo de Regidores del Distrito Nacional prohíbe el tránsito de vehículos pesados por la George Washington fuera del horario de medianoche al mediodía, de lunes a viernes. Fuera de ese margen, y durante todos los fines de semana y feriados, la circulación queda totalmente prohibida.
Pero eso no es todo. El INTRANT tiene establecida una Zona de Acceso Restringido (ZAR) que abarca todo el eje del Malecón, desde el kilómetro 12 de Haina hasta el puente flotante. La Alcaldía del Distrito Nacional reforzó esas restricciones con la Ordenanza 14/2021, que prohíbe el acceso de vehículos de más de tres ejes en un perímetro que incluye las avenidas Paseo de los Reyes Católicos, República de Colombia y Luperón.
Tres normativas. Tres instituciones. Un mismo resultado: camiones y patanas circulando por el Malecón como si nada.
Cuando se emitió la Ordenanza No. 2/2017, las restricciones fueron definidas como transitorias, a la espera de que la Circunvalación de Santo Domingo entrara en operación como ruta alterna. Hoy, en 2026, la Circunvalación opera. El argumento de necesidad se agotó hace tiempo.
Pero el empresariado del transporte de carga encontró otro pretexto: el costo del peaje. Y en lugar de imponer la prohibición total que correspondía, las autoridades cedieron. Establecieron horarios nocturnos con excepciones diurnas. Negociaron con quienes debían fiscalizar. Como señaló con precisión la abogada Marisol Vincens, "es inconcebible que una vía destinada principalmente para el paseo y el turismo tenga que cohabitar con la agresión de ruidosos y peligrosos camiones que transportan cargas".
El resultado de esa condescendencia tiene nombre y apellido. Tiene dos familias de luto. Y tiene a un presidente del Senado que es, al mismo tiempo, líder e los sindicalistas camioneros, que desbaratan todo esfuerzo institucional del gobierno, del Ayuntamiento y del INTRANT para aportar seguridad en la avenida George Washington.
En la propia biografía de Ricardo de los Santos Polanco, publicada por el Senado de la República se expresa de este modo: "En el período 2001-2005 ocupa el cargo de Secretario General del Sindicato de Camioneros y Furgoneros de Cotuí. Al salir de la dirección de este gremio a finales del 2005, pasa a rotar por varias posiciones en el Comité Ejecutivo de FENATRADO, ocupa el cargo de presidente desde el 2016. Desde el año 2008 ascendió al cargo de vicepresidente de la Cámara Interamericana de Transporte (CIT), con una matrícula de 27 países afiliados, con su sede en Sao Paulo, Brasil. En el 2017 es elegido presidente capítulo República Dominicana, cargo que aun ostenta". Está claro que Fenatrado y el capítulo dominicano de la CTI tienen un extraordinario poder político, al parecer mucho más que el Ayuntamiento del Distrito Nacional.
La pregunta es ¿para qué tenemos autoridades? Tras la tragedia, el INTRANT salió a reiterar la prohibición. A recordar que existen señalizaciones. A informar que trabajan en herramientas tecnológicas para el seguimiento de vehículos. A esperar el informe de la DIGESETT para determinar si el camión tenía autorización.
Pero también, el director de Movilidad del INTRANT reconoció esta semana que "cada vía de acceso que llega al Malecón es una vía de los vehículos pesados para poder evadir los puntos de control". Es una confesión involuntaria de fracaso institucional. Si cada acceso es una vía de evasión, el sistema de fiscalización no existe. Existe la ilusión de uno.
En Acento.com.do creemos que no hacen falta nuevas ordenanzas. No hacen falta más reuniones con gremios. Lo que hace falta es voluntad política para aplicar lo que ya está escrito. Algunas medidas son inmediatas y no admiten más dilaciones:
1. Prohibición total y sin excepciones. El Malecón debe ser declarado zona de exclusión permanente para vehículos de carga, sin horarios nocturnos, sin excepciones diurnas, sin permisos discrecionales. La Circunvalación existe para eso.
2. Fiscalización real, no declarativa. Los puntos de control deben ser permanentes y estar dotados de tecnología —cámaras, lectores de placas— que eliminen la posibilidad de evasión. Si el Estado no puede controlar una avenida, que explique por qué o que se admite que quien tiene el poder está en la presidencia del Senado de la República.
3. Sanciones reales. La Ley No. 63-17 contempla penalidades. Que se apliquen. A la empresa, y a quien haya otorgado —o mirado para otro lado ante— una autorización indebida.
4. Responsabilidad institucional. El INTRANT, la DIGESETT y la Alcaldía del Distrito Nacional deben responder públicamente no solo por lo que ocurrió el 17 de agosto, sino por los años de incumplimiento que lo hicieron posible. La rendición de cuentas no puede esperar al próximo accidente.
5. Costo real del peaje para el transporte de carga. Si el argumento del empresariado fue siempre el precio del peaje en la Circunvalación, que se evalúe un esquema diferenciado para ese sector. Pero que quede claro: el costo de no pagar el peaje no puede seguir siendo la vida de las personas.
El Malecón es la vitrina de Santo Domingo. Lo que ocurrió no fue solo un incendio. Fue la imagen de un país que se resignó a vivir entre reglas decorativas y autoridades de utilería.
Dos vidas se perdieron. Eso no tiene vuelta atrás. Lo que sí puede cambiar es la decisión de que no vuelva a ocurrir. Pero eso requiere algo que hasta ahora ha escaseado más que los puntos de control en el Malecón: voluntad real de controlar el tránsito. Intrant y el ADN tienen que ponerse de acuerdo con el presidente del Senado de la República. Tal vez tienen capacidad de convencerle de que controle a sus sindicalistas y empresarios del transporte pesado.
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