La Ley 16-92 tiene 34 años. Nació cuando el correo electrónico era una curiosidad académica, cuando el "trabajo doméstico" no aparecía en ningún debate legislativo… Cuando la conciliación familia y trabajo era una quimera, y cuando la licencia de paternidad era, en el mejor de los casos, un chiste. El mundo laboral que esa ley regula dejó de existir hace al menos una década. Sin sumarle el advenimiento del trabajo por vía de plataformas. El Congreso, sin embargo, sigue postergando su reemplazo con una disciplina que ya roza lo institucional.
Este 16 de agosto arrancó la segunda legislatura ordinaria de 2026. El presidente reelecto de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, volvió a colocar el nuevo Código de Trabajo entre las prioridades, y con esto se convierte en la quinta vez que el Congreso anuncia esa misma urgencia. La primera legislatura cerró el 26 de julio sin aprobarlo, a pesar de que integraba un paquete de nueve reformas que el Ejecutivo declaró prioritarias en marzo. De ese paquete, una sola ley llegó al Ejecutivo.
Las tres centrales sindicales —CNUS, CNTD y CASC— enviaron una carta formal al Congreso el 13 de agosto pidiendo que el proyecto no se retome. Su argumento central es la cesantía: rechazan cualquier modificación a ese derecho y prefieren conservar el código vigente antes que arriesgarse a perderlo en una negociación que no controlan. Pepe Abreu, de la CNUS, preguntó públicamente para quién es "urgente" esta reforma. Desde su perspectiva e intereses, la pregunta es legítima; pero, la respuesta no debería ser el inmovilismo.
¡Por Dios! República Dominicana no puede seguir siendo un país con economía del siglo XXI y legislación laboral del siglo XX. El Congreso tiene la mayoría, tiene el mandato y tiene, por quinta vez, la oportunidad. Lo que no tiene es más tiempo para desperdiciarla.
Los sindicatos tienen razón en desconfiar de procesos legislativos que históricamente han favorecido al empleador cuando el trabajador no está en la mesa. Tienen razón en exigir que la cesantía no se toque sin garantías reales. Lo que no tienen, nadie lo tiene, es razón para defender una ley que deja sin protección laboral efectiva a cientos de miles de personas que trabajan desde sus casas, que cuidan hogares ajenos sin contrato formal, que tienen jornadas tan extenuantes que les impide vivir, o que necesitan tiempo para acompañar a un hijo recién nacido… Los que surcan la ciudad llevando mercancías sin protección.
El Código vigente no los protege. El proyecto en discusión, con todos sus defectos, al menos los nombra.
El debate sobre el Código de Trabajo se presenta como una disputa jurídica sobre cesantía y procedimientos procesales. No lo es. Es una disputa sobre quién tiene poder para definir las condiciones en que trabaja la mayoría de los dominicanos.
El teletrabajo ya es una realidad para una franja creciente de la fuerza laboral, pero opera en un vacío legal que beneficia al empleador: sin regulación, las horas extras no existen, los gastos de conectividad los absorbe el trabajador y el derecho a la desconexión es una aspiración sin respaldo. Las trabajadoras domésticas —en su mayoría mujeres, en su mayoría de los estratos más vulnerables— siguen atrapadas en un régimen de excepción que el código actual nunca terminó de resolver. Las licencias familiares que el proyecto amplía no son un beneficio: son una condición básica para que las mujeres puedan sostener una trayectoria laboral sin elegir entre el trabajo y la maternidad.
Cada año que el Congreso posterga esta reforma es un año en que esas personas trabajan sin respaldo.
El Partido Revolucionario Moderno controla ambas cámaras por sexto año consecutivo. Tiene la mayoría para aprobar esta reforma. Lo que le falta, hasta ahora, es la voluntad de asumir el costo político de hacerlo.
El 26 de agosto, el Ministerio de Trabajo aprobó un aumento del 20% al salario mínimo de la construcción. Es una señal, pero es también un gesto puntual que no reemplaza una reforma estructural. Subir un salario sectorial mientras se deja sin actualizar el marco legal que regula todos los salarios es administrar el síntoma y postergar el diagnóstico.
El diálogo tripartito que defiende el ministro es el camino correcto. Pero el diálogo no puede ser indefinido. En algún momento, gobernar implica tomar decisiones que no satisfacen a todos los actores. Los sindicatos deben tener garantías concretas sobre la cesantía, por escrito, en el texto, no en declaraciones de prensa. El sector empresarial debe aceptar que modernizar el mercado laboral tiene costos que no puede trasladar íntegramente al trabajador. Y el Congreso debe dejar de usar el "consenso pendiente" como excusa para no votar.
La primera legislatura cerró el 26 de julio sin aprobarlo, a pesar de que integraba un paquete de nueve reformas que el Ejecutivo declaró prioritarias en marzo. De ese paquete, una sola ley llegó al Ejecutivo.
Que esta sea la quinta legislatura en que el Código de Trabajo figura como prioridad no es una coincidencia: es una señal de que el sistema político dominicano tiene un problema serio para procesar reformas que generan conflicto real. No es el único caso, la reforma a la Seguridad Social lleva un recorrido similar, pero es el más urgente en términos de impacto cotidiano sobre la vida de los trabajadores.
¡Por Dios! República Dominicana no puede seguir siendo un país con economía del siglo XXI y legislación laboral del siglo XX. El Congreso tiene la mayoría, tiene el mandato y tiene, por quinta vez, la oportunidad. Lo que no tiene es más tiempo para desperdiciarla.
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