En un país donde las autoridades son reactivas más que preventivas, hay casos que, si se dejan enfriar, mueren dos veces. El primero en morir es el cuerpo. El segundo, la verdad. Y, en esta senda se llevan se encuentro la institucionalidad. Es por esto que Acento.com.do rescata el lamentable caso de Miguel Antonio Valenzuela, llamado "Miguelito", de 44 años, arrestado por rifas clandestinas, liberado en estado crítico, muerto horas después, y que corre ese riesgo de ser sepultado en el cruel olvido.
La versión oficial dice leptospirosis. La familia precisa que los análisis privados de un laboratorio con alta reputación, realizados el mismo día del fallecimiento, arrojaron negativo para leptospirosis y positivo para dengue. Dos diagnósticos. Una sola muerte. Y en medio de ello, cinco días en una celda del destacamento conocido como "La 17″, en San Cristóbal, sin atención médica oportuna, según denuncian quienes lo conocían y lo visitaron.
Eso, por sí solo, ya debería bastar para que este caso no se archive.
Sería cómodo —y conveniente para algunos— tratar este caso como un hecho aislado. No lo es.
En el primer semestre de este año 2026, 146 personas han muerto en intervenciones policiales en República Dominicana, un 16.4 % más que en el mismo período del año anterior. La curva es ascendente mes a mes: 19 en enero, 17 en febrero, 21 en marzo, 25 en abril, 35 en mayo. Cada número es una persona. Cada persona tiene una familia que, en muchos casos, tampoco confía en la investigación que se le promete.
A esa estadística se suman casos que han sacudido la conciencia pública en semanas recientes: Darlin Mercado Reyes, 19 años, baleado frente a una patrulla en Guajimía mientras se acercaba a los agentes —el video existe, circuló, indignó—; Jefferson Voicy Lamy, cuya muerte en Manoguayabo quedó parcialmente registrada en imágenes que contradijeron la versión inicial de los uniformados; Christopher Paredes, en Santo Domingo Oeste. La lista no cierra.
Lo que une a todos estos casos no es necesariamente la culpabilidad de la Policía en cada uno. Lo que los une es la opacidad. La ausencia de mecanismos independientes y creíbles que permitan establecer, con certeza y sin sospecha de parcialidad, qué ocurrió exactamente.
Que este caso no se enfríe. Que la Procuraduría actúe. Que los análisis contradictorios se resuelvan con ciencia y no con silencio. Que las condiciones de detención en San Cristóbal —y en todo el país— sean auditadas.
La Fiscalía de San Cristóbal tiene el caso abierto. Bien. Pero la familia de Miguelito pide, con razón, que sea un equipo ajeno a la jurisdicción local quien lo lleve. No es un capricho. Es una demanda de sentido común en un sistema donde la confianza institucional está erosionada y donde la cercanía entre operadores locales puede —no necesariamente lo hace, pero puede— comprometer la imparcialidad.
La Procuraduría General de la República, a cargo de Yeni Berenice Reynoso, aún no se ha pronunciado sobre la designación de ese equipo independiente, a cuatro días de la petición pública de la familia de Miguelito. Tampoco sobre la validez de los análisis privados presentados por la defensa. Ese silencio, a esta altura, no es neutral. Es un mensaje.
Las organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso han señalado algo que no debería sorprender pero que sigue siendo escandaloso: hay destacamentos y cuarteles en este país con capacidad para 20 personas que alojan hasta 100. En esas condiciones, cualquier enfermedad se convierte en sentencia. Si Miguelito contrajo leptospirosis —o dengue, o lo que fuera— mientras estaba detenido y no recibió atención médica a tiempo, el Estado tiene una responsabilidad que no desaparece por efecto de un diagnóstico forense.
Este editorial no pretende condenar a nadie antes de que la justicia hable. Pretende exactamente lo contrario: exigir que la justicia hable, y que lo haga con independencia, con rigor y sin que el tiempo borre las huellas.
Porque en República Dominicana hemos visto demasiadas veces cómo funciona el olvido institucional. Un caso genera indignación, los familiares protestan —como hicieron los de Miguelito, llevando el féretro hasta la sede policial en San Cristóbal—, los medios cubren durante unos días, y luego el expediente se enfría en un cajón mientras la vida sigue.
No podemos permitir que eso ocurra aquí.
La pregunta que debe responderse no es solo si Miguelito murió de leptospirosis o de dengue. La pregunta es por qué un hombre arrestado por rifas clandestinas salió de cinco días de detención en estado crítico. La pregunta es si recibió atención médica cuando la necesitó. La pregunta es si las condiciones de "La 17″ son compatibles con la dignidad humana que la Constitución dominicana garantiza a toda persona privada de libertad, incluso a quienes aún no han sido condenados por nada.
La Fiscalía de San Cristóbal tiene el caso abierto. Bien. Pero la familia de Miguelito pide, con razón, que sea un equipo ajeno a la jurisdicción local quien lo lleve. No es un capricho. Es una demanda de sentido común en un sistema donde la confianza institucional está erosionada
Desde Acento.com.do asumimos el compromiso de seguir este caso. No porque tengamos una conclusión predeterminada, sino porque el periodismo tiene una función que no puede delegarse: ser la memoria que el poder preferiría que no existiera.
La familia de Miguelito no pide venganza. Lo dijo su padre, Miguel Maldonado Lucas, con una claridad que merece respeto: "Solo buscamos que los responsables respondan por este hecho". Es una demanda justa, mínima, civilizada. Y es exactamente lo que un Estado de derecho debería garantizarle sin que nadie tenga que llevar un féretro a la puerta de un cuartel para ser escuchado.
Que este caso no se enfríe. Que la Procuraduría actúe. Que los análisis contradictorios se resuelvan con ciencia y no con silencio. Que las condiciones de detención en San Cristóbal —y en todo el país— sean auditadas.
Y que, la próxima vez que alguien entre a una celda dominicana, salga vivo y con su salud intacta.
Eso no es pedir demasiado. Es pedir lo mínimo.
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