Desde el pasado lunes, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha comenzado a aplicar la Norma General 06-23. Esta norma designa a las empresas de adquirencia (como los bancos y procesadores de pagos electrónicos) como agentes de retención del ITBIS en transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito, débito u otros medios electrónicos. Para los negocios que están debidamente inscritos en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), se retendrá un 2% del monto facturado como adelanto del ITBIS, que luego puede ser acreditado en la declaración fiscal.
Sin embargo, si el negocio no está registrado o presenta un estado inactivo, la retención puede aumentar hasta un 18% del valor de la transacción, siempre que esta supere los RD$300,000. En transacciones menores, la retención sigue siendo del 2%. Esta medida tiene como objetivo promover la formalización y evitar la evasión fiscal, pero también representa una carga administrativa y financiera significativa para pequeños empresarios.
A esto se suma el costo habitual del uso del “verifone” (alrededor del 5%), lo que hace que una transacción formal con tarjeta implique una reducción considerable del flujo de caja inmediato para el comerciante. Esto puede incentivar prácticas informales como descuentos por pagos en efectivo, que escapan al control fiscal y erosionan la base tributaria.
Una estructura tributaria que desincentiva la digitalización
Además, existe desde hace tiempo un impuesto del 0.15% sobre todas las transacciones electrónicas, incluidas las realizadas por personas físicas. Aunque esta tasa parece baja, en la práctica actúa como un freno al uso de pagos digitales, contradiciendo las políticas de inclusión financiera y modernización de la economía que el propio Estado promueve.
Un reciente artículo publicado por Listín Diario revela que el 85% de las microempresas en zonas como Dajabón, Los Cacaos y Domingo Savio no tienen intención de digitalizarse. La razón principal no es la falta de acceso tecnológico, sino la percepción de que formalizarse conlleva más cargas que beneficios. Sin incentivos claros, muchos prefieren mantenerse en la economía informal.
¿Por qué es importante formalizar la economía?
La formalización de la economía no es solo un objetivo técnico, sino un imperativo para el desarrollo sostenible. Cuando una gran parte de los agentes económicos opera al margen del sistema, se generan múltiples efectos negativos.
En primer lugar, la carga tributaria se concentra en un reducido grupo de empresas y ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, lo que puede generar descontento y sensación de injusticia. Además, el Estado ve limitada su capacidad de recaudación, lo que restringe su habilidad para invertir en áreas esenciales como salud, educación, seguridad y servicios públicos. La competencia desleal también se intensifica, ya que los negocios informales pueden ofrecer precios más bajos al evadir impuestos, perjudicando a las empresas que sí cumplen con la ley. Por último, los trabajadores en el sector informal carecen de protección social, derechos laborales y acceso a financiamiento formal, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión.
En contraste, una economía formalizada promueve un entorno más equitativo, competitivo y sostenible, donde los beneficios del crecimiento económico se distribuyen de manera más justa.
Lecciones desde Europa: el caso de los Países Bajos
En países como los Países Bajos, la formalización de la economía ha sido un proceso exitoso basado en confianza, incentivos y educación. Allí se apuesta por la simplificación tributaria: los trámites son digitales, los formularios sencillos, y se ofrece atención personalizada a los pequeños contribuyentes.
También existen deducciones fiscales para emprendedores nuevos, programas de acompañamiento y beneficios tangibles para quienes cumplen. No se trata solo de controlar, sino de construir una relación de colaboración entre ciudadano y Estado.
Además, en los Países Bajos, los empresarios que depositan efectivo en el banco deben pagar tarifas por cada depósito, mientras que las transacciones digitales suelen ser gratuitas. Este sistema incentiva el uso de pagos electrónicos y reduce la dependencia del efectivo.
Este enfoque ha permitido una alta tasa de cumplimiento voluntario, una baja evasión fiscal y una administración pública más eficiente.
¿Qué puede hacer la República Dominicana?
La formalización no se logra mediante sanciones, sino a través de incentivos adecuados y una estrategia pedagógica sostenida. Para avanzar en esta dirección, la República Dominicana podría implementar una serie de medidas concretas. Es fundamental incorporar desde la escuela la enseñanza sobre el valor de la formalidad económica, el civismo fiscal y la alfabetización digital, para formar ciudadanos conscientes de su rol en el desarrollo del país. Asimismo, es necesario simplificar los trámites relacionados con el registro de negocios, la emisión de facturas y la declaración de impuestos, de modo que los emprendedores no perciban la formalización como un obstáculo. También se podría establecer una reducción temporal de la carga fiscal para aquellos que se integren al sistema formal, facilitando su transición. Paralelamente, se debe recompensar el buen comportamiento fiscal mediante el acceso a crédito con condiciones preferenciales, la posibilidad de recibir subvenciones o de participar con prioridad en licitaciones públicas. Por último, sería oportuno revisar ciertos impuestos regresivos —como la tasa del 0.15% sobre pagos digitales— que, en lugar de incentivar la bancarización y la transparencia, terminan desincentivando el uso de medios electrónicos.
Conclusión: una oportunidad disfrazada de obstáculo
La Norma 06-23 ha generado preocupación entre muchos sectores, y con razón. Pero también ofrece una oportunidad: la de abrir un debate nacional sobre cómo avanzar hacia una economía más formal, inclusiva y resiliente.
La informalidad no debe verse como una simple infracción, sino como una respuesta racional a un sistema que muchas veces penaliza el cumplimiento. Si queremos una República Dominicana más justa y desarrollada, necesitamos políticas públicas que entiendan esta realidad y actúen en consecuencia. Formalizar no debe ser un castigo, sino una promesa de progreso.
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