La Contraloría General de la República dio por subsanados los ocho puntos examinados en su respuesta a la réplica del Plan de Asistencia Social de la Presidencia sobre la auditoría de 2023 y 2024. La decisión se basó en las explicaciones de la entidad y en la documentación suministrada posteriormente, aunque algunas medidas aún estaban en trámite cuando se presentó la respuesta institucional.
En su réplica del 27 de agosto de 2025, el Plan Social informó de ajustes en sus controles internos y explicó cómo atendía las observaciones sobre registros financieros, almacenes, bienes, compras y archivos de personal.
Sin embargo, la réplica institucional examinada no hizo referencia a la subutilización de los presupuestos de 2023 y 2024. Aunque el Plan Social ofreció explicaciones sobre la relación entre su planificación operativa y sus compras, no abordó en ese documento las razones por las que parte de los recursos presupuestados quedó sin utilizar.
Por su parte, la respuesta definitiva de la Contraloría, fechada el 2 de octubre de 2025, corresponde a la auditoría del período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. El anexo declara subsanados los ocho puntos revisados.
La documentación distingue dos momentos: las acciones que la entidad describió al presentar su réplica y la evaluación posterior de la Contraloría. Salvo en el caso de las gestiones para titular el terreno, la respuesta definitiva no individualiza la documentación suministrada posteriormente que el órgano de control afirma haber evaluado.
Registros financieros y sistema pendiente
Frente al señalamiento de que no contaba con un sistema integrado de gestión, el Plan Social explicó que disponía de SAF WEB, una herramienta de administración financiera cuyo desarrollador había dejado de ofrecer soporte. Según la réplica, esa situación impedía realizar las actualizaciones y mejoras necesarias.
La entidad informó que evaluaba alternativas para adquirir un sistema que conectara inventarios, presupuesto, finanzas y procesos administrativos. Mientras tanto, aseguró que utilizaba procedimientos manuales y registros en Excel y Word para documentar sus transacciones y responder a los requerimientos de información.
Como respaldo, la entidad citó una instrucción para iniciar la adquisición del sistema, políticas de control interno y cuadros de operaciones. La Contraloría acogió los argumentos y la documentación posterior, declaró subsanado el punto e indicó que ameritaba un cambio en el informe. Sin embargo, no precisó si el nuevo sistema ya estaba instalado.
Según la observación reproducida en ambos documentos, los auditores también señalaron que los estados financieros no se presentaban de forma comparativa, como establece el manual de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. En ese punto, el Plan Social respondió que aplicaba ese formato desde junio de 2025 y citó como anexo los estados de ese mes con sus notas explicativas. La Contraloría dio por subsanada la observación.
Almacenes y medidas de seguridad
De acuerdo con el hallazgo reproducido en la réplica y en la respuesta definitiva, los auditores habían señalado dificultades para separar e identificar los artículos almacenados, limitaciones de espacio y ausencia de un sistema contra incendios. En los depósitos externos de los kilómetros 22 y 24 de la autopista Duarte, consideraron insuficiente el personal de seguridad para la extensión de las instalaciones.
De su lado, el Plan Social sostuvo que había reorganizado y clasificado los bienes y reforzado la vigilancia en ambos almacenes. Sobre el sistema contra incendios, informó que había ordenado evaluar su posible instalación. También señaló que solicitó adecuar el piso donde se almacenaban materiales de construcción.
Como respaldo, citó fotografías, un memorándum para aumentar la presencia militar y un oficio de solicitud de evaluación. La Contraloría acogió los argumentos y los documentos posteriores y declaró subsanado el hallazgo, sin precisar si el sistema contra incendios estaba instalado o si la adecuación del piso había concluido.
La sede y las gestiones de titulación
Sobre la falta de título del terreno donde funciona su oficina principal, el Plan Social afirmó que había enviado cuatro solicitudes formales de regularización sin obtener una respuesta favorable. Explicó que el inmueble estaba dentro de la parcela 199-B y sus anexidades, en el distrito catastral número 6, y que no contaba con un certificado de título particular.
Según la réplica, la Dirección General de Bienes Nacionales le comunicó verbalmente que la unidad estatal de titulación trabajaba por áreas geográficas y que la zona de la sede aún no había sido incluida en el proceso.
La Contraloría citó una solicitud de regularización del inmueble fechada el 18 de julio de 2025 y recibida en Bienes Nacionales el 12 de agosto de ese año. Tras evaluar esa gestión y la documentación aportada, declaró subsanada la observación. Su respuesta no informa de la emisión de un título de propiedad.
Identificación y valor de los bienes
Ante la ausencia de códigos internos en mobiliarios y equipos de transporte, el Plan Social sostuvo que el etiquetado institucional tenía un avance del 90 por ciento. Aclaró que los bienes ya poseían la identificación de Bienes Nacionales, aunque todavía se trabajaba en la codificación propia.
También citó un manual de manejo y codificación de bienes pendiente de aprobación, instrucciones al área financiera y muestras del etiquetado de vehículos. La Contraloría declaró subsanado el punto tras evaluar los argumentos y la documentación posterior, sin precisar si la codificación había alcanzado el 100 por ciento.
En cuanto al inventario sin valoración completa, la institución distinguió entre las adquisiciones de la gestión que presentó la réplica y las de períodos anteriores. Aseguró que los mobiliarios y equipos de oficina comprados durante esa gestión estaban registrados con su costo de adquisición, depreciación acumulada y valor en libros en el sistema de Contabilidad Gubernamental.
En cambio, la réplica reconoció que una parte importante de los bienes adquiridos en períodos anteriores carecía de costos de adquisición y valores en libros. La entidad aseguró que trabajaba en completar esos datos para actualizar sus registros contables.
Como respaldo, citó un manual de registro, valoración, depreciación, baja y mantenimiento de activos fijos pendiente de aprobación, una instrucción al área financiera y una muestra de la valoración de vehículos. La Contraloría dio por subsanado el hallazgo tras examinar los alegatos y la documentación posterior e indicó que ameritaba un cambio en el informe.
La explicación sobre las compras
El Plan Social también defendió la relación entre su Plan Operativo Anual y su Plan Anual de Compras y Contrataciones. Según la observación reproducida en los documentos examinados, los auditores habían señalado actividades sin asignaciones presupuestarias detalladas, partidas para kits de limpieza sin una finalidad clara en la planificación operativa y objetivos tecnológicos y de capacitación sin partidas explícitas.
En respuesta a esas observaciones, la institución explicó que algunas actividades no requerían fondos adicionales porque se realizaban con personal e insumos disponibles. Sobre los kits de limpieza, sostuvo que esa denominación correspondía a una categoría del catálogo de compras utilizada para los materiales de aseo y mantenimiento de sus instalaciones.
No obstante, reconoció que esa necesidad no quedó especificada en el plan operativo de 2023 y lo atribuyó a la falta de un responsable de Servicios Generales cuando se preparó el documento. Según la réplica institucional, la situación se corrigió en 2024 con recursos destinados a mantener las condiciones de higiene.
En tecnología, afirmó que el plan de compras de 2023 incluía software para oficinas. Argumentó que la plantilla estandarizada exigía utilizar códigos del catálogo y que las descripciones no siempre coincidían con los objetivos estratégicos. También aseguró que obtuvo la puntuación máxima en el apartado del Índice de Control Interno sobre la alineación entre compras y planificación operativa.
La entidad citó matrices de alineación y resultados del indicador correspondientes a 2024 y 2025. La Contraloría acogió los argumentos y los documentos posteriores, declaró subsanado el punto e indicó que ameritaba un cambio en el informe.
Expedientes de personal
En una muestra de 65 expedientes de personal, los auditores identificaron 62 sin resultados de pruebas psicométricas, de competencias y técnicas; 51 sin cartas de no objeción del Ministerio de Administración Pública; 18 sin certificados de estudios y siete sin hojas de vida, según el detalle reproducido en la réplica y en la respuesta definitiva.
Ese detalle también registró 20 expedientes sin informes de entrevista, 45 sin constancia de la evaluación de desempeño del último año y 51 sin certificado médico. La observación reproducida en la réplica añadió tres archivos sin contrato de trabajo o nombramiento, un renglón que no figura en la enumeración de la respuesta definitiva. Las cantidades corresponden a faltantes dentro de la misma muestra y no deben sumarse como si representaran empleados distintos.
Ante esos faltantes, el Plan Social informó que había evaluado y actualizado las políticas para elaborar y custodiar los expedientes. Citó como anexo una instrucción al Departamento de Recursos Humanos, pero no desglosó cuántos archivos había completado.
La Contraloría aceptó los alegatos y la documentación suministrada posteriormente y dio por subsanado el hallazgo. Su respuesta no identifica cuántos archivos fueron completados ni enumera los documentos incorporados después de la réplica.
El alcance de la respuesta definitiva
En su carta, la Contraloría fijó un plazo máximo de 15 días laborables, contado desde la recepción de esa comunicación, para presentar un plan de acción sobre los hallazgos que permanecieran sin cambios. Debía incluir actividades, responsables, fechas de corrección, medidas de mitigación e indicadores o evidencias de cumplimiento, así como una fecha tentativa para que el equipo de seguimiento verificara las correcciones en las instalaciones.
Ahora bien, esa exigencia no implica que los ocho puntos del anexo siguieran abiertos: todos fueron declarados subsanados. La carta tampoco identifica cuáles otras observaciones, si las hubiera, debían incorporarse al plan de acción.
La respuesta definitiva dio por atendidos los ocho asuntos tras evaluar también documentación posterior a la réplica. Aun así, ese resultado no basta para confirmar que todas las medidas anunciadas en agosto de 2025 estuvieran concluidas: el detalle de su ejecución no figura en la contestación institucional.
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