Desde el 24 de julio, cada exportación dominicana que llega a Estados Unidos paga un arancel adicional del 12,5 % bajo la Sección 301 de la Trade Act de 1974. El Salvador y Guatemala pagan el 10 %. La diferencia es de 2.5 puntos porcentuales. En sectores donde el margen de ganancia rara vez supera un dígito —textiles, alimentos procesados, dispositivos médicos—, esa brecha basta para desviar una orden de compra o redirigir una planta de producción.
Ese es el hallazgo central del informe de inteligencia económica y comercial que YSC Political Intelligence elaboró para la Federación de Asociaciones de Industriales (FAI), con corte al 26 de agosto de 2026. El documento no describe una crisis consumada: describe una ventaja relativa que se está erosionando, y lo hace con precisión sectorial.
Por qué El Salvador y Guatemala quedaron en el 10 %
En enero de 2026, ambos países firmaron con Washington los llamados Acuerdos sobre Comercio Recíproco (ART). Además del compromiso arancelario, los ART incorporan disciplinas que la política comercial estadounidense exige en el contexto geoeconómico actual: controles de exportación, trazabilidad verificable contra el trabajo forzoso, comercio digital y reglas sobre empresas estatales.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, publicó el 23 de julio el resultado de las investigaciones abiertas en marzo. En este se concluye que República Dominicana no implementó de manera efectiva una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso. El arancel adicional del 12,5 % entró en vigor al día siguiente.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, aclaró que la medida no apunta específicamente al país y que el gobierno trabaja con Washington para revertirla. Mientras tanto, el senador Félix Bautista sometió al Senado, el 17 de agosto, un proyecto de ley para prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso, como palanca para negociar la reducción al 10 %. Según sus cálculos, igualar la tasa representaría un ahorro de US$182 millones al año para el sector exportador.
El informe de la FAI va más lejos: advierte que el problema no es solo el arancel. Es que los socios centroamericanos con ART amarraron sus parques industriales y zonas francas directamente a los estándares logísticos y de seguridad que exige Washington. Los que no tienen ese acuerdo, se refiere a República Dominicana y Costa Rica, quedan expuestos a mayor percepción de riesgo operativo y mayor escrutinio de trazabilidad.
Los cuatro sectores que el diagnóstico marca en rojo
Textiles y confecciones: la amenaza más inmediata
El informe califica este sector como de riesgo crítico y señala a El Salvador y Guatemala como los competidores directos. La razón es estructural: las decisiones corporativas de reabastecimiento y asignación de contratos en confección textil se planifican con 18 a 24 meses de anticipación. El desplazamiento competitivo no aparece primero en las estadísticas de aduanas; aparece en las reuniones de directorio de las marcas compradoras.
La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) alertó en agosto que el arancel del 12,5 %, combinado con el tipo de cambio desfavorable, encarece los costos operativos y reduce el atractivo del país para nuevas inversiones. La menor integración vertical de la cadena textil dominicana agrava la vulnerabilidad.
Dispositivos médicos: el liderazgo que hay que defender
Este es el principal motor exportador de las zonas francas dominicanas: US$2.890,4 millones en 2025. Costa Rica es el rival más profundo de la región, con una red densa de proveedores especializados de segundo nivel que República Dominicana no tiene. Los ART, además, facilitan a El Salvador y Guatemala la homologación regulatoria ante la FDA estadounidense.
El diagnóstico identifica dos cuellos de botella concretos: los tiempos de registro sanitario y la limitada profundidad de proveedores locales. Sin resolver esos dos puntos, el país no puede competir por plantas de mayor complejidad.
Arroz: la fricción más antigua con Washington
El arroz es el sector donde la presión de la USTR tiene historia. El informe señala que Washington cuestiona la administración del contingente arancelario dominicano y que el 99 % de las importaciones estadounidenses de arroz entran fuera de cuota. El productor local compite contra un sistema de subsidios federales —el Price Loss Coverage (PLC)— cuyo precio de referencia subió para 2025 de US$14,00 a US$16,90 por quintal corto, lo que permite al productor norteamericano exportar con un colchón financiero que el dominicano no tiene.
Zonas francas y nearshoring: la disputa por la inversión futura
El régimen de zonas francas es, al mismo tiempo, el activo más valioso del país y el blanco directo de la competencia regional. Para retener proyectos de nearshoring, el informe plantea que las zonas francas dominicanas deben garantizar —de forma transparente y verificable— la certificación de origen, las condiciones laborales y la seguridad física de toda la cadena logística. Sin esa garantía, la ventaja arancelaria de los competidores con ART se convierte en argumento suficiente para redirigir la inversión.
La hoja de ruta que propone el informe
El diagnóstico de la FAI no se limita al mapa de riesgos. Propone elevar la complejidad productiva de las zonas francas mediante la integración de inteligencia artificial y manufactura de mayor valor agregado, y negociar con Washington condiciones de seguridad económica y trazabilidad que permitan al país acceder a un tratamiento arancelario equivalente al de los países con ART.
La firma Deloitte, en un análisis publicado el 9 de agosto, apuntó en la misma dirección: las empresas exportadoras deben revisar las reglas de origen del DR-CAFTA, identificar productos excluidos del arancel adicional y recalcular sus costos de operación. La competitividad futura, advirtió Carolina Palma, socia de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte, depende de la capacidad de adaptación.
El informe de la FAI lo dice con más urgencia: el DR-CAFTA sigue garantizando el acceso preferencial al mercado estadounidense. La presión está en la ventaja relativa frente a socios del mismo tratado que ya firmaron una segunda línea de compromisos con Washington. Eso se nota primero en órdenes de compra, ampliaciones de planta y decisiones de inversión.
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