República Dominicana cerró 2025 con una nueva Ley de Hidrocarburos y estudios científicos que amplían el conocimiento del subsuelo, aunque sin confirmar reservas comerciales de petróleo.
El cambio central del año fue la promulgación de la Ley 37-25, que sustituyó el marco legal vigente desde 1956 y redefine las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.
La normativa establece reglas de inversión actualizadas, exige participación mínima de capital dominicano y busca alinear la actividad con la Constitución y estándares internacionales.
En paralelo, el Estado concluyó una campaña nacional de gravimetría, que incorporó más de 600 nuevas mediciones de gravedad para mejorar los modelos geofísicos existentes.
Los datos permitieron actualizar el mapa de anomalía de Bouguer, utilizado para identificar estructuras subterráneas con potencial petrolero y reducir la incertidumbre exploratoria.
En el plano operativo, el Gobierno firmó un acuerdo de producción compartida con el consorcio Global Min, que otorga derechos de exploración por once años en los bloques CB1 y CB2 de la cuenca del Cibao.
El esquema transfiere al sector privado la inversión y ejecución de las operaciones, sin comprometer recursos fiscales del Estado.
Los avances se complementaron con un estudio geoquímico elaborado por la firma internacional Geolog Technologies, que identificó condiciones geológicas favorables en cuencas del Cibao y la región Sur.
El informe aclaró que los hallazgos no implican reservas comercialmente explotables, sino una mejora en la caracterización del potencial hidrocarburífero nacional.
En el ámbito económico, el Ministerio de Energía y Minas reportó una reducción interanual de 5.5 % en el valor de las importaciones de combustibles durante el tercer trimestre de 2025.
Las autoridades sostienen que estos cambios colocan al país en una posición distinta frente a la exploración petrolera, con más información técnica y un marco legal actualizado.
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