Cada año, bajo las consultas del Artículo IV, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza la situación económica y financiera de los países miembros. En el caso de la República Dominicana, desde 2020 este organismo ha transmitido un mensaje claro: la recuperación y estabilidad del país requieren un equilibrio entre el apoyo a la economía, la sostenibilidad fiscal y el fortalecimiento institucional. La visita programada para septiembre de 2025 se enmarca en un escenario particularmente complejo, marcado por el incremento de la deuda pública, la depreciación acelerada del tipo de cambio y la presión que ejercen los vencimientos financieros sobre las cuentas fiscales.
Entre el 2021 y 2022, cuando la pandemia de COVID-19 aún golpeaba a las economías, el FMI reconoció la respuesta temprana del país: aumento del gasto en salud, transferencias sociales, alivios fiscales y una política monetaria flexible. No obstante, el organismo recomendó consolidar el gasto no prioritario, ampliar la base tributaria y revisar exenciones fiscales que erosionaban los ingresos. También insistió en avanzar en la reforma del sector eléctrico y en fortalecer la gobernanza fiscal mediante una legislación clara de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.
A partir de 2023 y 2024, con una inflación convergiendo rápidamente al rango meta del Banco Central (4 ± 1 %), el FMI destacó la resiliencia del crecimiento dominicano. La política monetaria se tornó más laxa, favoreciendo cierta flexibilidad cambiaria aunque con intervenciones para suavizar la volatilidad. Sin embargo, el organismo advirtió que la regulación bancaria debía alinearse con los estándares internacionales y que era urgente mejorar la eficiencia del gasto público y la administración tributaria. El sector cooperativo y los llamados “bancos sombra” también fueron señalados como espacios que requerían mayor supervisión para prevenir riesgos sistémicos.
De cara a 2025, y sin un informe oficial todavía publicado, la lógica de los reportes previos permite prever cuáles serán los mensajes centrales. En primer lugar, el FMI pondrá sobre la mesa la urgencia de una reforma fiscal integral. Con casi un 30 % de los ingresos públicos comprometidos al pago de la deuda, el espacio para inversión social y productiva se reduce peligrosamente. Ampliar la base tributaria, revisar exenciones ineficientes y fortalecer la administración tributaria se volverán recomendaciones ineludibles. El objetivo no es solo recaudar más, sino liberar recursos para áreas críticas como educación, salud, infraestructura y programas de reducción de pobreza.
En segundo lugar, el FMI volverá a insistir en la eficiencia del gasto público. La presión por mantener subsidios generalizados, especialmente en el sector eléctrico, absorbe recursos que podrían destinarse a inversiones de mayor impacto. El organismo suele recomendar focalizar subsidios en los sectores más vulnerables, garantizando equidad, y recortar aquellos que terminan beneficiando a quienes no los necesitan. La disciplina en el gasto no se trata únicamente de gastar menos, sino de asegurar que cada peso tenga un efecto multiplicador en crecimiento y bienestar social.
Otro eje central será la política monetaria y cambiaria. La depreciación acelerada del peso dominicano encarece las importaciones, presiona los precios internos y erosiona el poder adquisitivo. Aunque a corto plazo puede mejorar la competitividad externa, un deslizamiento abrupto genera incertidumbre y eleva los costos financieros. El FMI probablemente recomendará mantener una política monetaria prudente y una intervención cambiaria selectiva, evitando la tentación de sostener artificialmente la moneda a costa de perder reservas internacionales.
El sistema financiero, con énfasis en las cooperativas y entidades no bancarias, será otro punto sensible. El FMI ha advertido que estas instituciones, si no están adecuadamente supervisadas, representan riesgos para la estabilidad general. En un contexto de deuda elevada y posibles incrementos en la morosidad de los créditos (NPL), se hace necesario exigir provisiones adecuadas y reforzar los estándares regulatorios conforme a las mejores prácticas internacionales.
El FMI llamará la atención sobre la sostenibilidad del endeudamiento. Con un servicio de deuda que absorbe una parte creciente de los ingresos fiscales, la República Dominicana corre el riesgo de caer en una trampa de endeudamiento: pedir prestado para pagar deuda. Este círculo vicioso puede comprometer no solo las finanzas públicas, sino también la confianza de los inversionistas internacionales y la calificación crediticia del país.
Las consecuencias de no atender estas advertencias son claras. Una inflación persistente deteriora el poder de compra de los hogares; una competitividad erosionada desincentiva la inversión; y una deuda creciente, sumada a un tipo de cambio volátil, multiplica la vulnerabilidad del país ante shocks externos, como variaciones en los precios del petróleo, cambios en las tasas de interés internacionales o eventos climáticos extremos.
El FMI ha sido consistente en sus recomendaciones: consolidación fiscal inteligente, eficiencia en el gasto, reforma del sector eléctrico, modernización financiera y fortalecimiento institucional. En septiembre de 2025, estos mensajes se escucharán con mayor urgencia, pues el país enfrenta el reto de evitar que la carga de la deuda y la depreciación de la moneda limiten su potencial de crecimiento. El llamado no será solo a resistir coyunturas adversas, sino a implementar reformas estructurales que permitan asegurar la sostenibilidad económica en el largo plazo.
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La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jesusgeraldomartinez@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram
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