El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, advirtió que debe erradicarse la práctica de recibir bienes y servicios sin que exista un contrato previamente registrado y certificado por la Contraloría General de la República (CGR).
“Tenemos que eliminar la mala práctica de recibir bienes y servicios sin tener contrato registrado y certificado por la Contraloría”, expresó el funcionario al dirigirse a colaboradores de la CGR, al señalar que este tipo de acciones suele derivar en controversias y demandas, además de complicar el pago posterior de los compromisos asumidos, con impacto en la seguridad jurídica y la correcta administración de los recursos públicos.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una jornada formativa organizada por la Contraloría, orientada a fortalecer las capacidades institucionales ante la entrada en vigencia de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, normativa que —según se explicó— actualiza los estándares de control, transparencia y eficiencia en las compras del Estado.
Pimentel indicó que la ley introduce un giro en la gestión de las contrataciones, al priorizar un enfoque preventivo basado en gestión de riesgos y cumplimiento estricto de los procedimientos. Recalcó que la formalización contractual es clave para asegurar trazabilidad, rendición de cuentas y la protección del interés público.
De su lado, el contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, valoró el alcance de la actualización normativa y sostuvo que su aplicación fortalece el control interno.
“Esta conferencia es una muestra de compromiso institucional y una oportunidad de oro para reiterar que no existen argumentos ni urgencias que le permitan a las instituciones realizar procesos o registros de contratos fuera de la ley y del marco legal”, enfatizó.
Durante la actividad, el personal recibió una exposición integral sobre los ejes centrales de la ley, que promueve la integridad en cada etapa de la contratación, la profesionalización de los actores del sistema y el fortalecimiento del rol rector en la supervisión y regulación.
También se discutieron los criterios para escoger los procedimientos de contratación, según la cuantía y la naturaleza de los bienes, servicios u obras, así como modalidades más ágiles para elevar la eficiencia sin afectar la transparencia.
Otro punto abordado fue el enfoque de evaluación de ofertas, que supera el criterio del menor precio e incorpora el concepto de “valor por dinero”, tomando en cuenta variables técnicas, económicas y de sostenibilidad, alineadas con buenas prácticas internacionales.
Pimentel destacó, además, el fortalecimiento de los comités de compras y contrataciones, cuyos miembros deberán mantener formación continua, y la ampliación de las atribuciones del órgano rector para mejorar el control y seguimiento de los procesos.
El titular de la DGCP explicó igualmente que las modificaciones contractuales quedan sujetas a límites y condiciones más definidos, con el objetivo de resguardar el interés público, junto con un régimen sancionador más equilibrado que busca asegurar responsabilidad administrativa sin vulnerar derechos, contribuyendo a elevar la confianza en el sistema.
Asimismo, se refirió al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (Eficompras) como una herramienta clave para digitalizar procesos, facilitar el acceso a información en tiempo real y reforzar la transparencia institucional.
En la jornada participaron el subcontralor Cecilio Disla; el responsable de Auditorías Especiales, Rolando Saldívar; la directora de Recursos Humanos, Fabiola Acosta, además de directores, encargados y colaboradores de la institución.
Compartir esta nota