El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) pidió al Gobierno explicar qué medidas adoptará para proteger la producción nacional de arroz ante la apertura comercial, al considerar que el debate no debe limitarse a los aranceles, sino incluir la seguridad alimentaria y la capacidad del país para garantizar el abastecimiento ante posibles crisis internacionales.
La entidad sostuvo que la dependencia del transporte marítimo y aéreo para recibir productos importados expone a República Dominicana a interrupciones del suministro provocadas por conflictos internacionales, emergencias sanitarias o fenómenos naturales.
En ese contexto, defendió el fortalecimiento de la producción agrícola nacional como parte de una política de prevención que permita reducir la dependencia del exterior y mantener el abastecimiento de alimentos.
Según las cifras del Ministerio de Agricultura citadas por ONPECO, la cosecha nacional de arroz superó los 14 millones de quintales en 2024 y se aproximó a los 14.8 millones en 2025.
El observatorio también recordó las crisis internacionales de cereales de 2008 y 2011 y consideró que esas experiencias deben servir de referencia para las decisiones actuales sobre la producción y el comercio de alimentos.
ONPECO cuestiona la preparación ante la desgravación arancelaria
La organización señaló que la apertura comercial del arroz estaba prevista en el calendario de desgravación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), por lo que, a su juicio, las autoridades disponían de tiempo para preparar medidas que fortalecieran la competitividad del sector arrocero.
ONPECO recordó que en diciembre de 2024 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 693-24, mediante el cual estableció medidas arancelarias para regular las importaciones de arroz.
Sin embargo, según la entidad, esa disposición fue derogada en septiembre de 2026 mediante el Decreto 635-26. Ante ese cambio, reclamó una explicación pública sobre las decisiones que tomará el Gobierno para preservar la capacidad productiva y evitar que los costos de la transición comercial recaigan sobre los productores y los consumidores.
El observatorio reconoció que los acuerdos internacionales deben cumplirse, pero sostuvo que esa obligación debe acompañarse de políticas públicas que permitan proteger la producción agrícola nacional.
Financiamiento, riego y reservas de alimentos
Entre las medidas que propone, ONPECO mencionó facilitar el financiamiento a los productores, mejorar el acceso a tecnología, fortalecer los sistemas de riego, promover seguros agropecuarios y respaldar a los pequeños y medianos agricultores.
También planteó desarrollar mecanismos de almacenamiento y reservas, además de impulsar la producción de otros alimentos que puedan cultivarse en el territorio dominicano.
La organización considera que la seguridad alimentaria no debe depender exclusivamente de que el comercio internacional opere sin interrupciones, sino de la capacidad nacional para mantener una oferta suficiente de productos esenciales.
El consumidor y el origen del arroz
ONPECO también pidió tomar en cuenta las preferencias de los consumidores dominicanos, acostumbrados a determinadas características del arroz producido en el país, como su textura y comportamiento durante la cocción.
La entidad aclaró que su planteamiento no supone afirmar que todo el arroz importado sea de menor calidad. En cambio, defendió el derecho de los consumidores a recibir información clara sobre el origen, la calidad y las características de los productos que compran.
A su entender, la competencia comercial debe ofrecer alternativas sin ignorar las preferencias alimentarias de la población ni el valor económico de la producción nacional.
Finalmente, el observatorio exhortó a las autoridades a convocar un diálogo con productores, comerciantes, especialistas y organizaciones de consumidores para definir medidas concretas que fortalezcan la producción arrocera y diversifiquen la oferta alimentaria.
La entidad sostuvo que proteger la producción nacional no implica cerrar el mercado al comercio exterior, sino reducir la exposición del abastecimiento alimentario a acontecimientos y decisiones que escapan al control del país.
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