Hay una cifra en el más reciente informe de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas de la Superintendencia de Bancos que ha recibido menos atención de la que merece. Al cierre de abril de 2026, la tasa de interés promedio ponderada de la cartera mipyme se situó en 13.5 %, mientras el resto de la cartera comercial pagó 9.0 %. Son 4.5 puntos porcentuales de diferencia.
En esa misma fecha, la morosidad simple del segmento fue de 2.15 %, superior al 1.86 % registrado un año antes, pero todavía por debajo de su promedio histórico de 2.66 %.
Puestas una al lado de la otra, ambas cifras describen una anomalía que conviene nombrar sin rodeos: el segmento que paga la tasa más alta del crédito comercial dominicano no es el que peor cumple. Las mipymes pagan como si fueran riesgosas, pero se comportan como buenos pagadores.
La tentación fácil es leer esa brecha como abuso. Sería un error de diagnóstico, y de los caros, porque conduce a soluciones equivocadas. El precio del crédito no remunera únicamente el riesgo de incumplimiento observado. También refleja el costo de originar y administrar operaciones pequeñas, el costo de fondeo, el costo del capital regulatorio inmovilizado y, sobre todo, el costo de no saber.
Quien haya evaluado carteras desde el lado del supervisor conoce el mecanismo. La clasificación de un deudor comercial se construye a partir de su capacidad de pago, comportamiento de pago y garantías. Cuando el expediente carece de estados financieros confiables, flujos verificables o colateral admisible, la calificación puede deteriorarse aunque el cliente jamás haya dejado de pagar una cuota.
La entidad provisiona más, inmoviliza más capital y traslada parte de ese costo a la tasa. Lo que la banca dominicana le cobra a la mipyme no es, en su mayor parte, una prima de morosidad. Es una prima de opacidad.
La diferencia importa. El riesgo intrínseco de un negocio puede ser difícil de eliminar; la opacidad, en cambio, es un problema que puede resolverse.
Hay un segundo dato que refuerza esta lectura y que, a mi juicio, constituye el hallazgo central del informe. En el año terminado en abril de 2026, la cartera mipyme creció 9.1 % nominal, 3.8 % en términos reales, hasta RD$ 576,837 millones. En ese mismo período, el número de préstamos aumentó apenas 1.1 %.
El sistema colocó bastante más dinero en esencialmente los mismos clientes. La concentración lo confirma: tres entidades reúnen RD$ 405,085 millones, equivalentes al 70.2 % de la cartera del segmento.
Eso es crecimiento en el margen intensivo, no en el extensivo. Se profundiza la relación con el deudor conocido, pero se avanza poco en incorporar al desconocido.
La conducta es económicamente racional, no una conspiración. Cuando la información es cara, se prefiere al cliente cuyo historial ya se posee. El resultado agregado, sin embargo, es un sistema que financia razonablemente bien a quien ya está dentro, mientras sigue cobrando caro el derecho de entrada a quien todavía no tiene suficiente información financiera a disposición de la banca.
Buena parte de la agenda regulatoria reciente apunta, con acierto, a la asimetría de información, no al precio. Vale la pena que el empresario la conozca, porque cada una de esas piezas puede traducirse en una reducción del costo financiero.
La Ley 45-20 sobre Garantías Mobiliarias, junto con su reglamento de aplicación, permite dar en garantía inventario, maquinaria, vehículos y cuentas por cobrar, con inscripción en el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias. La medida ataca de frente una de las restricciones que afectan al pequeño deudor: la disponibilidad de garantías que la entidad pueda reconocer y ejecutar.
Medir los rechazos y sus causas permitiría identificar dónde el criterio de crédito está dejando fuera negocios viables. Nadie corrige lo que no mide, esto es una nueva tarea para la Superintendecia de Bancos.
La Ley 172-13, junto con las disposiciones aplicables a las sociedades de información crediticia, también reafirma derechos que el empresario dominicano ejerce poco: consultar su historial gratuitamente cuatro veces al año, exigir la rectificación de datos inexactos y reclamar ante ProUsuario cuando corresponda.
Un historial correcto no es un trámite administrativo. Es capital financiero.
Queda, sin embargo, una agenda incompleta que conviene señalar sin acritud. El país no ha aprobado el marco de las sociedades de garantía recíproca, cuya propuesta lleva años en el Congreso, y arrastra desde 2008 un mandato legal para establecer un fondo de garantía destinado a las mipymes que nunca terminó de implementarse.
Un esquema de garantías parciales bien gobernado, con patrimonio separado, criterios técnicos, límites de cobertura, mecanismos de recuperación y reportes públicos, podría ayudar a mover el margen extensivo.
La garantía no sustituye el buen análisis de crédito ni debe hacerlo. Su función es compartir parte del riesgo del cliente nuevo: precisamente el riesgo que hoy muchas entidades prefieren no asumir primero.
Sería deshonesto cargar toda la factura del lado de la banca. Una porción sustancial de la prima de opacidad la produce el propio empresario: la caja del negocio mezclada con la de la casa, ventas que no pasan por el banco, ausencia de estados financieros elementales, retiros irregulares en lugar de un sueldo fijo del socio. El analista de crédito no castiga el tamaño. Castiga lo que no puede verificar.
Separar las cuentas personales de las empresariales, bancarizar los ingresos, mantener registros contables consistentes, documentar los flujos de caja, declarar correctamente las operaciones y construir un historial financiero ordenado no son tareas destinadas únicamente a cumplir con el banco. Son inversiones que aumentan la capacidad de negociación del empresario.
La conclusión de este análisis es, en el fondo, alentadora. Si esos 4.5 puntos de diferencia respondieran exclusivamente a un diferencial genuino de riesgo, cerrarlos exigiría que las mipymes cambiaran de comportamiento. Pero los datos de morosidad sugieren que la explicación es más compleja.
Lo que hay que cambiar no es solamente la conducta del deudor, sino la cantidad y calidad de información que el sistema financiero tiene sobre él.
Eso requiere un registro de garantías que funcione en la práctica, no solo en la ley; burós de crédito confiables y auditables; información pública sobre los motivos de rechazo; mecanismos de garantía que permitan compartir el riesgo de los nuevos clientes; además de empresarios capaces de presentar números claros, verificables y consistentes.
Un sistema financiero que le cobra al buen pagador el precio del desconocido no necesariamente está siendo abusivo. Está pagando por su propia falta de información,y la ceguera, a diferencia del riesgo, tiene tratamiento conocido.
Recomendaciones
1. Para la banca: medir de forma sistemática los rechazos de crédito mipyme, identificar sus causas, revisar qué variables están elevando innecesariamente la percepción de riesgo y utilizar con mayor intensidad las garantías mobiliarias.
2. Para el regulador: publicar información periódica, comparable y suficientemente detallada sobre tasas, morosidad, aprobación, rechazo y causas de rechazo por tamaño de empresa. La transparencia debe permitir identificar dónde se encuentra realmente la brecha de acceso.
3. Para el Estado: completar el marco de las sociedades de garantía recíproca y poner en funcionamiento mecanismos de garantía parcial con reglas claras, supervisión independiente, límites de exposición y evaluación pública de resultados.
4. Para las mipymes: separar completamente las finanzas personales de las empresariales, bancarizar los ingresos, mantener contabilidad actualizada, documentar los flujos de caja y revisar periódicamente el historial crediticio para corregir cualquier información incorrecta.
5. Para el sistema financiero: pasar de un modelo basado principalmente en el historial bancario del cliente a uno que aproveche más fuentes de información verificable. El objetivo no debe ser prestar a ciegas, sino dejar de considerar desconocido a quien puede demostrar quién es, cuánto vende, cuánto genera y cuánto puede pagar.
La diferencia entre 13.5 % y 9.0 % no debería convertirse en una discusión simplista sobre quién tiene la culpa. Debería convertirse en una pregunta mucho más productiva: ¿qué información falta para que una empresa que paga como buena deje de ser financiada como desconocida? Ahí está, probablemente, una de las oportunidades más concretas para ampliar el crédito productivo en República Dominicana.
Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo abogadojesus@icloud.com, o en Instagram @Jesusgeraldomartinez.
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