El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) analizó la reciente aprobación y promulgación de la Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, identificada como Ley 30-26, destacando tanto avances puntuales como nuevos desafíos para el sistema tributario dominicano.
Según el análisis, la pieza legislativa fue aprobada en el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo en cuestión de días, lo que ha generado la necesidad de que asesores tributarios, contadores y contribuyentes estudien sus alcances para comprender su aplicación.
CREES señala que la claridad en la implementación será un factor clave, y que recae en la Administración tributaria la responsabilidad de garantizar la comprensión de las modificaciones introducidas por la nueva normativa.
Asimismo, plantea que el Ministerio de Hacienda debe publicar proyecciones detalladas de ingresos fiscales para el período 2026-2028, considerando los cambios al Código Tributario, entre ellos la nueva tasa del 30 % del impuesto sobre la renta para personas jurídicas.
El centro de estudios también considera necesario que la Dirección General de Presupuesto detalle la ejecución del gasto público, especialmente tras el anuncio previo de ajustes por RD$ 40,000 millones, sin que hasta el momento se hayan especificado con precisión los rubros afectados.
Cambios positivos y avances parciales
CREES reconoce que la Ley 30-26 introduce algunas medidas favorables. Entre ellas destaca la reducción del impuesto aplicado a las hipotecas de 2 % a 1 % en 2027, con su eliminación prevista para 2028, así como la disminución al 10 % del impuesto a las ganancias de capital para personas físicas.
También valora positivamente la exención en casos de venta de vivienda habitual cuando los recursos se reinviertan en otra propiedad con fines similares.
Otro punto considerado positivo es la eliminación del impuesto selectivo a los seguros de vida, aunque el análisis cuestiona que no se haya extendido la medida a otros tipos de seguros que continúan gravados, lo que mantiene elevados los costos de cobertura de riesgos.
Persistencia de distorsiones tributarias
No obstante, CREES advierte que persisten y se amplían distorsiones en el sistema tributario. Señala que varios impuestos selectivos —como los aplicados a derivados del tabaco, alcoholes, telecomunicaciones, combustibles y otros bienes— continúan siendo complejos, discrecionales y propensos a incentivar el contrabando y la informalidad.
El centro también critica el mantenimiento de esquemas ad valorem basados en precios de venta al público, al considerar que introducen supuestos artificiales sobre márgenes de comercialización y complican la recaudación.
Asimismo, cuestiona el aumento del impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas, que pasará de 1.5 por mil a 2.0 por mil, pese a tratarse de un tributo considerado transitorio y distorsionador.
En el análisis también se destaca que en 2027 deberá eliminarse el impuesto a la constitución de compañías, lo que representa un avance para el clima de negocios, aunque insuficiente frente a la complejidad general del sistema tributario.
Nuevas cargas y mayor complejidad
CREES advierte además que, aunque algunas medidas simplifican el sistema, otras lo hacen más oneroso. Entre ellas menciona el aumento de retenciones establecido en la modificación del artículo 309 del Código Tributario, que afecta rentas diversas, honorarios profesionales y alquileres.
También señala la creación de un nuevo gravamen a pagos al exterior por servicios digitales, almacenamiento de datos, publicidad en línea y licencias de software.
Finalmente, el centro de estudios sostiene que la reforma, al haber sido aprobada con rapidez, no permitió un debate suficiente sobre su contenido, lo que a su juicio deja en el sistema tributario nuevas distorsiones que deberán ser corregidas en el futuro mediante una reforma estructural más profunda orientada a la simplificación, la productividad y el crecimiento económico.
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