El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó la incorporación inmediata del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y de la Asociación Nacional de Productores de Asfaltos (ANPRAS) como veedores en la comisión responsable de implementar la Ley 16-26.
Ello, al considerar que su ausencia en las primeras reuniones del organismo limita el mecanismo de supervisión previsto en la legislación.
El ingeniero Miguel Liberato, vocero del CIC, afirmó que la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26 comenzó sus labores hace aproximadamente dos semanas y celebró su primera sesión de trabajo sin la presencia de los representantes llamados a ejercer funciones de vigilancia y seguimiento.
Según el dirigente, esa situación contradice el propósito de la normativa, debido a que la veeduría fue concebida como un mecanismo permanente de observación durante todo el proceso de aplicación de la ley, desde la elaboración del protocolo operativo hasta la revisión de expedientes y la ejecución de pagos.
El CIC informó que remitió comunicaciones oficiales al CODIA y a ANPRAS para solicitarles que ejerzan las atribuciones que les reconoce el artículo 16 de la legislación y gestionen su integración formal en la comisión.
Reclamo de transparencia en proceso de pago
Liberato sostuvo que la participación de los veedores no debe depender de invitaciones particulares de la Comisión Ejecutora, sino que constituye una obligación derivada de la propia ley.
“Los veedores no tienen que esperar una invitación discrecional para participar, pues la propia ley los constituye como parte del mecanismo de control y transparencia de todo el proceso”, afirmó el vocero del CIC.
La organización plantea que la presencia del CODIA y ANPRAS debe mantenerse en todas las reuniones, deliberaciones y decisiones relacionadas con la aplicación de la normativa, al considerar que su participación aporta supervisión técnica y ciudadana.
Advertencia sobre confianza pública
El CIC advirtió que la exclusión de los veedores puede afectar la credibilidad del proceso y reducir las garantías de transparencia para contratistas, instituciones públicas y ciudadanos.
La entidad señaló que el mecanismo de vigilancia busca evitar cuestionamientos sobre la selección, validación y pago de obligaciones pendientes vinculadas con contratos de obras estatales.
Contexto adicional
La Ley 16-26 establece un esquema institucional para atender los procesos relacionados con pagos a contratistas estatales, mediante una comisión ejecutora y mecanismos de seguimiento destinados a fortalecer la transparencia y la supervisión del cumplimiento de sus disposiciones.
El reclamo del CIC ocurre mientras distintos sectores vinculados a la construcción han insistido en la necesidad de agilizar los pagos pendientes del Estado y garantizar procedimientos claros para la revisión de expedientes.
La semana pasada, el Comité Institucional Codiano (CIC) pidió al Congreso Nacional aprobar una resolución para exhortar al Poder Ejecutivo a incluir recursos en un presupuesto complementario destinados al inicio del pago de las acreencias.
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