El Centro Juan XXIII afirmó que la aprobación en el Congreso de la Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional representa un avance en materia de simplificación tributaria, aunque advirtió que la iniciativa no resolverá los problemas estructurales de las finanzas públicas si no se acompaña de una reducción efectiva del gasto corriente y mayores mecanismos de transparencia.
En un comunicado, la organización sostuvo que varias de las advertencias que realizó antes de la aprobación de la reforma siguen vigentes, al señalar que el gasto corriente del Gobierno pasó de representar el 14.1 % del producto interno bruto (PIB) antes de la pandemia al 16.5 % en la actualidad.
A juicio del Centro Juan XXIII, ese incremento de 2.4 puntos porcentuales del PIB refleja un desequilibrio que no se corrige únicamente con un aumento de los ingresos tributarios.
"Subir impuestos sin reducir el gasto es simplemente postergar el problema", indicó la entidad.
Valora medidas de simplificación
El Centro destacó como aspectos positivos de la reforma la eliminación de los anticipos para microempresas y personas físicas, la reducción al 10 % del impuesto sobre la renta aplicable a las ganancias de capital en la venta de inmuebles y la derogación de impuestos relacionados con hipotecas y la constitución de empresas.
Según la organización, ampliar la base tributaria y simplificar el sistema impositivo son medidas que favorecen el crecimiento económico y mejoran el clima de negocios.
Asimismo, reiteró una propuesta planteada previamente consistente en aplicar un cargo de cinco dólares por noche a los turistas, medida que, asegura, podría generar alrededor de RD$ 20,000 millones sin afectar significativamente la competitividad del sector.
Reclama mayor transparencia
La entidad también cuestionó que, aunque el Gobierno proyecta recaudar RD$ 122,486 millones adicionales —equivalentes al 1.5 % del PIB—, no se han presentado detalles sobre los programas donde se reduciría el gasto ni el destino específico de los nuevos recursos.
En ese sentido, planteó cuatro medidas para fortalecer la legitimidad de la reforma:
- Establecer metas cuantificables de reducción del gasto por cada partida presupuestaria, con el objetivo de disminuir el gasto corriente del 16.5 % al 14 % del PIB.
- Publicar informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de esas metas, con remisión al Congreso y acceso público.
- Crear una veeduría ciudadana independiente que supervise la ejecución de los recursos y la distribución de los esfuerzos de ajuste fiscal.
- Incluir el gasto político dentro de las medidas de austeridad, reduciendo el financiamiento a los partidos políticos y otros gastos asociados al sistema electoral.
Advierten sobre una futura reforma
El Centro Juan XXIII concluyó que, aunque la coyuntura internacional obligó al país a adoptar medidas fiscales, la sostenibilidad de las finanzas públicas dependerá de la capacidad del Estado para racionalizar su gasto.
La organización advirtió que, de mantenerse los actuales niveles de gasto corriente, el país podría verse obligado a impulsar una nueva reforma fiscal dentro de aproximadamente tres años, con mayores costos económicos y menor consenso social.
"Antes de pedir más sacrificios a la población, el Gobierno debe demostrar que agotó todas las posibilidades de racionalizar su propio gasto. Solo con cuentas claras el ajuste podrá ser sostenible y justo", concluyó la entidad.
Compartir esta nota