El sector de viajes registró 10 millones de visitantes en 2023, de los cuales 8 millones pernoctaron en República Dominicana para disfrutar de los puntos turísticos por motivos de ocio, trabajo o educación.
Las estadísticas del Banco Central (BCRD) evidencian que la elección de hospedaje está inclinándose hacia la renta corta. De hecho, 3,641,614 de los 9,009,094 no residentes se alojaron en establecimientos alternativos de renta corta. O sea, 40.4% del total del 2023.
El caso es similar en enero del 2024, cuando el organismo regulatorio reportó 133,777 no residentes de los 859,977 extranjeros que arribaron vía aérea. Según el BCRD, 382 fueron residentes y 133,396 no residentes.
Ante la proliferación de los alojamientos de renta corta como los Airbnb, el 30 de marzo del 2023 el ministro de Turismo, David Collado, reveló que en 60 días se comenzaría a regular plataformas de alquileres de propiedades en turismo.
“Hoy en día en el país existen 53,000 habitaciones de Airbnb, cuando el sector privado hotelero tiene 83,000 habitaciones, es decir, que el turismo inmobiliario ha crecido de manera acelerada”, indicó.
Para el cierre de diciembre del 2023, el Consejo de Fomento Turístico (Confotur) proyectó 106,990 habitaciones de Airbnb en 43,302 propiedades, cerrando el año sin ningún avance en materia de regulación y fiscalización.
En la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2024), el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), David Llibre, dijo que se seguirá insistiendo en la regulación de las plataformas digitales.
Según el ejecutivo, la regulación es una necesidad para brindar seguridad a los visitantes no residentes y lograr la sostenibilidad del sector. Pero, además, Collado afirmó que en febrero del 2024 se firmaría el acuerdo para regulaciones.
Informó que el Ministerio de Turismo ya “tiene redactado” el documento del acuerdo y está siendo revisado por Asonahores.
Los funcionarios continuaron comunicando fechas para el acuerdo definitivo, pero hasta el 29 de febrero del 2024, aún no se concreta el acuerdo.
Si bien el sector privado indicó que la regulación promoverá una competencia leal entre los hoteleros y los propietarios de las propiedades turísticas, el economista Mario Ávila sostuvo que su regularización representará ingresos a las arcas estatales.