La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó este jueves su preocupación por las modificaciones aprobadas por el Senado al proyecto que reforma la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la iniciativa fue conocida sin un proceso de consulta amplio ni estudios técnicos que respalden los cambios propuestos.
El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, afirmó que el gremio revisó el texto aprobado y detectó aspectos que generan inquietud tanto por la forma en que fue tramitado como por el contenido de las modificaciones.
“Nos preocupa que un proyecto de esta envergadura e importancia haya sido aprobado sin consulta a los sectores impactados. Pero aún más preocupante es que tampoco se haya consultado al órgano rector, que es el Ministerio de Medio Ambiente, ni al Fideicomiso BioSostenible, entidad encargada de ejecutar las disposiciones establecidas en la ley”, expresó.
Pujols también cuestionó la ausencia de estudios técnicos, análisis de impacto o evaluaciones regulatorias que justifiquen los cambios aprobados, especialmente en lo relativo a la contribución especial contemplada en el artículo 36.
Recordó que la normativa vigente establece que los ayuntamientos deben recibir el 10 % de los ingresos totales del Estado para el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, consideró que cualquier insuficiencia en las transferencias destinadas a los cabildos debe abordarse a través del cumplimiento de ese mecanismo y no mediante aumentos a la contribución especial contemplada en la ley ambiental.
Según explicó, los incrementos planteados son significativos. Indicó que, para las microempresas, la contribución anual pasaría de RD$ 3,000 a RD$ 3,500, mientras que para las empresas de mayor tamaño el monto aumentaría de RD$ 675,000 a RD$3 millones al año.
“Son aumentos considerables, de los cuales no conocemos que hayan tenido como sustento técnico una discusión especializada o estudios que los respalden”, sostuvo.
El dirigente empresarial advirtió que las modificaciones podrían afectar la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica del país, debido a que la legislación fue modificada recientemente, en diciembre de 2025, y vuelve a ser objeto de cambios apenas seis meses después.
“Cuando una ley de la importancia y magnitud de la Ley de Residuos Sólidos es modificada tan rápidamente, la señal que se envía sobre el estado de derecho y la estabilidad regulatoria en República Dominicana es motivo de preocupación”, señaló.
Pujols informó que la AIRD espera participar en las discusiones que se desarrollarán en la Cámara de Diputados, donde el proyecto comenzará a ser conocido a partir de la próxima semana.
Según indicó, la organización busca que los legisladores cuenten con los elementos técnicos necesarios para evaluar la iniciativa y evitar que se aprueben cambios sin el debido sustento. A juicio del gremio, una política pública de esta naturaleza requiere estudios de impacto y consenso entre los sectores involucrados para garantizar su efectividad.
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