El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), Freddy González Estrada, advirtió sobre las implicaciones que podría tener el nuevo Código Penal para las empresas de seguridad privada, particularmente por la falta de delimitación de la responsabilidad penal corporativa y las disposiciones relacionadas con el uso de la fuerza.
González Estrada planteó que estas situaciones podrían generar incertidumbre jurídica y exponer a las compañías a procesos penales por actuaciones individuales de sus empleados que se aparten de los protocolos establecidos.
La posición fue expuesta este miércoles durante el taller “El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada”, organizado por Adesinc, con la participación del jurista Francisco Álvarez, así como de directivos de la asociación y representantes del sector.
El presidente de Adesinc afirmó que el gremio favorece la modernización del marco penal, pero consideró necesario establecer garantías que permitan una aplicación proporcional de la legislación a una industria que, según sus datos, genera más de 62,000 empleos formales, mueve anualmente más de RD$ 24,000 millones y aporta cerca de 90 millones de horas de vigilancia.
Preocupa responsabilidad penal de las empresas
González Estrada sostuvo que una actuación individual de un vigilante que se aparte de los protocolos establecidos no debería traducirse automáticamente en responsabilidad penal para la empresa o sus ejecutivos por supuestas deficiencias de supervisión.
A su juicio, el nuevo marco legal debe establecer con claridad los límites entre la responsabilidad individual del agente de seguridad y la que pueda corresponder a la empresa, de manera que se preserve la seguridad jurídica de las compañías que operan formalmente.
Otro de los aspectos señalados por Adesinc es la necesidad de contar con reglas claras sobre la legítima defensa y el uso de armas de fuego por parte de los agentes durante el cumplimiento de sus funciones.
El gremio considera que la falta de precisión en estas disposiciones podría generar procesos judiciales incluso cuando los agentes hayan actuado dentro del marco de sus responsabilidades y protocolos de seguridad.
Asimismo, González Estrada manifestó preocupación por el incremento de las penas y la incorporación de nuevos tipos penales, al considerar que estas disposiciones pueden aumentar la exposición jurídica de las empresas del sector.
Proponen período de adecuación
Durante el taller, el jurista Francisco Álvarez, socio de la firma Fabogados, analizó las disposiciones del nuevo Código Penal que tienen incidencia en las operaciones de las empresas de seguridad privada.
Entre los aspectos abordados estuvieron la retención de personas, la videovigilancia y la custodia de evidencias, áreas que forman parte de las labores habituales de estas compañías y que podrían requerir ajustes en sus procedimientos internos.
Álvarez planteó la conveniencia de establecer un período de 90 días de adecuación preventiva, durante el cual los ejecutivos y asesores legales de las empresas puedan revisar y actualizar sus controles internos conforme a las nuevas disposiciones.
El especialista consideró que esta preparación permitiría reducir riesgos y facilitar la transición hacia el nuevo marco penal.
Adesinc reiteró su disposición de colaborar en el proceso de adecuación de las empresas de seguridad privada y abogó por que la aplicación del nuevo Código Penal preserve el equilibrio entre la persecución de conductas ilícitas y la seguridad jurídica de las empresas que cumplen con las normas y protocolos establecidos.
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