En contextos marcados por la desigualdad social, los fenómenos climáticos extremos se convierten en multiplicadores de vulnerabilidades. Mujeres, niñas, niños y adolescentes, hogares de bajos ingresos, comunidades rurales, personas migrantes, personas sin documentación y poblaciones con acceso limitado a vivienda segura, protección social y servicios básicos suelen enfrentar las consecuencias más severas.
República Dominicana figura entre los países expuestos a amenazas climáticas, situación que tiene consecuencias que van mucho más allá de los daños materiales: afectan la salud, la seguridad alimentaria, la continuidad educativa y las condiciones económicas de miles de familias dominicanas, profundizando desigualdades ya existentes y comprometiendo sus posibilidades de recuperación.
Esta realidad coincide con la evidencia internacional. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) reconoce que la vulnerabilidad climática está asociada a desigualdades sociales.
De acuerdo con el Informe sobre Clima y Desarrollo de la República Dominicana (CCDR), el panorama podría agravarse en las próximas décadas debido al cambio climático, cuyos efectos se prevé que impacten de manera significativa la salud, la infraestructura, los ecosistemas y el turismo.
El estudio también advierte que los desastres naturales profundizan las desigualdades sociales en el país. Las inundaciones, por ejemplo, afectan con severidad a la población más pobre, que suele residir en zonas vulnerables y dispone de menos recursos para enfrentar y recuperarse de sus consecuencias.
Sin medidas de adaptación y mitigación, unas 110,000 personas adicionales podrían caer en la pobreza para la década de 2050.
- Unicef ha planteado que la crisis climática es también una crisis de derechos de la niñez.
- ONU Mujeres advierte que los desastres tienden a profundizar las desigualdades de género.
- El Banco Mundial ha señalado que República Dominicana es altamente vulnerable a eventos climáticos extremos y a cambios de evolución lenta, los cuales afectan con mayor intensidad a las poblaciones pobres y vulnerables.
Familias vulnerables: pérdidas que pueden significar años de esfuerzo
El cambio climático ha dejado de ser algo para “resolver después” o lejano para convertirse en una amenaza inmediata para República Dominicana, que demanda una adaptación urgente de las infraestructuras y una reflexión sobre su modelo de desarrollo urbano y la gobernanza municipal.
Hasta 2022, 9.1 millones de dominicanos, o sea el 82 % de la población, residen en zona urbana, lo que es sinónimo de la urbanización y los desafíos en el ordenamiento territorial, de acuerdo con el Censo de Población Nacional de Población y Vivienda de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Para 2050, se espera que la población que vive en zonas urbanas aumente a 12.2 millones, o sea, el 92 % de la población estimada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Esta urbanización acelerada también plantea desafíos para Republica Dominicana que según el Índice de Riesgo Climático Global (IRC) de Germanwatch sitúa a Quisqueya en el 11 puesto de los países más propensos de ser afectados por eventos climáticos extremos.
El costo de los desastres naturales en el mundo no sólo crece en cifras, sino que cada vez más se reportan daños en infraestructuras. Entre 2017 y 2022, la Defensa Civil reportó 25,787 viviendas anegadas, 5,075 viviendas parcialmente destruidas, 914 viviendas destruidas, 58 puentes afectados y 617 poblados incomunicados.
No solo los hogares son afectados, sino que se contabilizaron 1,000 puentes y vías tuvieron que reconstruirse entre 2016 y 2022, lo que conllevó US$ 700 millones en daños que impactan la productividad del país, conforme el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La migración al Gran Santo Domingo, la falta de ordenamiento territorial y la población en situación de vulnerabilidad económica, son razones por las que las personas se encuentran rodeadas de un desarrollo urbano vertical que los expulsa y, a la vez, presentan el riesgo de ver cómo su vivienda en asentamientos informales queda en “nada”.
En las familias de bajos ingresos, los fenómenos climáticos extremos afectan la calidad de vida de forma inmediata y acumulativa. La pérdida de viviendas, cultivos agrícolas, herramientas de trabajo o “pequeños negocios puede representar años de esfuerzo familiar”, explicó Desiré del Rosario, coordinadora del Centro de Estudios de Género (CEG-INTEC).
El informe IDRC-CEG-INTEC registró que el 35.8 % de las personas consultadas perdió enseres del hogar y el 17.9 % perdió su vivienda, porcentaje que no se está alejado de la realidad social. Un total de 4,781 viviendas se encuentran ubicadas en zonas identificadas como de alto riesgo ante desastres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) 2024.
Según el desglose de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), 1,290 hogares están asentados a orillas de cañadas o canales; 943 se ubican cerca de ríos y arroyos, y 476 se encuentran en las proximidades de barrancas.
Además, identificó impactos económicos, educativos, socioculturales y de salud, incluyendo afectaciones psicológicas reportadas por el 69.5 % de las personas consultadas.
Para estas familias, de acuerdo con Del Rosario, un evento climático puede significar endeudamiento, interrupción escolar, pérdida de ingresos, aumento de enfermedades, inseguridad alimentaria, separación familiar o desplazamiento temporal o permanente.
“Cuando la recuperación depende únicamente de redes informales, remesas o ayuda ocasional, la desigualdad tiende a reproducirse y profundizarse”, agregó, al insistir en que la respuesta pública debe ir más allá de la asistencia de emergencia.
Por ejemplo, la Dirección de Desarrollo Social Supérate destinó RD$ 7,000 a 403 familias afectadas por las inundaciones registradas en María Trinidad Sánchez en febrero de 2026. Esto equivale a RD$ 2,821,000.
Otra respuesta de ayuda de Supérate es el seguro paramétrico que se desembolsara a habitantes de Puerto Plata y Santo Domingo Norte, un seguro que financió Alemania con 2 millones de euros.
Cada uno de los 3,030 hogares beneficiarios tiene una cobertura equivalente a aproximadamente 660 euros (unos US$ 713 o cerca de RD$ 42,900), calculado sobre el total del fondo disponible, y con una conversión de pesos dominicanos a una tasa de referencia de RD$ 65 por euro, vigente a junio de 2026.
¿Es suficiente?
La respuesta pública no debe limitarse a la asistencia puntual, sino que debe incluir:
- Reconstrucción de medios de vida para las familias afectadas.
- Acceso a viviendas seguras que reduzcan la exposición a futuros riesgos climáticos.
- Apoyo psicosocial para atender las afectaciones emocionales derivadas de los desastres.
- Protección contra la violencia, especialmente en contextos de emergencia y desplazamiento.
- Recuperación y reposición de documentos personales perdidos durante los eventos extremos.
- Garantía de continuidad de los servicios básicos, como salud, educación, agua y electricidad.
- Medidas especiales de protección para hogares con jefatura femenina, niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad.
Una crisis ambiental que impacta directamente a las personas
Uno de cada cuatro hogares entre los más pobres corre un alto riesgo de sufrir inundaciones, en comparación con uno de cada ocho entre los más ricos. Es decir, la población en situación de pobreza está doblemente expuesta a perderlo todo cuando ocurre una inundación.
Aunque República Dominicana ha avanzado en el diseño de políticas y compromisos internacionales para enfrentar la crisis climática, especialistas coincidieron en que persisten desafíos para garantizar que las medidas lleguen a quienes más las necesitan.
Para nadie es un secreto que las desigualdades sociales aumentan la exposición y reducen la capacidad de recuperación de miles de familias dominicanas luego de un evento atmósferico.
Para Desiré del Rosario, coordinadora del Centro de Estudios de Género (CEG-INTEC), las políticas públicas todavía no logran responder plenamente a las necesidades de las poblaciones vulnerables.
La investigadora recordó que República Dominicana cuenta con instrumentos como la Contribución Nacionalmente Determinada de 2020, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2015-2030 y el Plan de Acción Género y Cambio Climático.
“Estos instrumentos reconocen la necesidad de integrar género, adaptación, resiliencia y participación social. Sin embargo, el problema principal está en la distancia entre el reconocimiento formal y la implementación territorial”, señaló.
El informe IDRC-CEG-INTEC evidencia esa brecha.
- Solo el 26.7 % de las instituciones consultadas tiene políticas que vinculan género y cambio climático.
Por su parte, Rosaura Pimentel, del Observatorio de Cambio Climático del Intec, consideró que el país todavía enfrenta debilidades institucionales. “El país ha dado pasos institucionales importantes, como la creación del Consejo Nacional de Cambio Climático y compromisos internacionales sólidos, pero operativamente no está plenamente preparado”, expresó.
Según la especialista, existe una brecha entre el diseño de políticas y su implementación territorial.
“La debilidad en el ordenamiento territorial y el uso de suelo, permitiendo la expansión urbana informal en zonas de riesgo, y las limitaciones de financiamiento para proyectos a gran escala de adaptación y resiliencia en infraestructura y servicios públicos básicos mantienen una alta vulnerabilidad sistémica”.Rosaura Pimentel.
“No basta con entregar ayuda después de una inundación”
Para Desiré del Rosario, coordinadora del Centro de Estudios de Género (CEG-INTEC), República Dominicana necesita replantear la forma en que enfrenta los efectos del cambio climático.
“República Dominicana necesita pasar de una respuesta reactiva ante emergencias a una política preventiva, territorial y con enfoque de derechos”, afirmó. Y no es para menos, las acciones institucionales como ayudas después de una inundación o un huracán no pueden limitarse a la asistencia posterior a los desastres. “No son suficientes”.
“Se requiere una arquitectura pública que anticipe riesgos, reduzca exposición, proteja la vida y garantice recuperación digna”, sostuvo a Acento.Desiré del Rosario
Ante el aumento de los fenómenos climáticos extremos, la especialista insistió en la necesidad de implementar políticas preventivas que protejan a las poblaciones más vulnerables.
- Fortalecer los sistemas de alerta temprana comunitarios.
- Asegurar refugios cuenten con protocolos de prevención de violencia de género y protección infantil.
- Crear registros de personas afectadas con datos desagregados por sexo, edad, discapacidad, condición migratoria y territorio.
- Ampliar la protección social adaptativa, incluyendo transferencias monetarias de emergencia para hogares encabezados por mujeres.
- Garantizar la continuidad educativa durante las emergencias climáticas.
- Incorporar atención psicosocial y servicios de salud sexual y reproductiva dentro de la respuesta climática.
- Desarrollar políticas de vivienda y reasentamiento con enfoque de derechos.
- Asegurar la participación de las mujeres en los comités locales de gestión de riesgos y en la toma de decisiones sobre la recuperación tras los desastres.
La investigadora explicó que el cambio climático profundiza desigualdades porque golpea con mayor intensidad a quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad, al agregar que en comunidades rurales, costeras, fronterizas o urbanas empobrecidas, una sequía, una inundación o un huracán no solo produce daños ambientales, sino que expone precariedades acumuladas.
Políticas climáticas: avances normativos y desafíos de implementación
Desde el Gobierno, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, Max Puig, explicó a Acento que la nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0) busca responder a esas vulnerabilidades mediante inversiones específicas en sectores estratégicos.
“El compromiso de la NDC 3.0 se materializa mediante la estimación de presupuestos específicos y la articulación de medidas y metas distribuidas en los sectores prioritarios”, aclaró.
Al evaluar las metas de adaptación contempladas en la NDC 3.0, Max Puig reconoció que aún existen desafíos importantes.
“Aunque la NDC 3.0 da un salto histórico al estructurar un portafolio de inversión robusto, los diagnósticos conjuntos revelan brechas estructurales críticas que el Estado debe resolver”, afirmó.Max Puig
Max Puig destacó que uno de los ejes prioritarios corresponde al sector educación. Puso de ejemplo que ante suspensiones de clases de hasta 127 días por huracanes e inundaciones, se ordenará reforzar los planes escolares de emergencia, asegurar soluciones pedagógicas y normar el uso de escuelas como albergues.
En materia de infraestructura educativa, añadió que “el mandato es actualizar estándares constructivos integrando energías pasivas frente a las olas de calor”.
Entre estas brechas mencionó la implementación territorial. De acuerdo con el funcionario, la experiencia de la NDC anterior demostró una “escasa integración presupuestaria y territorial de las medidas de adaptación en los municipios más vulnerables”.
También señaló problemas:
- Un 25 % de los albergues no son aptos para resistir inundaciones y se siguen edificando centros de atención en zonas de alto riesgo.
Asimismo, destacó limitaciones en materia de información y coordinación institucional. “El sector educación aún desconoce el nivel real de cumplimiento de sus normativas de riesgo por cada plantel”, sostuvo.
Otro de los ejes es el fortalecimiento del sistema sanitario, al integrar de manera obligatoria variables climáticas en la vigilancia epidemiológica local y el fortalecimiento sanitario frente a brotes de dengue, malaria o leptospirosis “posdesastre forman parte de las acciones contempladas”.
Puig señaló que “el 76 % de los centros de salud del país carece de un manejo técnico de residuos hospitalarios, quemándolos o mezclándolos sin control durante las crisis”.
Sobre la forma en que la NDC 3.0 llegará a las comunidades vulnerables, el funcionario explicó que la estrategia contempla mecanismos específicos. “Para asegurar que los recursos no se diluyan, la estrategia nacional amarra la ejecución climática a tres candados institucionales”, aseguró.
Uno de ellos consiste en la integración formal al Sistema Nacional de Inversión Pública. La NDC 3.0 se integró al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y al Plan de Inversión de Acción Climática (PIAC-RD). “Toda obra o subsidio público en el territorio debe pasar por el filtro de resiliencia climática”, afirmó.
Igualmente, destacó la focalización georreferenciada. El Estado utilizará los datos del Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático (IVAAC) provistos por el Siuben, que según Puig, esto permitirá identificar con precisión en mapas los hogares vulnerables con presencia de niños y jefaturas de hogar femeninas.
Max Puig indicó que el Estado medirá el avance de las acciones contempladas en la NDC 3.0 mediante el desarrollo del Subsistema NDC dentro del Sistema Nacional de Transparencia Climática y un marco de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje.
Entre los principales indicadores se encuentran “las fluctuaciones de la pobreza monetaria y multidimensional agravada por choques climáticos, donde se proyecta que el cambio climático podría empujar entre un 16 % y un 25 % más personas a la pobreza para 2050 sin adaptación”.
Además, señaló que diversos sectores sociales influyeron para ampliar la visión de la resiliencia, que obligaron a la NDC 3.0 a no limitar la resiliencia a la infraestructura, forzando la inclusión de la salud pública, la seguridad alimentaria y los derechos humanos como pilares de adaptación.
“Su voz visibilizó el impacto invisible del estrés térmico en las escuelas y exigió de manera prioritaria la defensa de los parques y espacios públicos recreativos como zonas de protección para el tejido social de los barrios vulnerables”, concluyó.
Acento consultó al Ministerio de la Mujer sobre este tema; sin embargo, luego de varias semanas de gestiones e intercambios con su departamento de Comunicaciones, la institución no respondió antes del cierre de esta edición.
La factura millonaria de la falta de resiliencia territorial
Yanelba Abreu, especialista en arquitectura sostenible, destacó la necesidad de tramitar criterios ambientales con el Ministerio de Medio Ambiente.
“Es crucial empujar esta normativa para que los proyectos formales cumplan con los criterios ambientales”, advirtió. En República Dominicana, conforme la experta, muchos asentamientos informales carecen de supervisión técnica, que se traduce en viviendas deficientes y un consumo de recursos materiales sin considerar el impacto ambiental.
Para la doctora en Sostenibilidad y Resiliencia Climática, María Isabel Serrano, el Gran Santo Domingo está viviendo olas de calor, inundaciones agresivas, pérdidas significativas por la poca resiliencia territorial. De hecho, US$ 345 millones se invierten cada año en el país en reparación de daños inmobiliarios por concepto de cambio climático, de acuerdo con organismos internacionales.
Serrano destacó que se incrementan las pérdidas humanas y materiales por la poca resiliencia del territorio para enfrentar mejor los desafíos climáticos y ambientales y el golpe al PIB por remediación ambiental.
Aclaró no solo se evidencia el detrimento de los sistemas ecológicos en las urbes, sino que el país está enfrentando, además, pérdidas económicas por carecer de infraestructuras resilientes. Esto, sumado a que, de acuerdo con el Banco Central, luego del paso de un fenómeno atmosférico la economía pasa por un proceso de recuperación de 15 meses y las pérdidas se sitúan en US$ 1,100 millones o 1.5 % del PIB.
Serrano explicó que el desarrollo urbano tradicional basado en un crecimiento capitalista ha estado basado en la explotación de recursos naturales para generar bienes y materia prima para el sector construcción.
“República Dominicana por su ubicación geográfica está expuesta a fenómenos naturales y la construcción sostenible puede ser una solución para mejorar las condiciones, porque el cambio climático está agudizando las pérdidas de infraestructura”.Yanelba Abreu.
República Dominicana está ubicada geográficamente en el centro del Caribe, sin embargo, está expuesta a los eventos como huracanes, terremotos y ciclones causando pérdidas entre el 0.69 % y 3.3 % del producto interno bruto (PIB), según el Perfil Nacional de Riesgo Catastrófico (CDRP).
Además debe cumplir con el ítem 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que establece infraestructuras con un futuro sostenible. Entidades como el Banco Mundial (BM) indican que para mejorar la resiliencia se requiere de 1.6 % del PIB.
Los peligros naturales han afectado la actividad económica en República Dominicana. En el período entre 1960 y 2017, los costos directos e indirectos se estimaron en US$ 8,610 millones.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indicó que, para la región de América Latina y el Caribe, entre 2015 y 2030 se necesitarán inversiones en infraestructura equivalentes al 3.1 % del PIB; transporte 2 %; 0.10 % en agua y saneamiento; 0.28 % en protección contra las inundaciones y 0.10 % riego.
Entre 2015 y 2030 estas inversiones podrían representar un 0.28 % del PIB de los países de América Latina y el Caribe, y de ellas, un 0.2 % se destinaría a nueva infraestructura y un 0.08 % al mantenimiento de la infraestructura existente.
Educación climática: preparar a las nuevas generaciones
El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, aseguró que se desarrolla una política de inclusión orientada a fortalecer la participación de las mujeres, como parte de sus compromisos institucionales y de evaluación del desempeño.
No obstante, enfocó su respuesta hacia la política de inclusión en la entidad.
El funcionario destacó que, dentro de las acciones vinculadas al cambio climático, las mujeres y los niños son considerados entre los sectores más vulnerables, por lo que las iniciativas de la institución priorizan su apoyo y fortalecimiento.
“Nosotros tenemos toda una política de inclusión en el Ministerio, desde el cumplimiento que tenemos en nuestra evaluación de desempeño hasta la inclusión de la mujer en todas las áreas de la institución”, expresó.Paíno Henríquez
Explicó a ACENTO que, a través de programas como el voluntariado ambiental y los Ecohéroes, se prioriza la participación de mujeres líderes comunitarias. Asimismo, señaló que, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), se han desarrollado proyectos sostenibles dirigidos por mujeres y jóvenes emprendedores.
“Parte de la formación no solo se enfoca en la educación medioambiental, sino también en la promoción de prácticas sostenibles que permitan desarrollar pequeños comercios y negocios”, afirmó, al agregar que estas acciones forman parte de una estrategia del Ministerio de Medio Ambiente para promover el desarrollo sostenible, la inclusión social y la resiliencia comunitaria frente a los efectos del cambio climático.
La formación de las nuevas generaciones constituye otro de los desafíos pendientes en el país. Rosaura Pimentel, del Observatorio de Cambio Climático del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), consideró que República Dominicana todavía no está preparando de manera estructural y sostenida a la población joven para enfrentar la crisis climática.
La especialista señaló que la educación ambiental dominicana continúa centrada principalmente en modelos tradicionales, como la concienciación sobre no tirar basura o plantar árboles, “lo cual es valioso pero insuficiente”, se requieren herramientas más amplias orientadas a la resiliencia climática.
“Las nuevas generaciones necesitan educación basada en la resiliencia climática: pensamiento crítico, adaptación basada en ecosistemas, gestión de riesgos comunitarios y habilidades para la transición hacia una economía circular y baja en carbono”, indicó. A su juicio, el país debe avanzar hacia un nuevo paradigma educativo.Rosaura Pimentel
El cambio climático está profundizando las desigualdades sociales en República Dominicana, afectando con mayor intensidad a mujeres, niños, hogares pobres y comunidades vulnerables, que enfrentan pérdidas de viviendas, ingresos y acceso a servicios básicos.Los hogares pertenecientes al quintil 1, es decir, aquellos con menores ingresos en el país, enfrentan una canasta básica de RD$ 29,489 a mayo de 2026.
Esta cifra es 2.7 veces inferior a la del quintil 5, cuyos hogares requieren RD$ 80,131 para cubrir sus necesidades básicas, y representa una diferencia de 1.5 veces respecto al quintil 3, considerado de ingresos medios, cuya canasta asciende a RD$ 45,296, según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
Expertos comentaron a Acento que el país ha avanzado en políticas climáticas, pero persisten brechas en su implementación, lo que limita la capacidad de respuesta y adaptación frente a fenómenos extremos.
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