El Centro Juan XXIII remitió una comunicación al presidente Luis Abinader en la que expresó preocupación por las discusiones públicas en torno al proyecto minero Romero, desarrollado por la empresa GoldQuest, y pidió que cualquier decisión del Gobierno se adopte con apego al Estado de Derecho, la institucionalidad y los procedimientos técnicos y legales correspondientes.
En la carta, fechada el 8 de junio de 2026, la organización de la sociedad civil señala que observa con inquietud informaciones y percepciones públicas que sugieren la posibilidad de detener el proyecto como consecuencia de presiones derivadas de la opinión pública, redes sociales o manifestaciones, sin que previamente se haya agotado de manera definitiva el proceso técnico y legal establecido.
El Centro Juan XXIII afirmó que reconoce plenamente el derecho de los ciudadanos a expresarse, protestar y manifestar preocupaciones legítimas sobre temas ambientales y de interés nacional. Asimismo, sostuvo que la protección del medio ambiente constituye un mandato constitucional y una obligación irrenunciable del Estado dominicano.
Pide equilibrio entre protección ambiental y seguridad jurídica
La entidad planteó que, junto con la defensa del medio ambiente, también resulta fundamental preservar la institucionalidad, la seguridad jurídica y la credibilidad de los procesos regulatorios del país, especialmente en temas vinculados a inversión, desarrollo económico y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
En ese sentido, sostuvo que en un Estado Social y Democrático de Derecho, las decisiones públicas deben descansar principalmente sobre criterios técnicos, científicos y legales, y no exclusivamente sobre presiones coyunturales o dinámicas emocionales propias del debate público.
El Centro Juan XXIII saludó la posición expresada por el ministro de Medio Ambiente de esperar la conclusión del Estudio de Impacto Ambiental, conforme a la legislación ambiental dominicana, antes de adoptar una decisión definitiva sobre el proyecto Romero.
“Ni aprobación automática ni rechazo automático”
La organización indicó que si el estudio técnico concluye que el proyecto representa riesgos ambientales incompatibles con la protección de los recursos naturales, correspondería jurídicamente rechazarlo o detenerlo. Sin embargo, señaló que si el informe resulta favorable y determina la viabilidad ambiental bajo estrictos estándares de mitigación, supervisión y cumplimiento normativo, las decisiones estatales deben respetar el marco legal aplicable.
“Precisamente por la sensibilidad del tema, entendemos que el país necesita enviar un mensaje claro de institucionalidad: ni aprobación automática de proyectos extractivos, ni rechazo automático al margen de los procedimientos legales y técnicos establecidos por la ley”, planteó la entidad en la comunicación.
El Centro Juan XXIII sostuvo que República Dominicana necesita fortalecer simultáneamente la protección ambiental, la confianza institucional, la seguridad jurídica y la credibilidad de sus procesos regulatorios. A su juicio, la minería responsable, adecuadamente regulada, supervisada y sometida al cumplimiento estricto de las normas ambientales, puede representar una fuente importante de desarrollo económico, empleos, ingresos fiscales y fortalecimiento nacional.
Advierte sobre responsabilidad del Estado y funcionarios
En la comunicación dirigida al mandatario, la entidad también aborda el marco constitucional y legal relacionado con la actuación de la administración pública y la responsabilidad del Estado ante posibles daños derivados de decisiones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico.
El documento cita el artículo 138 de la Constitución, que establece que la Administración Pública está sujeta a principios como eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.
También hace referencia al artículo 148 de la Constitución, sobre responsabilidad civil, según el cual las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes son responsables, conjunta y solidariamente, por los daños y perjuicios ocasionados a personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica.
La carta menciona, además, la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, así como la Ley 41-08 de Función Pública, para advertir que los servidores públicos pueden enfrentar responsabilidades disciplinarias, civiles y patrimoniales por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico y al interés general.
Pregunta quién respondería ante una eventual condena
El Centro Juan XXIII formuló una interrogante que considera de interés nacional: si el Estado dominicano fuera demandado y condenado como consecuencia de una resolución antijurídica, es decir, adoptada al margen de lo establecido en la norma legal, quién sería el funcionario público responsable solidariamente para evitar que sea el pueblo dominicano quien termine pagando los perjuicios económicos causados a particulares o inversionistas.
La entidad sostuvo que el país ya cuenta con jurisprudencia que condena a funcionarios de manera solidaria por daños causados a particulares, por lo que pidió que el caso del proyecto Romero sea manejado con prudencia, equilibrio, transparencia y estricto apego al interés nacional y al ordenamiento jurídico.
Un debate ambiental, económico e institucional
El proyecto minero Romero ha sido objeto de debate público por sus posibles implicaciones ambientales, económicas y sociales. Para sectores críticos, el tema exige máxima cautela por el impacto que una explotación minera podría generar sobre los recursos naturales y las comunidades. Para quienes defienden el respeto al procedimiento institucional, cualquier decisión debe sustentarse en estudios técnicos concluyentes y no en presiones políticas o sociales.
La posición del Centro Juan XXIII busca colocarse en ese punto de equilibrio: reconoce la legitimidad de las preocupaciones ambientales y ciudadanas, pero advierte que el Estado debe evitar decisiones apresuradas que comprometan la seguridad jurídica o que puedan derivar en responsabilidades patrimoniales para la administración pública.
En su comunicación, la organización expresó confianza en que el Gobierno continuará manejando el tema con prudencia y respeto al marco legal dominicano. La carta fue firmada por Noel Giraldi, presidente del Comité Centro Juan XXIII.
Compartir esta nota