Hace 17 años, República Dominicana promulgó una ley de incentivos a las energías renovables, la Ley 57-07. El país tiene como meta alcanzar el 25 % de la generación energética en base a fuentes limpias para este año.
Actualmente, los incentivos tributarios que República Dominicana otorga a las energías renovables establecen la exoneración del impuesto a la importación, y un crédito a la inversión en el Impuesto sobre la Renta (ISR) de hasta un 40 % del costo de la inversión en equipos. Este marco legislativo se creó en 2007 para impulsar, mediante incentivos fiscales, a las personas físicas y jurídicas que inviertan en el sector energético.
Además, entre 2012 y 2023, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) registró que la capacidad instalada procedente de fuentes renovables pasó de 8,8% a 28,9%, lo que se traduce en 276,5 megavatios (MW) a 1,590,5 MW, o sea, 5,7 veces más, en el Sistema Energético Nacional Interconectado (SENI).
De hecho, la matriz energética de República Dominicana cerró el 2024 con una capacidad de generación de electricidad de 1,396 MW a través de fuentes renovables no convencionales (solar, eólica y biomasa), lo que representa un 23,32 % de la capacidad de generación nacional.
Es así como el impulso de incentivos fiscales avalados por el Gobierno dominicano atrae inversiones extranjeras y el interés de personas jurídicas en el sector energético. Pero, a medida que aumenta la participación de las energías renovables, se plantean nuevos retos que obstaculizan su crecimiento.
La presidenta de Mujeres en Energía de República Dominicana (MER-RD) y experta en energía, Paola Pimentel, afirmó que la Ley 57-07 marcó el comienzo de una nueva era para el sector energético de República Dominicana y despertó el interés en las energías renovables como una oportunidad real para la seguridad energética y el desarrollo sostenible.
Sin embargo, 17 años después, es evidente que el camino recorrido también deja aprendizajes. La experta citó que el crecimiento sostenido de las renovables requiere una planificación integral, donde el desarrollo de proyectos vaya de la mano con la modernización de la infraestructura eléctrica, la digitalización del sistema y la formación del talento humano que impulse esta transformación.
“La ley fue el primer paso, pero el verdadero desafío es evolucionar más allá de los incentivos iniciales y construir una visión de largo plazo”, destaca la experta.
Alfonso Rodríguez, titular de la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (Asofer), explicó que el Gobierno dominicano “debería reforzar los incentivos y las políticas de apoyo a la instalación de mayor generación energética renovable”.
Él sostuvo que lo importante sería reducir las pérdidas en la energía distribuida a través de la Empresa Distribuidora de Electricidad, “mantener esas pérdidas implica aumentar el subsidio al sector eléctrico, que cada año supera US $1,200 millones”.
Señaló que las pérdidas por energía eléctrica distribuida son un desafío para el sector eléctrico y la transición energética.
El informe de Desempeño Empresas Eléctricas Estatales, publicado por el Viceministerio de Energía, reveló que las empresas distribuidoras tuvieron pérdidas de energía de un 37,4 % en el período enero-noviembre del 2024.
Las pérdidas de energía de las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs) es la diferencia entre la energía que compran a los generadores y la que facturan económicamente a la población.
Por ejemplo, las EDEs compraron 15,299.5 gigavatios (GWh) a US$ 15.12 el kilovatio por hora, que se tradujo a US$2,313.4 millones. Sin embargo, solo vendieron el 68,8 % o US$ 1,592,7 millones y cobraron US$ 1,491,3 millones, para una pérdida de US$ 822,1 millones en el sistema eléctrico, detalla el informe del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Incentivos para fortalecer las energías renovables
Pimentel consideró que el sector necesita un marco normativo que incentive no solo la generación, sino también la innovación, integrando tecnologías como almacenamiento con baterías, movilidad eléctrica, redes inteligentes y comunidades energéticas.
Además, es “necesario” que esta actualización contemple una planificación energética más integrada, donde las renovables no sean un capítulo separado, sino el eje transversal de la estrategia nacional.
“Actualizar la ley no es cuestionar su efectividad, es reconocer su éxito y aceptar que ahora necesitamos un nuevo marco a la altura de los desafíos y oportunidades que vienen. La transición energética es dinámica y nuestro marco legal debe serlo también”, comentó.
El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Manuel Cabral, consideró como una necesidad que el país cuente con un marco regulatorio actualizado y que responda a las tendencias del mercado para poder robustecer el sistema eléctrico.
Dijo que es de carácter obligatorio que sea una regulación clara, eficiente y adecuada a las necesidades y nuevas tendencias para el desarrollo sostenible del país. Destacó los pasos que se han dado en la actualización de las legislaciones energéticas e indicó que se necesita continuar el avance hacia un marco regulatorio claro que dote al sector de baterías de almacenamiento y servicios auxiliares para mantener la seguridad del sistema y ampliar la penetración de las energías renovables.
Asofer sostuvo que la actualización de la Ley 57-07, así como el reglamento de generación distribuida, deben ir enfocados a dinamizar la inclusión de más proyectos de energía renovable.
“Cuando una empresa decide hacer una inversión en energía renovable, reduce sus costos de operación, sus indicadores de desempeño mejoran, genera más utilidades, y al final del año se lo retribuye al Estado con el pago del impuesto sobre la renta (ISR)”.
La entidad expuso que para que las energías renovables sigan avanzando en el segmento de la generación distribuida, se requiere que la actualización del marco regulatorio que permita una mayor integración de las renovables.
“Urge que la Superintendencia de Electricidad realice los estudios de penetración de energía fotovoltaica en las redes de distribución tanto en las empresas distribuidoras de electricidad como en sistemas aislados, y que las conclusiones sirvan de base técnica fiable para definir los nuevos topes a partir del cual se requieren hacer estudios suplementarios”, sostuvo Cabral.
Cambios normativos en torno al almacenamiento
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que el país necesitará entre 250 y 400 MW de capacidad instalada en sistemas de almacenamiento de energía (BESS) para el 2028.
“El almacenamiento de energía, además de promover seguridad energética, garantizará la estabilidad del sistema eléctrico y optimizará el aprovechamiento de las energías renovables”.
Agregó que la “necesidad de ampliar hasta los 400 MW” se debe al “despliegue” de las fuentes renovables no convencionales como la energía solar, la que presenta retos debido a su intermitencia, ya que no genera energía durante la noche ni en baja radiación solar.
No obstante, aclaró que adoptar los sistemas de almacenamiento dependerá del marco regulatorio que demanda este sistema que garantice su viabilidad económica.
Santos aseguró que el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad, “están trabajando en la actualización del marco normativo para asegurar una compensación para crear el marco adecuado en el que se pueda desarrollar estos sistemas”.
Mientras que el director de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras, aclaró que el Plan Energético Nacional 2022-2036 será publicado mediante un borrador como “actualización para incluir un capítulo dedicado a las energías renovables y su almacenamiento”.
Asimismo, se aprobó la Resolución CNE-AD-0005-2024, que establece nuevas condiciones para integrar sistemas de almacenamiento (BESS).
La viceministra de Innovación y Transición Energética, Betty Soto, dijo que el debate sobre la necesidad de adaptar las leyes a la creciente demanda de energías renovables sigue generando atención en el país. Sin embargo, desde el Ministerio de Energía y Minas se ha dejado claro que, en lugar de modificar la Ley 57-07 sobre incentivos a las energías renovables, se está apostando por la implementación de regulaciones complementarias.
“Una de las principales medidas que se está adoptando es la inclusión del almacenamiento de energía en los nuevos proyectos de generación renovable, regulada por la Comisión Nacional de Energía. Esta estrategia busca dar respuesta al rápido crecimiento del sector, sin necesidad de alterar la ley existente”, explicó Soto.
En cuanto a la Ley General de Electricidad, el Gobierno sí contempla un proyecto de armonización que recogería diversas disposiciones de las normas vigentes en el sector eléctrico.
La funcionaria comentó que la iniciativa tiene como objetivo adaptar la legislación a la “realidad actual del país y los cambios en el contexto energético, un mandato establecido por el Pacto Eléctrico. Este proyecto se espera presentar antes de finalizar la actual legislatura y a principios del próximo año”.
A pesar de que el Gobierno no planea modificaciones para la Ley de Energías Renovables, Soto aseguró que él “sigue comprometido con la transición energética y tiene claro que es necesario ajustar algunas regulaciones” para gestionar adecuadamente la entrada de energía renovable al sistema eléctrico, en un proceso que presenta retos logísticos y técnicos.
El titular del Ministerio de Energía, Santos, dijo que “el país se encamina a licitar fuentes de almacenamiento para lograr este objetivo, además de que la Comisión Nacional de Energía ha dispuesto regulaciones que exigen que los proyectos renovables de más de 20 MW incluyan al menos 50 % de capacidad de almacenamiento”.
El estudio Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico en República Dominicana señaló que el escenario de renovables, que sustituye la producción a carbón por eólica y solar con almacenamiento, es en promedio el de mayor beneficio para el país, alcanzando US$2,700 millones acumulados hacia mitad de siglo.
Además, el informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ejemplifica que la transición a las energías renovables podría ahorrar un promedio de US$ 800 millones en costos de combustibles fósiles y US$ 1.500 millones en servicios de salud al reducir las emisiones nocivas, compensando los US$ 4.600 millones de inversión en energía renovable requerida.
Brechas
La mayor brecha que aún enfrenta República Dominicana está en construir una visión de largo plazo donde cada actor -público, privado, financiero y social – tenga claro su rol y su aporte.
Pimentel opina que se necesita un proceso de planificación integral que conecte los objetivos climáticos con las decisiones regulatorias, el desarrollo de infraestructura, la atracción de inversiones y la generación de beneficios tangibles para las comunidades locales.
“También enfrentamos el reto de acelerar los procesos de permisos y conexión, garantizando transparencia y eficiencia, sin perder el enfoque en la sostenibilidad ambiental y social”, agregó.
Acotó que actualizar la Ley 57-07 y fortalecer la planificación integral son clave para garantizar que el crecimiento de las renovables sea sostenible y beneficioso para todos.
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Este trabajo es parte de nuestro programa de Mentorías en Periodismo Climático de Climate Tracker América Latina. |
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