La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su preocupación por la propuesta de reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la misma compromete principios fundamentales del orden democrático, como la libre empresa, la transparencia pública y la participación plural en las decisiones de política ambiental.
De acuerdo con la entidad, el proyecto de modificación legal limita la representación del sector empresarial en los órganos de gestión y excluye a empresas independientes dedicadas al reciclaje, compostaje y valorización de residuos. También establece condiciones restrictivas para el acceso a permisos y fondos públicos, como la exigencia de contar previamente con rellenos sanitarios o plantas de valorización, lo que, según Finjus, obstaculiza la entrada de nuevos actores y favorece la consolidación de estructuras monopólicas.
“Lo que se ha promovido como modernización, en realidad puede representar un retroceso en términos de institucionalidad, libre competencia y sostenibilidad”, advirtió Finjus, señalando que la reforma colocaría al sector en manos de un grupo reducido de actores con poder de decisión, lo cual afectaría directamente la calidad del servicio, los costos para los usuarios y el derecho colectivo a un medioambiente sano.
Otro de los puntos críticos señalados es el incremento proyectado de más de un 3,000 % en las contribuciones económicas del sector, lo que afectaría particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas sin que exista un análisis técnico que sustente dicha medida. También criticó que la reforma permitiría a los ayuntamientos establecer tarifas sin una regulación clara, lo que generaría distorsiones en la prestación del servicio de gestión de residuos.
Además, Finjus cuestionó la eliminación del Ministerio de Hacienda como parte del fideicomiso público para la gestión de residuos, así como la exclusión de representantes ambientales y empresariales clave, lo que reduciría la vigilancia legal y financiera del uso de fondos públicos. “La figura del fideicomiso pasaría a manejarse sin contrapesos ni auditorías externas robustas”, alertó la organización.
La entidad concluyó que la reforma contradice principios constitucionales como la proporcionalidad, la razonabilidad y la equidad, e instó a que la propuesta sea revisada en un proceso abierto, fundamentado en evidencia técnica y diálogo multisectorial. “El país necesita una política de residuos sólida, pero también inclusiva, justa y respetuosa del Estado Social y Democrático de Derecho”, afirmó.
Finjus enfatizó que cualquier modificación a la Ley 225-20 debe sustentarse en un enfoque integral que garantice la sostenibilidad ambiental y la equidad económica, sin cerrar el camino a la innovación y la participación de todos los sectores sociales.
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