A pesar de la meta del 2025 de satisfacer el 25 % de la energía de República Dominicana con fuentes renovables, en 2024 el Gobierno pretende destinar más dinero para subsidiar los precios de los combustibles fósiles que para impulsar energías renovables.
De acuerdo con el documento “Estimación del gasto tributario por sector beneficiado”, publicado por el Ministerio de Hacienda, el monto que recibirá el renglón de energía renovable por vía de los incentivos fiscales se proyectó en RD$ 2,263.7 millones (US$ 36.7 millones), equivalentes a 0.03 % del producto interno bruto (PIB) y 0.59 % de todas las exoneraciones que ejecutará el Estado.
Para los hidrocarburos, se proyecta RD$ 16,942.9 millones (US$ 274.0 millones), el 0.21 % del PIB o el 4.42 % del total de las exoneraciones del 2025.
En total, en 2024 se destinaron RD$ 17,000 millones para subsidiar los precios internos de los combustibles, de acuerdo con el Viceministerio de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Los altos costos asociados con proyectos de energías limpias han sido apuntados como un desafío por las autoridades dominicanas, quienes exploran esquemas de financiamiento público-privado para acelerar la transición energética.
El Gobierno decidió promover el desarrollo de las energías renovables a través de un modelo basado en inversión privada y no pública, a cargo del marco jurídico de la Ley 57-07 Energías Renovables, que data de 2007.
Asimismo, la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) afirma que «se creó un marco jurídico claro y transparente» y que “los tres principales agentes captadores de ahorros del sistema financiero dominicano (compañías de seguros, administradoras de fondos de pensiones y bancos comerciales) tienen suficientes recursos para financiar a largo plazo proyectos en energía», pero que “ha habido poca innovación financiera en el mercado para crear instrumentos o vehículos que respalden el desarrollo de proyectos”.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que las inversiones estatales están enfocadas en modernizar las redes de distribución eléctrica y la instalación de almacenamiento de energía.
Henri Hebrard, analista económico, explica que, si bien los subsidios a los combustibles han evitado un impacto directo sobre los consumidores en un contexto internacional de altos precios del petróleo, también han significado un incremento en el gasto público en un contexto donde República Dominicana se encamina a la transición energética.
El precio de los combustibles depende de la cotización del barril de petróleo en el mercado internacional. En el caso de República Dominicana, intervienen factores como el costo de los fletes y los impuestos, principalmente en el Intermedio de Texas (WTI).
Ante las alzas constantes que se vienen registrando en el petróleo y, como forma de no traducir el total de esas alzas a los consumidores, el Gobierno aplicó un subsidio que se aplica cada semana en los precios, decisión que está a cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Para mantener los precios internos de los combustibles congelados, el Estado ha destinado hasta RD$ 514.4 millones semanales (US$ 8.3 millones), una cifra que es 2.7 veces más que los RD$ 190 millones (US$ 3 millones) previstos originalmente de RD$10,000 millones (US$ 162,270 millones) para 2025, de acuerdo con el Presupuesto General del Estado.
Marvin Fernández, consultor en Energía y Medioambiente, señala que es de vital importancia reducir la alta dependencia en importaciones de combustibles fósiles, “lo que la hace vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales dominados por aspectos geopolíticos de los cuales no tiene control”.
Cita el ejemplo de que el 85 % de la demanda fue abastecida con estas fuentes (gas natural, carbón mineral, fuel oil #6 y #2), y solo el 15 % se obtuvo a través de energía renovables (sol, agua, viento, biomasa) en 2023.
El informe “Desarrollo depurativo: reorientación de los subsidios perjudiciales para el ambiente”, publicado por el Banco Mundial (BM), señala que, para subsidiar el consumo de combustibles fósiles, los países gastaron alrededor de seis veces el monto que prometieron movilizar al año en favor de las energías renovables y el desarrollo con bajas emisiones de carbono del Acuerdo de París.
De acuerdo con el especialista en energía, los subsidios perpetúan la dependencia de combustibles fósiles y dificultan el cambio estructural hacia una matriz energética más sostenible, provocando un retraso en la transición energética. Agrega que ante este escenario resulta más sensato seguir estimulando la expansión de más proyectos de energías renovables.
Hebrard advierte que el impacto fiscal de estos subsidios podría poner en riesgo la sostenibilidad económica a largo plazo. Sin embargo, advierte que el impacto fiscal de estos subsidios podría poner en riesgo la sostenibilidad económica a largo plazo.
Agrega que el desmonte gradual de los subsidios ha comenzado a discutirse, siendo la gasolina premium una posible candidata para iniciar este proceso debido a que su consumo está asociado a los hogares de mayores ingresos. No obstante, considera que el Gobierno “parece decidido a mantener el esquema actual en el corto plazo”.
Equilibrio fiscal
Fernández destaca que se podría trabajar en un plan progresivo para destinar estos fondos a otros sectores, especialmente los que permitan mejorar la política energética, además de contar con un marco regulatorio que incentive a las empresas y ciudadanos a invertir en proyectos de energía renovable, que priorice su despacho garantizando certidumbre para los inversionistas.
“Con los ahorros generados por la reducción de exoneraciones, se podrían crear fondos destinados a favorecer proyectos renovables en comunidades ubicadas en zonas remotas, así como campañas de educación y sensibilización explicando los beneficios que supone la transición energética”, comenta Fernández.
Para el especialista, la generación solar y eólica debe ser incentivada frente a la compra de combustible fósil importado, que está exonerado para la generación eléctrica, al agregar que los subsidios crean una “ventaja artificial” para los hidrocarburos, ocasionando distorsión de precios en el mercado.
De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que la transición a las energías renovables permitiría a República Dominicana ahorrar un promedio de US$ 5,800 millones en costos de combustibles fósiles.
En el informe “Evaluación económica de la descarbonización del sector eléctrico en la República Dominicana” se hace referencia a que la producción de energía renovable generaría beneficios de US$ 2,700 millones para la década del 2050, cuando el país tiene la meta de tener diversificada en un 30 % la matriz energética, de acuerdo con el Plan Energético 2022-2036, del Ministerio de Energía y Minas.
“Sería muy favorable para el país contar con una política pública específica para impulsar el crecimiento de la generación renovable distribuida, como lo hizo Panamá en la cual se comprometieron a alcanzar 1700 MW para 2030, aportando un 14 % de la generación eléctrica”, reflexiona Fernández.
Desde el punto de vista energético, las contribuciones de un total de 10 parques eólicos y nueve plantas solares que están en operación son alrededor de 11.7 % del total de la generación de energía por fuentes renovables hasta mayo del 2024, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Metas que aún deben cumplirse
Tomando en consideración que el sector energía es el responsable del 60 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, el país asumió compromisos climáticos en el marco del Acuerdo de París, como reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 27 % respecto al 2010 para la década del 2030, y lograr la carbono neutralidad para el 2050.
“Transitar hacia un escenario menos dependiente de los combustibles fósiles implica ahorros económicos importantes tanto para el Estado como para el sector empresarial, reduciendo costos operativos, generando más empleos de calidad, aumentando su competitividad y mejorando su imagen corporativa a través de prácticas sostenibles”, detalla Fernández.
El economista Hebrard señala que el país seguirá dependiendo de los combustibles fósiles “durante un tiempo considerable”, mientras trabaja en soluciones más sostenibles. Afirma que el balance entre apoyar a los ciudadanos y garantizar la sostenibilidad fiscal es una “tarea compleja” que marcará la agenda económica y energética en los próximos años.
Este objetivo está avalado bajo la Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y la Ley 57-07 de Fomento a las Energías Renovables, que promueven su desarrollo con el objetivo de lograr un crecimiento económico sostenible y reducir la dependencia de hidrocarburos importados.
Ante esto, la viceministra de Innovación y Transición Energética del Ministerio de Energía y Minas, Betty Soto, dijo que se reducirá gradualmente su dependencia del carbón, particularmente de la planta Punta Catalina, que aporta más de 700 MW al sistema eléctrico nacional.
Además, dijo que se están impulsando proyectos de generación eléctrica basados en gas “natural” (gas fósil). Pero, a pesar de ser incentivado en algunos países como un combustible «aliado» en la transición, el gas es un combustible fósil que libera metano y CO2 a la atmósfera.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo muestra que el uso del gas resulta más costoso y más contaminante para República Dominicana que una transición directa a energías renovables, como la solar y la eólica.
De todos modos, “el alto costo de insumos como paneles solares y otros equipos para energías renovables también ha impulsado la discusión sobre ajustes normativos, como el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, que busca promover tecnologías más accesibles y sostenibles”, señala Soto.
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