Claro que República Dominicana lo tiene todo, por eso no deja de sorprender al mundo con las acciones que ocurren en este territorio caribeño insular, como la reciente decisión del Concejo de Regidores del municipio de Sosúa en la provincia de Puerto Plata, encabezada por la moción del regidor Francisco Alberto Martínez, secundada por el sacerdote católico Jony Espinal Castillo y apoyada por el presidente de la Federación de Pastores de la zona, Sebero Cordero Capellán, unidos todos para retirar la ancestral estatua de Atabey de la playa de Sosúa, quienes entienden que este es un elemento extraño que atrae "males" al municipio, lo que constituye por si ellos no lo saben, un acto de barbarie cultural, atenta contra los derechos culturales, leyes nacionales y convenios internacionales que protegen el patrimonio cultural.
Se equivocan los regidores de Sosúa si creen que están por encima de la Constitución Dominicana, que en su artículo 64 establece:
“Toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la Nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. En consecuencia: 1) Establecerá políticas que promuevan y estimulen, en los ámbitos nacionales e internacionales, las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana e incentivará y apoyará los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales; 2) Garantizará la libertad de expresión y la creación cultural, así como el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y promoverá la diversidad cultural, la cooperación y el intercambio entre naciones; 3) Reconocerá el valor de la identidad cultural, individual y colectiva, su importancia para el desarrollo integral y sostenible, el crecimiento económico, la innovación y el bienestar humano, mediante el apoyo y difusión de la investigación científica y la producción cultural. Protegerá la dignidad e integridad de los trabajadores de la cultura; 4) El patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado que garantizará su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio cultural de la Nación, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por el Estado, son inalienables e inembargables y dicha titularidad, imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos privadas y los bienes del patrimonio cultural subacuático serán igualmente protegidos ante la exportación ilícita y el expolio. La ley regulará la adquisición de los mismos” (Constitución de la República Dominicana, 2010).
Esa acción también violenta la Ley 41-00 de Cultura, que en su párrafo 2, articulo 1, capitulo 1, titulo 1, sobre el patrimonio cultural establece:
“El patrimonio cultural de la Nación comprende todos los bienes, valores y símbolos culturales tangibles e intangibles que son expresión de la Nación dominicana, tales como las tradiciones, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes, incluidos aquellos sumergidos en el agua, materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, tecnológico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museográfico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular”.
Pero también esa acción viola la Ley 318-98 sobre Patrimonio Cultural de la Nación, que establece la obligación de las autoridades nacionales y locales de preservar y salvaguardar el patrimonio tangible e intangible del país.
A nivel internacional, la República Dominicana es signataria de la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), de la Convención sobre la Diversidad Cultural (2005) y de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2001). Al retirar la estatua de Atabey, no solo se atropella la memoria local, sino que se viola el compromiso jurídico internacional asumido por el Estado dominicano. Ojalá alguien de la zona le haga llegar esta información a estos señores.
La escultura de Atabey, de 16 pies de altura, fue instalada en marzo de 2023 como parte de una iniciativa conjunta de la Fundación Maguá y Global Coralition. El proyecto buscaba promover la cultura taína y, al mismo tiempo, contribuir a la recuperación de los corales en la bahía de Sosúa, deteriorados por años de contaminación y acumulación de desperdicios.
Desde su colocación, la obra generó opiniones divididas: mientras algunos sectores valoran su aporte al arte, la cultura y el medio ambiente, grupos religiosos expresaron su rechazo al considerarla una representación asociada a prácticas de idolatría.
¿Quién es Atabey?
En la cosmovisión taína, Atabey es la madre de las aguas, de la luna, de los ríos y de la fertilidad. Representa la fuerza femenina, el equilibrio cósmico y la espiritualidad ancestral que conecta al ser humano con la naturaleza. Retirar su estatua es un acto de negación cultural y genocidio simbólico, una continuación del proceso colonial que buscó arrancar de raíz nuestras memorias y sustituirlas por una única visión del mundo. Y claro, que sabemos que la colonización sigue, pero con otras acciones y estas son m uy evidentes.
Frantz Fanon advertía en su histórica obra Los condenados de la tierra, “El colonialismo no se contenta con imponer su dominio económico y político; pretende vaciar la cultura del colonizado, destruir sus símbolos, negar sus espiritualidades”. Lo que ha ocurrido en Sosúa es exactamente eso: un acto colonial en pleno siglo XXI, avalado por regidores, autoridades elegidas por el pueblo para representarlos y que pagan los ciudadanos a pesar del poco trabajo que sabemos hacen en sus territorios, pero además y es para mí lo peor, como estos ediles se articulan con sectores religiosos de diferentes denominaciones que siguen reproduciendo un pensamiento intolerante y atrasado.
Este no es un asunto local. Es parte de una secuencia: primero fueron las manifestaciones afrodominicanas perseguidas y marginadas, ahora vienen por lo taíno, por lo indígena, por el legado ancestral. Si hoy se derriba la estatua de Atabey en Sosúa, ¿qué impide que mañana en San Juan de la Maguana algunos sacerdotes y pastores decidan desbaratar el Centro Ceremonial Taíno? ¿Vamos a permitir semejante barbaridad en Sosua?
Es indignante porque somos muchos los que dedicamos años de investigación, escritura, publicaciones y trabajo para salvaguardar estas memorias culturales, para que vengan regidores ignorantes y los conviertan en botín de intolerancia religiosa y política, como lo que ha ocurrido.
Por ello, este no es solo un reclamo de indignación: es una exigencia de acción inmediata. El Ministerio de Cultura, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, la Gobernación de Puerto Plata y los legisladores de la provincia tienen la obligación de intervenir. No pueden permanecer indiferentes frente a un atropello tan grave.
Hago un llamado a la Academia, a los Centros culturales, a los investigadores, a los gestores culturales y a todos los dominicanos y dominicanas que aman y defienden la cultura: unámonos para exigir que esta decisión de los regidores de Sosúa sea revocada de inmediato. Y más aún: que estos regidores reciban formación en historia, cultura y patrimonio, para que comprendan que sus cargos no les dan licencia para violar la memoria de un pueblo.
Lo ocurrido en Sosúa es una vergüenza nacional e internacional. Y si en la República Dominicana no se revierte, habrá que llevar este caso a los organismos internacionales de los que somos parte, organismos vinculados a la cultura y a los derechos humanos, porque estamos ante un atentado contra la identidad de un pueblo y contra los compromisos internacionales que nos obligan a protegerla.
Que vergüenza tan grande pasará el país cuando los 150 ministros de cultura del mundo que están reunidos en Barcelona, España del 29 de septiembre al 1 de octubre en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible MONDICULT 2025, se enteren por los medios internacionales de esta aberrante acción ocurrida en el país, en medio de las plenarias que precisamente buscan estrategias y políticas publicas para redoblar la salvaguardia de los patrimonios del mundo desde la UNESCO.
La historia no se borra con decretos ni con mociones municipales. La memoria no se derrumba con intolerancia. Atabey no se retira: Atabey habita en las aguas, en la luna, en las montañas, en la conciencia ancestral de este pueblo.
Y que lo sepan bien los regidores de Sosúa, los pastores evangélicos y los sacerdotes, que aunque se pasen los elementos del patrimonio cultural dominicano por donde no da el sol y con su resolución en nombre del pueblo que los eligió para representarlos: pueden derribar la estatua, pero jamás podrán arrancar de raíz la historia y la identidad de la República Dominicana. Seguimos atentos para ver el otro capítulo de esta película sobre violaciones de derechos culturales en el país y todo sigue igual.
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