¿Qué educación y qué proyecto de nación necesitamos para el siglo XXI?
Se ha dicho que la República Dominicana tiene un sistema educativo del siglo XIX, profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. La frase puede provocar una discusión, pero simplifica excesivamente el problema. ¿Quién formó a esos profesores, para enseñar qué, con cuáles recursos y dentro de qué concepción del desarrollo nacional? ¿Por qué un sistema que los evalúa favorablemente no consigue que una gran parte de sus estudiantes alcance los aprendizajes esperados? Y, sobre todo, ¿hacia qué país pretende conducir a unos y a otros?
Mi planteamiento parte de una relación que debemos examinar en conjunto: la formación de los estudiantes, la preparación y las condiciones de sus profesores y la visión de nación expresada en la Estrategia Nacional de Desarrollo. La escuela y la universidad forman personas para vivir en una sociedad determinada y contribuir a transformarla. Por eso, revisar los métodos de enseñanza sin interrogar el proyecto económico, social, cultural y ambiental del país deja intacta una parte esencial del problema.
Los resultados de PISA han reabierto el debate sobre las dificultades de los estudiantes dominicanos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Debemos tomarlos en serio, pero una prueba internacional no define por sí sola el sentido de la educación. Antes debemos preguntarnos qué ser humano pretende formar el país y para qué sociedad.
Encuentro importantes coincidencias con el doctor Manuel Matos Moquete, a quien admiro y respeto. Su señalamiento sobre la falta de gestión curricular obliga a distinguir entre el currículo escrito y su aplicación efectiva. Antes de anunciar otra reforma, debemos determinar si los docentes conocen suficientemente ese currículo, si cuentan con materiales y acompañamiento para desarrollarlo y si las instituciones verifican lo que sucede en las aulas. Ninguna declaración de principios sustituye las condiciones necesarias para enseñar y aprender.
Elvira Lora ha llamado la atención sobre una contradicción importante: la República Dominicana ocupa una posición destacada en el índice de apoyo docente, mientras sus estudiantes permanecen entre los de menor rendimiento y el sistema evalúa favorablemente a una elevada proporción del profesorado. Para comprender esa distancia entre acompañamiento, evaluación y aprendizaje debemos examinar la formación que el país ofrece a sus maestros, sus posibilidades de aplicar el currículo y lo que realmente miden las evaluaciones. La responsabilidad corresponde también a las instituciones, no únicamente a quien se encuentra frente al aula.
La pregunta final no es únicamente qué capacidades requiere el mercado del futuro, sino qué nación deseamos construir y qué profesores, estudiantes y ciudadanos necesitamos para hacerla posible
La comprensión lectora merece especial atención. Ligia Amada Melo ha advertido sobre sus deficiencias y cuestionado que los estudiantes avancen sin comprobar suficientemente lo aprendido. Otras voces han insistido en la alfabetización temprana, la continuidad de las políticas, la infraestructura y la formación del profesorado. Son dimensiones de una crisis estructural y sistémica que no puede atribuirse a una sola causa.
¿Qué formación necesita, entonces, el docente? Para enseñar a pensar, dialogar y comprender los desafíos contemporáneos, no basta con conocer técnicas pedagógicas y herramientas digitales. Hace falta una preparación cultural amplia que permita relacionar la lengua con la historia, la ciencia con sus efectos sociales y la tecnología con la ética. Pero no podemos exigir esa amplitud sin ofrecer tiempo para estudiar, formación continua, acompañamiento y condiciones dignas de trabajo.
Gerardo Roa Ogando ha señalado que el docente necesita conocimientos de historia, geografía, filosofía, política y geopolítica, además de comprender los desafíos tecnológicos y la ética de la inteligencia artificial. Su ejemplo sobre la lectura de autores caribeños como Manuel del Cabral, Nicolás Guillén o Rubén Suro resulta esclarecedor: identificar los recursos literarios de un poema no basta si se desconocen la esclavitud, la colonización, las migraciones, las clases sociales y las herencias culturales del Caribe. El diálogo en el aula depende también de la capacidad del profesor para relacionar saberes y abrir nuevas preguntas.
La cuestión se extiende a la universidad. Formar profesionales capaces de responder a las necesidades económicas y científicas es indispensable, pero esa finalidad no puede agotar el sentido de la educación. El dominio de una técnica no garantiza la capacidad de juzgar sus consecuencias sobre las personas, las instituciones o el medio ambiente. La filosofía, la historia, la literatura, las artes y las ciencias sociales contribuyen a formar ese juicio.
En esta reflexión conservan vigencia Eugenio María de Hostos y Pedro Henríquez Ureña. No para trasladar sus propuestas sin cambios a nuestro tiempo, sino para recuperar la importancia que concedieron a la formación intelectual, cultural y moral. Una educación orientada al desarrollo humano integral y sustentable debe unir conocimiento científico y tecnológico, conciencia histórica, sensibilidad, libertad responsable y compromiso con el bien común.
La Estrategia Nacional de Desarrollo plantea aspiraciones de calidad educativa, equidad, aprendizaje continuo y ciudadanía responsable. Pero no basta con comprobar formalmente el cumplimiento de sus metas. Debemos preguntarnos si la concepción de desarrollo que la orienta responde a las transformaciones del siglo XXI y a las necesidades humanas, sociales, culturales, económicas y ambientales de la nación. ¿Qué modelo productivo necesitamos? ¿Cómo se relacionan la creación de riqueza y su distribución? ¿Qué lugar deben ocupar la cultura, las humanidades, la investigación científica y la sostenibilidad ecológica?
Economías de servicios: desafíos y condiciones para su transformación
Hacia el futuro, los países en desarrollo cuyas economías descansan en gran medida sobre el sector servicios enfrentan el reto crítico de evitar la llamada trampa del ingreso medio mediante la digitalización, la innovación y la mejora sostenida de la productividad. A diferencia de la industrialización tradicional, una economía orientada hacia los servicios debe adaptarse con enorme rapidez a los cambios tecnológicos para mantener su competitividad internacional. Pero esa adaptación no puede entenderse como un proceso meramente técnico: compromete la educación, el trabajo, la protección social, la soberanía tecnológica y la capacidad del Estado para orientar el desarrollo.
Entre sus grandes desafíos se encuentra, en primer lugar, la brecha digital y la automatización. La inteligencia artificial y otras tecnologías pueden transformar o desplazar servicios de bajo valor agregado, como determinadas funciones de los centros de llamadas, la atención básica al cliente y algunas tareas administrativas. Los países que no actualicen su infraestructura digital y no democraticen el acceso a las nuevas tecnologías corren el riesgo de quedar rezagados y de profundizar sus desigualdades internas.
Un segundo desafío es la informalidad laboral. Una parte considerable de los servicios en los países en desarrollo —entre ellos el comercio minorista, el transporte local y el trabajo doméstico— funciona fuera de los mecanismos formales de regulación y protección. Esta situación limita la recaudación fiscal, debilita la seguridad social y dificulta el crecimiento de la productividad, además de mantener a numerosos trabajadores en condiciones de vulnerabilidad.
A ello se agrega la desalineación entre la formación y las nuevas exigencias del trabajo. Las universidades y los centros técnicos continúan formando profesionales en áreas tradicionales, mientras crece la demanda internacional de conocimientos relacionados con el análisis de datos, el desarrollo de software, la ciberseguridad y los servicios financieros avanzados. Sin embargo, responder a esa brecha no significa subordinar la educación al mercado ni sustituir la formación integral por un entrenamiento de corta duración. Significa preparar personas capaces de aprender continuamente, renovar sus conocimientos, comprender los cambios y participar críticamente en ellos.
También debe considerarse la vulnerabilidad externa. Una dependencia excesiva de actividades como el turismo expone a las economías a perturbaciones provocadas por crisis climáticas, pandemias, recesiones internacionales y tensiones geopolíticas. La experiencia reciente demuestra que el crecimiento sustentado en pocos sectores puede deteriorarse rápidamente cuando esos flujos externos se interrumpen.
Para competir en el escenario internacional, estos países deben transformar su matriz de servicios tradicionales y avanzar hacia servicios modernos, especializados e intensivos en conocimiento, conocidos internacionalmente como knowledge-intensive business services o KIBS. Esto requiere ampliar la conectividad digital y el acceso asequible a internet; impulsar la actualización y reconversión profesional en ciencias, tecnología y competencias digitales, articuladas con las humanidades y la ética; establecer normas claras sobre comercio electrónico, protección de datos y ciberseguridad; y fomentar la exportación de servicios de alto valor agregado, como la consultoría jurídica, la arquitectura, el diseño, la telemedicina y las industrias culturales y creativas.
El camino hacia adelante exige transitar desde una economía de servicios de subsistencia o de baja productividad hacia otra basada en servicios de alta productividad, conocimiento e innovación. Las alianzas entre el Estado, las universidades, los centros de investigación, los trabajadores y el sector privado pueden contribuir a digitalizar y modernizar las actividades productivas. Sin embargo, su éxito no debe medirse exclusivamente por el crecimiento económico o la competitividad, sino también por la creación de empleos dignos, la reducción de las desigualdades, la protección de los derechos y su contribución a un desarrollo humano integral y ambientalmente sostenible.
Conclusión
La República Dominicana necesita profesores y estudiantes preparados para comprender y afrontar los desafíos del siglo XXI. Esto exige una formación integral que articule los conocimientos científicos y tecnológicos con las humanidades, la conciencia histórica, la identidad cultural, la responsabilidad ética y el compromiso ciudadano.
Esta necesidad resulta particularmente urgente en un país cuya economía descansa en gran medida sobre el sector servicios. La inteligencia artificial, la automatización, la brecha digital, la informalidad laboral y la dependencia de actividades vulnerables obligan a transitar hacia una economía más diversificada, productiva e intensiva en conocimiento. Sin embargo, esa transformación no puede reducir la educación a una capacitación técnica subordinada a las demandas inmediatas del mercado.
Profesores y estudiantes deben estar preparados no solo para utilizar las nuevas tecnologías, sino también para examinar sus efectos sobre el empleo, la privacidad, la desigualdad, la cultura, el medio ambiente y el ejercicio del poder. Educar para el siglo XXI significa desarrollar la capacidad de aprender durante toda la vida, interpretar críticamente la información, crear conocimiento, innovar y comprender las consecuencias humanas de nuestras decisiones.
Por ello, resulta indispensable revisar y replantear la Estrategia Nacional de Desarrollo. No basta con verificar el cumplimiento formal de sus metas: debemos preguntarnos si la concepción de desarrollo que la orienta responde verdaderamente a las necesidades humanas, sociales, culturales, económicas y ambientales de la nación. Su actualización debe redefinir la relación entre educación, modelo productivo, distribución de la riqueza, sostenibilidad, soberanía, cultura y ciudadanía.
Asimismo, es necesario impulsar una política nacional de innovación que fomente el desarrollo y la creación de nuevas tecnologías, fortalezca las industrias culturales y creativas y genere valor agregado a partir de nuestros recursos y productos. El cacao, el café, las frutas y otros bienes agrícolas no deben limitarse a la exportación como materias primas, sino transformarse mediante la investigación, el diseño, la tecnología y el emprendimiento en productos elaborados, competitivos y con identidad dominicana. De igual manera, recursos como el oro y el ámbar deben aprovecharse de manera responsable, sostenible y transparente, promoviendo su transformación en verdaderas joyas, piezas de diseño y expresiones de nuestra cultura, en lugar de exportarlos sin incorporar conocimiento, creatividad ni valor local.
Este proceso debe vincular a las universidades, los centros de investigación, las escuelas, las empresas, las comunidades y los creadores. La innovación no puede ser un privilegio de unos pocos ni reducirse a la importación de tecnologías; debe convertirse en una herramienta para democratizar las oportunidades, fortalecer la soberanía productiva, proteger el medio ambiente y dignificar el trabajo. Las industrias culturales y creativas pueden contribuir decisivamente a este propósito al integrar arte, patrimonio, diseño, comunicación, tecnología y emprendimiento.
El desafío dominicano no consiste solamente en formar trabajadores para una economía de servicios, sino en formar seres humanos capaces de transformarla y ponerla al servicio del bienestar colectivo. La pregunta final no es únicamente qué capacidades requiere el mercado del futuro, sino qué nación deseamos construir y qué profesores, estudiantes y ciudadanos necesitamos para hacerla posible: una nación orientada hacia un desarrollo humano integral, sustentable, soberano y socialmente justo, capaz de convertir sus recursos, su creatividad y su identidad en fuentes de prosperidad compartida.
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