Cada vez que se examina el presupuesto del Ministerio de Cultura de la República Dominicana emerge una paradoja difícil de justificar: es una de las carteras con menor asignación del Estado y, al mismo tiempo, una de las más expuestas al uso discrecional de sus recursos humanos y financieros. Poco dinero para políticas culturales reales, pero amplio margen para compensaciones políticas, manipulación y fabricación de imagen institucional y personal.
Cuando la cultura deja de ser comprendida como política pública y comienza a operar como moneda de cambio, pierde su razón de ser. No porque cultura y política no deban dialogar -ese vínculo es inevitable- sino porque una termina subordinada a la otra. La cultura deja de servir al país y comienza a servir al poder, convertida en instrumento de imagen y legitimación.
En ese proceso, muchos actores políticos dejan de ver la cultura por su valor intrínseco en lo formativo, crítico, identitario y pasan a verla como un recurso utilitario: un escenario para ganar popularidad o proyectar sensibilidad social. Se exhibe al artista, pero no se fortalece al creador; se convoca el acto, pero no se construye la política cultural.
Históricamente, el sector artístico y cultural ha sido tratado como un ámbito secundario dentro del aparato estatal. Esa subvaloración no es inocente: convierte a la cultura en territorio disponible para saldar compromisos partidarios. Cargos para aliados, direcciones para equilibrios internos, nóminas para pagar lealtades. El ministerio no para transformar la vida cultural del país, sino para repartir posiciones y usarla como escudo, maquillaje y utilería del poder.
Pero el problema no se limita a los nombramientos. También alcanza el uso de los fondos públicos. Con frecuencia, las ayudas y proyectos se distribuyen no por mérito, impacto social o calidad artística, sino priorizando a quienes están alineados con el gobierno de turno. La gestión cultural se transforma así en intercambio de favores: apoyo a cambio de silencio, recursos a cambio de adhesión, visibilidad a cambio de obediencia.
Los artistas y gestores quedan atrapados en una contradicción permanente. Necesitan del Estado, pero saben que ese mismo Estado los instrumentaliza.
En un contexto de presupuesto limitado, esta lógica resulta especialmente grave. Cada nombramiento que no responde a un perfil técnico ni a una trayectoria comprobable no es solo una irregularidad administrativa: es una decisión que debilita la capacidad operativa. Personas sin formación específica terminan dirigiendo áreas que requieren conocimiento, experiencia y visión de largo plazo.
La nómina se convierte entonces en el eje real de la gestión cultural. No como instrumento para ejecutar políticas, sino como fin en sí misma. Una nómina sobredimensionada y poco funcional absorbe recursos que deberían destinarse a lo esencial: formación artística, producción cultural, preservación del patrimonio, investigación, circulación de obras y acceso ciudadano.
Cada llamada “botella” no es solo un problema ético. Es un daño concreto: un taller que no se imparte, una gira que no se realiza, una biblioteca que no se equipa, una provincia que queda fuera de la programación. En cultura, el costo del clientelismo no siempre es visible, pero es acumulativo y profundo.
Este modelo erosiona la legitimidad institucional. Cuando el Ministerio de Cultura es percibido como refugio de favores, la política cultural pierde credibilidad y el arte autoridad moral. La cultura deja de ser espacio de pensamiento crítico y se convierte en decoración oficial.
A esta lógica se suma el uso estratégico de los recursos humanos en comunicación. No se trata solo de informar, sino de construir presencia mediática que muchas veces sustituye la acción real por visibilidad administrada. Equipos sobredimensionados producen notas, actos y campañas que multiplican la imagen institucional, aunque el contenido cultural sea débil. La cultura se vuelve relato antes que proceso: más titulares que políticas, más fotografía que programa, más evento para la prensa que trabajo sostenido con los creadores.
La comunicación, que debería acercar la cultura a la ciudadanía, termina funcionando como aparato de incidencia del poder. Recursos que podrían fortalecer programas o investigación se concentran en sostener una narrativa oficial que simula dinamismo mientras esconde precariedad estructural. No se gestiona cultura: se gestiona percepción.
Los artistas y gestores quedan atrapados en una contradicción permanente. Necesitan del Estado, pero saben que ese mismo Estado los instrumentaliza. Se les convoca para actos protocolares, pero rara vez se les integra de manera real en la formulación, decisión y evaluación de las políticas culturales.
La cultura, reducida a botín, se domestica. Pierde su capacidad de incomodar y de cuestionar. Un arte domesticado puede entretener, pero no transforma. Y una democracia sin pensamiento crítico es una democracia frágil.
Romper este ciclo no requiere retórica, sino reglas claras: concursos públicos para cargos técnicos, perfiles definidos, evaluación periódica, transparencia presupuestaria y continuidad institucional más allá de los cambios de gobierno. Administrar con escasez no es paralizar, sino elegir con inteligencia, concentrar la inversión donde produce impacto social y artístico y vigilar cada peso como si fuera una política cultural en sí misma.
Gestionar bien no es solo gastar menos, sino gastar mejor. Y comprender, sobre todo, que la cultura no es un premio de consolación del poder, sino un componente estratégico de la vida democrática.
Mientras la cultura siga siendo tratada como botín político, el país no solo perderá recursos escasos: irá empeñando, día a día, su inteligencia colectiva.
Irá apagando la capacidad de mirarse sin máscaras, de nombrarse sin miedo, de reconocerse en sus propias preguntas.
Y un país que no se piensa con honestidad termina caminando a oscuras, administrando el presente, pero renunciando al porvenir.
Porque sin esa voz, sin esa memoria y sin esa imaginación, ningún proyecto nacional logra sostenerse más allá de la coyuntura del poder.
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