Comparto estas líneas como parte de las reflexiones surgidas en el marco de mis estudios doctorales en Humanidades y Patrimonio Cultural, pero sobre todo con el afán de aportar a un debate urgente en la opinión pública nacional: ¿qué entendemos hoy por patrimonio cultural, ¿quiénes participan en su definición y qué papel corresponden a las comunidades en su salvaguardia?
Esta reflexión cobra un sentido especial al conmemorarse recientemente el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, establecido oficialmente por la UNESCO durante su 42ª Conferencia General en París en noviembre de 2023, fijando el 17 de octubre como fecha emblemática. Esta conmemoración celebra el aniversario de la adopción de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, instrumento jurídico internacional clave al que la República Dominicana se adhirió soberanamente tres años después en 2006 mediante la Resolución No. 209-06 del Congreso Nacional.
Marco conceptual, giros teóricos y las tensiones del debate patrimonial
Durante más de un siglo, el patrimonio estuvo ligado casi exclusivamente a la monumentalidad, a los grandes edificios históricos, yacimientos arqueológicos u obras de arte de valor excepcional, paradigma consagrado en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 (UNESCO, 1972). Sin embargo, con el giro antropológico de finales del siglo XX, la noción de cultura desbordó la piedra y el mortero como dicen mis queridos mexicanos. Para la UNESCO (2003), el patrimonio cultural inmaterial abarca los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, grupos y, en algunos casos, individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, situando la adscripción comunitaria en la raíz misma de la definición.
Desde los estudios culturales latinoamericanos, Néstor García Canclini (1999) analiza el patrimonio desde una perspectiva procesal y crítica, definiéndolo como el espacio de reproducción y disputa de los capitales culturales de una sociedad, donde convergen los usos sociales, los intereses del Estado, el mercado turístico y las estrategias de reproducción identitaria de los sectores populares. Por su parte, la antropología (Prats, 1997) ha dejado claro que el patrimonio no es una cosa estática, sino una práctica cultural y un proceso de activación social que construye una relación dinámica entre el pasado y el presente.
En el ámbito local e internacional, integrando la República Dominicana y otros países del Caribe, este cambio de paradigma ha generado tensiones que para mí son epistemológicas, ya que, sectores de la investigación tradicional y sobre todo del mundo folklórico conservador han mostrado resistencia a asumir el enfoque del patrimonio inmaterial, llegando en algunos debates extremos a satanizar el término patrimonio o la patrimonialización, vinculándolos mecánicamente a lógicas neocoloniales, extractivismo académico o mercantilización institucional.
Como estudioso de la materia a nivel doctoral, y desde el debido respeto hacia todas las corrientes del pensamiento académico, considero que caer en este dogmatismo constituye un extremismo metodológico. Si bien es imprescindible mantener una mirada crítica frente a los riesgos de la mercantilización cultural o la banalización turística, no se puede ignorar que la Convención de 2003 democratizó el campo cultural, descentralizando la autoridad de las élites e institucionalizando los derechos de las comunidades locales a autodefinir, gestionar y proteger su memoria ancestral.
Ecosistema patrimonial e iniciativas en República Dominicana
En la República Dominicana, el paisaje institucional y académico en torno al patrimonio muestra signos significativos de madurez, con iniciativas que superan progresivamente la vieja visión contemplativa. En la estructura estatal, el país cuenta con un Viceministerio de Patrimonio Cultural y un Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial dentro del Ministerio de Cultura, mientras el emblemático Museo del Hombre Dominicano atraviesa un proceso de reestructuración museográfica de vanguardia, integradora y crítica sobre los procesos históricos y la diversidad étnico-cultural dominicana. En este mismo ámbito institucional destaca con fuerza la Dirección General de Mecenazgo, cuyo impacto en el fomento y la canalización de recursos ha dinamizado la gestión cultural, resaltando de manera especial su impulso a los Congresos de Cultura Viva en alianza estratégica con la Fundación Cultural Cofradía, espacio que fortalece la visibilización y articulación de las expresiones vivas directamente en las comunidades.
A este tejido institucional se unen plataformas de investigación y debate científico como el Centro Cultural Banreservas, que desde el año 2022 ha institucionalizado el Congreso de Patrimonio Cultural junto a su revista especializada y fondo editorial, además de haber financiado una capacitación de alto nivel impartida por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-República Dominicana), donde se formaron más de cincuenta gestores, investigadores, docentes, comunicadores, portadores de tradición, funcionarios públicos y líderes comunitarios de diversas provincias del país.
De forma complementaria, la sociedad civil y las organizaciones de base aportan una labor continua en los territorios, donde entidades como el Centro León mantienen programas centrados en la salvaguardia del patrimonio inmaterial, e instituciones como la Fundación Teatro Popular Danzante (FUNTEPOD) y Fundación Cofradía, promueven la formación, transmisión y puesta en valor de los ritmos y danzas patrimoniales en los barrios y comunidades. En el ámbito académico superior, universidades como la Universidad Iberoamericana (UNIBE) han integrado la asignatura de Patrimonio Cultural en diversas carreras de grado y promueven la memoria y la economía creativa mediante plataformas como su Congreso Malla Naranja y su Semana Cultural.
Asignaturas pendientes y desafíos para una política integral de salvaguardia
A pesar de estos valiosos avances, la agenda pública nacional presenta vacíos estructurales urgentes que exigen acción inmediata para articular un verdadero sistema nacional de protección patrimonial. En primer lugar, resulta apremiante el diseño e implementación de programas de formación de alto nivel, especialmente maestrías y posgrados especializados en Patrimonio Cultural en las universidades nacionales, para suplir la marcada falta de profesionales titulados y calificados en la materia dentro de la administración pública y los proyectos comunitarios, sobre todo con fiscalidades de financiamientos para los estudiantes y la contratación de expertos como formadores.
En segundo lugar, se requiere pasar de la mera elaboración de registros pasivos a la formulación e implementación de verdaderas políticas de inventarios participativos y planes integrales de salvaguardia que cuenten con presupuestos específicos e intervenciones territoriales directas. Todo esto debe ser respaldado por una necesaria adecuación y actualización del marco legislativo patrimonial dominicano, coherenciando las fichas de trabajo desde metodologías y técnicas científicas internacionales y priorizando la profesionalización de los recursos humanos que gestionan las políticas públicas desde el más alto cargo hasta la ejecución local.
En el marco de las asignaturas pendientes para la gestión cultural en la República Dominicana, la catalogación patrimonial presenta un rezago estructural crítico y estoy siendo muy modesto al catalogarlo crítico. Creado mediante el Decreto No. 2310 de 1976 para registrar el patrimonio mueble, inmueble e inmaterial de la Nación, el Centro de Inventario de Bienes Culturales (CIBC), padece hoy una inoperatividad y un repliegue funcional que lo han vuelto casi invisible para el propio sector cultural, donde hasta investigadores, gestores y académicos desconocen su existencia. Sin un inventario nacional unificado, actualizado y accesible en plataformas digitales modernas, el país carece de publicaciones periódicas sobre el estado de sus bienes, manteniendo anclada la memoria colectiva en registros obsoletos y descontextualizados de las urgencias y realidades territoriales del país.
Finalmente, el fin supremo de cualquier política patrimonial debe ser colocar en el centro a los hacedores, portadores y sabedores. termino que me gusta usar, aprendido de mis hermanos colombianos, los jefes de cofradías, los tocadores de Salve, artesanos, las comadronas y los transmisores del Gagá, de los Congos, de los Guloyas o del merengue y la bachata, los cocineros, carnavaleros, artesanos, músicos etc. Comprender su quehacer, respetar sus ritmos y rituales ancestrales, proteger sus espacios sagrados y garantizar sus derechos culturales y calidad de vida es la única vía para evitar la descontextualización y la apropiación indebida. Y cierro esta reflexión planteando lo que siempre digo en los espacios donde hago incidencias, el patrimonio no nace de un decreto ni una decretoria institucional, ni vive en los anaqueles de un ministerio; existe en la memoria, en las manos y en la voz de la gente que lo recrea día a día en sus comunidades.
Referencias
García Canclini, N. (1999). Los usos sociales del patrimonio cultural. En E. Aguilar Criado (Ed.), Patrimonio etnológico: Nuevas perspectivas de estudio (pp. 16–33).
Lowenthal, D. (1998). The heritage crusade and the spoils of history. Cambridge University Press.
Prats, L. (1997). Antropología y patrimonio. Editorial Ariel.
UNESCO. (1972). Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UNESCO. (2003). Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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