¿Corrupto y traidor a la patria o chivo expiatorio de un régimen en plena debacle económica?
Es la pregunta que se hacen muchos cubanos tras conocerse la sentencia a Alejandro Gil, exministro de Economía (2018-2024) que lideró la fallida gran reforma aplicada en los últimos años para tratar de sacar a flote al país.
Gil, de 61 años, fue condenado este lunes a cadena perpetua por espionaje, cohecho y "actos en perjuicio de la actividad económica", entre otros delitos.
El Tribunal Supremo Popular de La Habana también le impuso 20 años de prisión adicionales y ordenó la confiscación de sus bienes.
La sentencia, que no especifica los actos ilícitos concretos cometidos por el exministro ni las evidencias tras el fallo en su contra, culmina un juicio cargado de secretismo que deja muchas interrogantes.
Llama la atención la excepcional dureza de la condena a Gil, que era el zar de la economía de la isla y una de las principales figuras del gobierno de Miguel Díaz-Canel hasta caer en desgracia hace algo menos de dos años.
¿Traidor o chivo expiatorio?
El juicio contra Gil comenzó el pasado 31 de octubre, más de un año después de que en febrero de 2024 el propio presidente Díaz-Canel lo destituyera como ministro de Economía y Planificación.
El proceso se ha desarrollado de forma tan rápida como secreta, sin que el público o medios independientes pudieran acceder a las audiencias donde se cotejaron las pruebas, se escucharon los testimonios y se formularon los alegatos de las partes.
Tras dos vistas orales a puerta cerrada en noviembre, en las que Gil fue llamado a declarar, el Tribunal Supremo Popular dictó una doble sentencia.
En el primer caso, el tribunal lo condenó a cadena perpetua por espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o la contratación, cohecho, sustracción y daño de documentos en custodia oficial, violación de sellos oficiales e infracción continuada de normas para la protección de documentos clasificados.
En el segundo, fue condenado a 20 años de prisión por cohecho continuado utilizado como medio para la falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal.
El máximo tribunal también ordenó la confiscación de sus bienes, la prohibición de ejercer funciones vinculadas a la administración de recursos y la privación de derechos públicos.
El fallo recoge que "mediante un actuar corrupto y simulador", el exministro "se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes".
También asegura que "engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía", además de poner información oficial clasificada "a disposición de los servicios del enemigo", sin especificar detalles.
Según la sentencia, sus acciones implican "traición a la Patria", considerado "el más grave de los crímenes", así como una "degradación ética, moral y política"
Ni el alto tribunal ni las autoridades cubanas han especificado, sin embargo, cuáles fueron los beneficios personales que Gil obtuvo, de qué firmas extranjeras, a quién sobornó, qué información clasificada manejó o a qué "enemigo" del Estado cubano se la facilitó.
Esto ha llevado a expertos, así como a familiares del condenado y usuarios de redes sociales, a señalar que la dura sentencia oculta motivos desconocidos -como pugnas o rencillas internas en la élite del régimen cubano- o que simplemente lo están usando como un chivo expiatorio sobre el que cargar las culpas de la desastrosa situación económica que atraviesa el país.
"Me parece increíble que priven al pueblo del derecho absoluto que le asiste de conocer las interioridades de un juicio que se sigue por delitos económicos, por corrupción, por lavado de activos o por tráfico de influencias, entre otros delitos", criticó María Victoria Gil, jurista residente en España y hermana de Alejandro Gil, al medio Martí Noticias, con sede en Miami.
Alejandro Gil y la economía de Cuba
Nacido en 1964, Alejandro Gil integra la primera generación que no vivió la Revolución de 1959 que llevó a Fidel Castro al poder, y a la que también pertenece el presidente Díaz-Canel.
Graduado de Ingeniería en Explotación del Transporte, Gil protagonizó una ascendente carrera en los órganos decisorios del gobierno y el Partido Comunista (PCC, único legal) que culminaron en su nombramiento como ministro de Economía y Planificación en 2018.
Por entonces se lo consideraba mano derecha del presidente, y sobre él recayó la responsabilidad de reflotar una economía en situación de crisis permanente, agravada desde 2020 por los efectos de la pandemia y la intensificación de las sanciones financieras y comerciales de EE.UU.
Gil fue el arquitecto de la llamada Tarea Ordenamiento, concebida como una reforma estructural de la economía cubana que comenzó el 1 de enero de 2021 con la unificación monetaria y cambiaria que eliminó el peso convertible o CUC, poniendo fin al sistema de doble moneda que funcionaba en el país desde 1994.
En paralelo, se estableció un tipo de cambio fijo del peso cubano (CUP) con el dólar, se reajustaron salarios y pensiones al alza y se eliminaron o redujeron subsidios estatales considerados excesivos con la intención de reequilibrar la estructura de costos y precios.
Esto, sin embargo, provocó una dolarización de facto de la economía de Cuba, donde la moneda local ha perdido en menos de cinco años casi un 95% de su valor, de 24 CUP por dólar según el primer cambio oficial hasta más de 440 en la calle a día de hoy.
Si bien se desconoce hasta qué punto se puede atribuir a las políticas de Gil -la economía cubana ya estaba en caída libre antes de su reforma- lo cierto es que la crisis se ha agravado en los últimos años hasta alcanzar una situación extrema.
El PIB del país se desplomó un 12% entre 2019 y 2024 según datos oficiales, aunque expertos creen que la cifra real es aún más catastrófica, y este año se espera una nueva contracción.
Las arcas del Estado se encuentran en bancarrota, con una deuda externa que supera los US$40.000 millones, según estimaciones, lo que ahuyenta inversiones extranjeras o nuevos préstamos, incluso de sus más recientes aliados Rusia, China o Irán.
Esta coyuntura se une a la inflación persistente, la caída de recursos fiscales y una cada vez más grave escasez de combustible.
En este contexto tuvo lugar el mayor éxodo migratorio de la historia de Cuba, que entre 2021 y 2024 pasó de más de 11 millones de habitantes a 9,7 millones según cifras oficiales, aunque un estudio más reciente del reconocido demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos sitúa la población actual en unos 8 millones.
Los cubanos que aún permanecen en la isla padecen serias dificultades para conseguir alimentos, constantes cortes eléctricos -en muchos casos pasan la mayor parte del día sin luz- y ahora también una epidemia de virus transmitidos por mosquitos que el sistema de salud, maltrecho y falto de recursos, es incapaz de controlar.
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