Quien gane las elecciones presidenciales en Honduras este domingo tendrá el desafío de liderar el país más pobre de toda América Latina, con excepción de Haití.
Sea la victoria del oficialismo de izquierda con Rixi Moncada, de Salvador Nasralla —expresentador que ha transitado por diversos partidos, incluido el de la presidenta Xiomara Castro—, o de la oposición de derecha liderada por Nasry Asfura, la pobreza persistente seguirá siendo una de las grandes heridas abiertas de la nación centroamericana.
El nuevo gobierno tendrá que responder a las expectativas de un país donde un 60,1% de los hogares vive en condiciones de pobreza y cuya historia ha estado marcada por el crimen organizado, la violencia política y la corrupción.
Un caso emblemático de la fragilidad institucional del país es el del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por un tribunal de Estados Unidos en junio del año pasado a 45 años de prisión por delitos vinculados con el tráfico de cocaína.
En una sociedad permeada por escándalos de corrupción a los más altos niveles, observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) han manifestado su preocupación en los últimos días por la independencia del proceso electoral que se avecina.
En este contexto, los casi 11 millones de hondureños seguirán enfrentándose a las duras condiciones de vida que en los últimos años fueron agudizadas por la pandemia, una crisis económica global y dos huracanes que arrasaron pueblos enteros en noviembre de 2020.
Con el fin de las multitudinarias caravanas de migrantes que viajaban desde su país y el resto de Centroamérica hacia Estados Unidos, muchos hondureños han tenido que dejar de lado los planes de construir una vida en otro lugar y abocarse al desafío de buscar la manera de subsistir en su tierra natal trabajando en la producción de café, el banano, el aceite de palma, las prendas de vestir, o el comercio informal.
Muchos hogares siguen dependiendo de las remesas que le envían sus familiares desde el extranjero, las cuales constituyen cerca de un cuarto del Producto Interno Bruto del País (PIB).
Si no fuera por las remesas, la pobreza en Honduras sería aún mucho mayor, explica Sergio Zepeda, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.
Un país históricamente golpeado por la pobreza
En los últimos 15 años, el nivel de pobreza promedio de Honduras fue de un 63,8%, de acuerdo a los cálculos del IIES, utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE), y estimaciones propias para el año 2000 y el 2022, ante la carencia de información oficial.
Como lo muestra el siguiente gráfico, la pobreza aumentó mínimamente desde su nivel antes de la pandemia comparado con su nivel actual. Pasó de un 59,9% a un 60,1%.
Debido a que la pandemia provocó una catástrofe económica a nivel mundial y elevó la pobreza de forma exhorbitante en 2020 y 2021, los expertos internacionales suelen comparar la pobreza y el crecimiento económico actual con los de 2019 (antes de la pandemia) para evitar distorsiones al observar la evolución en los últimos años o las últimas décadas.
Como ocurre en la mayoría de los países, la pobreza se convierte en un tema extremadamente sensible en época de elecciones.
En medio del fragor de la batalla electoral hondureña, el gobierno de Xiomara Castro ha celebrado un importante triunfo social: la pobreza bajó 13,5% y la extrema pobreza 15,4%.
Según los datos del INE, la información es correcta, aunque vale la pena mencionar que se comparó la situación actual con el 2021, el año en que la pobreza se había disparado a niveles históricos, afectando a un 73,6% de la población hondureña, tras los embates de la crisis sanitaria y los estragos causados por los huracanes Eta e Iota que dejaron cientos de miles de damnificados y desplazados.
Una de las claves para entender por qué Honduras es tan pobre es que se trata de una nación "vulnerable a todo tipo de choques", algunos de los cuales nada tienen que ver con lo que está pasando en el país, dice José Antonio Cuesta, economista principal del Banco Mundial y profesor adjunto de la Universidad de Georgetown.
La economía hondureña se resiente cuando, por ejemplo, la guerra en Ucrania afecta los precios del petróleo, cuando hay problemas en Estados Unidos y disminuyen las remesas, o cuando hay cambios en China y baja su demanda por materias primas.
Pero además, Honduras es vulnerable a los choques medioambientales, incluso más que otros países centroamericanos, explica Cuesta en diálogo con BBC Mundo, como ocurrió con los huracanes de 2020 o el huracán Mitch de 1998.
De hecho, es el país más vulnerable al cambio climático de América Latina, sólo superado por Haití, apunta el economista. Y, por otro lado, Honduras está expuesto a los denominados "choques sociales" que se reflejan en los bajos niveles de confianza en las instituciones del país y entre las personas. También está entre las naciones con mayores índices de corrupción a nivel mundial.
Es un país, agrega, con dificultades para diversificar su economía y atraer inversión extranjera, con muy bajos niveles educativos y cuyos problemas de inseguridad alimentaria afectan a más de la mitad de la población.
Si bien la economía hondureña ha tenido un crecimiento económico moderado en los últimos años, Cuesta dice que su evolución no ha sido sostenida. Si construyes una casa, argumenta, tienes que poner la base primero y luego ladrillos todos los días. En Honduras, en cambio, "no se ponen los ladrillos todos los días. Un día se ponen, otro día se quitan, y entonces es muy difícil sostener un crecimiento en el largo plazo".
Con un nivel de pobreza superior al 60% y un nivel de pobreza extrema de casi 40%, la situación, señala el economista, "es muy preocupante" porque el país ha sido incapaz de reducir la pobreza de forma sostenida.
El más pobre de la región
Eso se refleja en que Honduras continúa siendo el país más pobre de América Latina (con excepción de Haití), según el último informe del Banco Mundial titulado Actualización sobre pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe, y que fue publicado en octubre.
El Banco Mundial utiliza su propia metodología para comparar la pobreza entre distintos países, tomando en cuenta la Paridad de Poder Adquisitivo, como lo muestra este gráfico.
Si en América Latina las estimaciones apuntan a que la mitad de la población trabaja en la informalidad (es decir, no tiene contrato, ni protección social de ningún tipo y vive de lo que puede conseguir en el día), en Honduras cerca del 70% de las personas vive de esa manera.
Como pocos estudiantes terminan la educación secundaria o van a la universidad, tampoco el país cuenta con una fuerza laboral preparada para impulsar su desarrollo económico. Muchas empresas no están registradas ni tienen acceso al crédito, mientras la inversión -tanto extranjera como nacional en sectores productivos que generen empleo-, ha venido cayendo.
Algunas de las barreras para aumentar la inversión y combatir la pobreza, dicen los empresarios, son la inseguridad jurídica, la corrupción y la seguridad ciudadana.
"Tenemos un estado de derecho débil", le dice a BBC Mundo Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). "Hay que hacer cumplir las leyes".
La economía ha crecido a una tasa promedio del 3,6% en los últimos 15 años, según cálculos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), en base a los datos del Banco Central.
Dejando de lado el shock pandémico, expertos lo consideran moderado para las condiciones de Honduras.
El problema, argumenta el economista Sergio Zepeda, es que una parte importante de ese crecimiento no ha generado una mejora sustancial de los sectores productivos.
Ese crecimiento, "no se ha traducido en un efecto real para el bienestar de la población hondureña", sostiene el investigador. "No se han generado las condiciones suficientes para que la población pueda gozar de un mejor nivel de vida".
Sin duda, agrega, el país necesita más inversiones y más empleos de calidad, como también un claro enfoque en las políticas sociales para que los beneficios lleguen a las familias más vulnerables. Pero todo eso requiere que el país baje los índices de corrupción, explica Zepeda.
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